El Concejo aprobó la ordenanza de condominios, y la emergencia en transporte salió con cambios

En una sesión que empezó musicalizada por el sonido de las sirenas de los bomberos voluntarios de Vela y Gardey reclamando por fondos adeudados por Nación, y en la que no faltaron los cruces entre los bloques, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza de condominios (por unanimidad), y la emergencia del transporte público de pasajeros. Esta última iniciativa salió por mayoría y con una modificación: no incluyó la creación de una mesa para abordar el tema.

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Además, hubo una novedad: Fuerza Patria anunció que presentó un proyecto para solicitar frenar las incorporaciones –el trámite para sumar una obra no contemplada en los planos originales- en la Zona Natural Protegida Sierras de Tandil.

Por otra parte también se aprobó el traslado del avión Mirage de la Plaza 2 de Abril a otra área del mismo lugar. Fue una iniciativa de la que participó el Centro de Veteranos de Malvinas. Y también en el marco de la sesión fueron reconocidas las integrantes de la Biblioteca de las Mujeres.

Pero gran parte de la sesión se la llevó un debate político a raíz de un proyecto que ingresó sobre tablas: un pedido al gobierno nacional para otorgue a los bomberos voluntarios de Vela y Gardey los subsidios adeudados. El visto bueno a la propuesta implicó más de una hora y media de intercambios y hasta un cuarto intermedio para que los integrantes del bloque de Acción Tandilense – La Libertad Avanza leyeran la resolución.

Emergencia, pero sin mesa

Tras un debate de meses, el Concejo Deliberante aprobó el proyecto de Fuerza Patria a partir del cual se declaró la emergencia en el transporte público de pasajeros de Tandil.

La iniciativa tendrá una vigencia de 12 meses, y otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo para readecuar frecuencias, horarios y recorridos, otorgar compensaciones económicas, reasignar partidas presupuestarias y brindar asistencia financiera, aplicar reorganizaciones operativas y administrativas y adecuar las tarifas del servicio.

La ordenanza resultó aprobada con los votos afirmativos de Fuerza Patria, UCR y Hechos. Pero fue con una modificación tras una votación en particular a pedido de la UCR: quedaron afuera de la ordenanza final los artículos que establecían la creación de una mesa para abordar el tema. El argumento de los bloques que votaron en contra sobre ese asunto fue que el ámbito de debate ya existe en la Comisión de Transporte del Concejo.

El primero en tomar la palabra fue Marcelo Valle, concejal de Fuerza Patria, quien repasó el recorrido del proyecto. En el plano político consideró que  los aportes del Ejecutivo no son destinados a la sustentabilidad del sistema de transporte sino al usuario, y marcó sus críticas al bloque de Acción Tandilense – La Libertad Avanza en relación al aval a la política del Estado nacional.

“Esto es para darles herramientas al Ejecutivo para que el transporte público de pasajeros pueda salir adelante, los usuarios puedan tener un mejor servicio, los trabajadores mejores condiciones. Es necesario seguir trabajando e insistiendo. La Provincia tiene que seguir mejorando subsidios y hay que reclamarle a Nación”, sostuvo Valle. El concejal hizo énfasis en señalar que la crisis del transporte público se resuelve con un Estado presente.

Desde el bloque Acción Tandilense – La Libertad Avanza, la concejal Luján Fiego (presidenta de la comisión de transporte), adelantó el voto negativo y planteó la diferencia con respecto a crear una mesa de trabajo. Además, consideró que “cuidar a los usuarios es algo tan sencillo como señalar cuáles son las unidades que tienen accesibilidad con dificultades motrices, y que por lo menos podamos saber en qué horario pasan”.

En el mismo sentido planteó que con el Ejecutivo “no hemos logrado discutir nada que no sea la tarifa”, y reiteró su pedido para poner en consideración el pliego de transporte local.

Marcos Nicolini (Hechos – Alternativa Tandil), tomó la palabra para señalar que el solicitar la revisión del pliego significa asumir que existe una crisis, “porque quiere decir que con las condiciones actuales el contrato no puede funcionar”.

Juan Salceda (UCR) consideró que aun con “circunstancias de arrasrte”, la política del gobierno nacional han sido las responsables de la crisis actual del sistema de transporte, una situación que además excede a la ciudad.

