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Desde Patria Grande celebraron el impulso a la ley de alquileres

El Eco

El pasado viernes el presidente Mauricio Macri exhortó al Congreso a cumplir con el tratamiento de un nuevo proyecto sobre la ley de alquileres para “darles a los inquilinos soluciones concretas”. El pedido llegó luego de una serie de anuncios sobre el Plan Nacional de Vivienda en el que el jefe de Estado oficializó el tope al aumento de la cuota de los créditos UVA y el relanzamiento del plan Procrear con exenciones impositivas para los constructores.

Los ejes centrales de la iniciativa del gobierno apuntan a la extensión de los contratos a tres años como propone el proyecto del Senado y que los alquileres se actualicen cada seis meses en base a un promedio de salarios e inflación. Además, prevé el uso de garantías bancarias para quienes no tengan una propiedad como respaldo y que el pago de la comisión inmobiliaria sea realizado por el locador.

En ese marco, Juan Arrizabalaga sostuvo que el anuncio fue recibido con gran expectativa y señaló que “es una conquista importantísima de los inquilinos” que a través de distintas asociaciones se han nucleado en defensa de un pago justo en este tipo de relaciones contractuales. “Creemos que es un cambio sustancial porque este avance permite que la Cámara de Diputados de tratamiento a la ley que obtuvo en 2017 media sanción en el Senado”, destacó.

En relación a los puntos que imprime la nueva normativa, Arrizabalaga sostuvo que la medida “toma la reivindicación que llevaron adelante desde la Federación Nacional de Inquilinos”. La declaración se desprende luego de conocerse un relevamiento realizado en agosto por la federación, que difundió datos respecto al monto que desembolsan los inquilinos para hacer frente al abono mensual y que determinó que una familia destina en promedio el 45% de su salario en el pago de un alquiler, excluyendo expensas, impuestos y servicios.

“Hoy no hay regulación de precios y el sector inmobiliario ha puesto sus propias reglas en dónde, en la mayoría de los casos, los valores han sido superior a la inflación o bajo parámetros en los que los inquilinos quedan fuera claramente de toda negociación “, aseguró Arrizabalaga.

El referente partidario hizo especial hincapié en el ítem de la nueva ley que promueve la extensión del contrato para vivienda que pasará de dos a tres años, ya que esta modalidad permite que en seis años, el inquilino pueda descontar uno de los contratos.

Arrizabalaga explicó que otro de los puntos centrales que impulsa la norma es la flexibilización de las garantías debido a que según estipula la nueva disposición, se podrá presentar el recibo de sueldo a nivel nacional como documento respaldatorio ante una futura relación contractual. En este sentido destacó la importancia del trabajo que se viene consensuando junto al ejecutivo local en relación a la creación de un fondo de garantías municipal.

“Es fundamental el trabajo que se está llevando adelante junto al concejal Mario Civallieri porque a partir de la creación de este fondo, tendremos un instrumento público que permite hacer innecesario dos cosas; por un lado la presentación de garantía propietaria y por otro, el mes de depósito que es lo que más cuesta al momento del inicio de un contrato”, puntualizó.

“Debemos trabajar para facilitar la posición del inquilino”, enfatizó Arrizabalaga al informar que además de la serie de trámites que se llevan adelante en una negociación se requiere aún hoy, garantía propietaria al momento de solicitar el servicio de energía eléctrica para ingresar a una vivienda. “Las reglas para alquilar deben ser claras porque esto determinará un nuevo camino hacia una política habitacional”, remarcó

Respecto a la cantidad de inquilinos en la ciudad, informó que existen actualmente un 25 por ciento de hogares en situación de alquiler y que un 65 por ciento de estos contratos, se realizan mediante operación inmobiliaria. En este sentido, la nueva ley reglamenta que a partir de la sanción de la normativa, todos los convenios quedarán transparentados tras la registración en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Desde el Movimiento Patria Grande se encuentran abocados a la presentación de dos propuestas en el marco de la creación del fondo de garantías municipal que se prevé pueda formar parte de la agenda legislativa local hacia fin de año. Por un lado, la declaración de la emergencia social en alquileres y por otro, la política de flexibilidad para los estudiantes universitarios que generan unos dos mil contratos de alquileres anualmente.

 

Nota proporcionada por :

  • ElEcodeTandil

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