“Esta crisis está atada a un programa económico, que saca subsidios, saca atributos federales, desregula combustible, saca impuesto del combustible para que cierren los números. Esta cuestión empeora el transporte, como otras”, planteó.

En los meses de debate transcurridos desde que se presentó el proyecto de emergencia, indicó, “no se encontró un punto en común porque La Libertad Avanza no considera que haya una crisis, niega el problema”. En el mismo sentido manifestó su “vergüenza” por escuchar un pedido para rediscutir el pliego, cuando “no nos ponemos de acuerdo en el costo del boleto, ¿Consideran que no habiendo podido encontrar una matemática común podemos rediscutir el pliego? ¿Eso es lo que tienen para decirle a la gente?”.

Para controlar estafas por condominios

Por unanimidad, el Concejo aprobó también el proyecto conocido como la ordenanza de condominios. Se trata de una iniciativa de Fuerza Patria (con aportes de otros bloques) pensada para brindar al Ejecutivo de herramientas que le permitan fortalecer los controles a estafas mediante la venta de lotes bajo la modalidad condominio en la Zona Protegida.

Como se informó con anterioridad la sanción del proyecto establece que los oferentes de lotes deberán presentar una declaración jurada para manifestar conocimiento de la normativa vigente, mientras que el gobierno local deberá emitir un Certificado de Situación Urbanística a partir del cual los posibles compradores conocerán con certeza las posibilidades de construcción en el lugar a adquirir.

Por otra parte las ofertas deberán contar con un cartel en el cual se lea de manera clara que “la presente operación se realiza bajo régimen de condominio”. Además se establecen multas y la posible suspensión de obras o la demolición de las mismas. Pero la ordenanza también determina que las sanciones sean abonadas y a cargo tanto de los titulares de os dominios como los desarrolladores, inmobiliarias y agentes publicitarios intervinientes.

Quien tomó la palabra fue el concejal Rogelio Iparraguirre, principal impulsor del proyecto. Resumió el recorrido del mismo, y aseguró que no se trata de una “solución mágica” sino de una herramienta que se aporta al Ejecutivo.

“La ordenanza busca regular esto que detectamos como un problema, y es dotar al gobierno de una herramienta que no tenía, para mejorar su poder de contralor”, describió Iparraguirre. El concejal hizo mención a la existencia de unos 50 lotes ofrecidos de manera posiblemente ilegal en Zona Protegida. “Esto es un desastre”, consideró, para marcar luego que existe un “modus operandi” de una serie de grupos que repiten la modalidad. 

“¿Qué está esperando Lunghi para radicar una denuncia en la Justicia? Hasta donde sabemos, hacen una notificación en el Juzgado de Faltas. Pero esto ya es para creer que no estamos frente a una contravención, sino a un delito que se está cometiendo contra Tandil”, sostuvo.

Quien le contestó fue Juan Salceda, considerando que “un Iparraguirre cosecha 2011, mezcla temas y omite lo que le conviene”, y a quien llamó a que se baje del “caballo blanco de protector de las sierras”. Además, manifestó que “la denuncia penal la puede hacer el concejal Iparraguirre también”.

Sin embargo, el bloque acompañó la iniciativa y al respecto señaló que “va a salir una herramienta de la cual tenemos dudas sobre su aplicación real”.

Federico Sánchez Chopa –de Acción Tandilense – La Libertad Avanza-, sostuvo que el bloque de la UCR no aportó “ni una coma” al proyecto aprobado, y puso el foco en la falta de control de parte del Ejecutivo municipal para con las denuncias sobre loteos ilegales. “Lo del portón de calle Israel dijeron que hicieron una inspección en junio de 2026 y la denuncia está hecha desde el 2024”, indicó.

También consideró que “hay escribanos, hay inmobiliarias que conocen esta situación y aprovechan de que la gente quiere tener su terreno propio”.

Por su parte Marcos Nicolini expresó que colaboraron con el proyecto, y sostuvo que “se le está dando una herramienta útil al Ejecutivo para poder controlar mejor la Zona Protegida y la ciudad en general. El control ahora puede hacerse con nueva tecnología, y el Ejecutivo puede hacerlo”.

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El Eco de Tandil

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