Referentes de la economía popular realizaron una asamblea en el centro de la ciudad para exponer la "insostenible" realidad que atraviesan sus dispositivos territoriales. Expusieron las consecuencias que genera la eliminación del salario complementario y reclamaron por la falta de transferencia de recursos por parte del Gobierno nacional, específicamente desde la Sedronar. La movilización puso de manifiesto la preocupación de más de 200 trabajadores locales que ven amenazada su fuente laboral.

La referente del MTE en Tandil, Valeska Galaz, refirió a una política nacional que busca, según su visión, desarticular a las organizaciones sociales. Galaz puso el foco en la degradación del anteriormente denominado salario social complementario, un derecho que las organizaciones conquistaron años atrás. "Esta quita de derechos no solamente impacta económicamente, sino también al desarme y la desarticulación de las organizaciones sociales que son las que sostienen las redes en los barrios durante las crisis", afirmó.

Advirtió que el monto de dicho ingreso quedó estancado en 78.000 pesos mensuales, una cifra que no alcanza a cubrir una semana de necesidades básicas. Para Galaz, esta política empujó a la mayoría de los trabajadores de la economía popular a buscar múltiples empleos informales para subsistir. Además, cuestionó la reciente reforma laboral y las medidas del Gobierno nacional, señalando que el presupuesto destinado a estos programas apenas representaba el cero coma uno por ciento del PBI.

En Tandil, la problemática afecta a una red de aproximadamente 200 personas, entre trabajadores de cooperativas, feriantes y profesionales de diversas ramas. Galaz remarcó que la clase trabajadora es la que motoriza la economía y lamentó que sean siempre los mismos sectores quienes paguen los costos de las crisis sociales.

La situación de los feriantes

Galaz denunció que el municipio de Tandil impidió al sector trabajar en la plaza San Martín, ubicada en la zona céntrica. Según la referente, el Ejecutivo local utilizó "excusas sin fundamento", como la reventa o la cercanía con otras ferias, para desplazar a más de 100 familias que dependen de las ventas durante el pico turístico de la ciudad.

"Consideramos que son políticas de facturación que tiene este municipio para con el sector", disparó Galaz. Según detalló, el costo para acceder a un puesto en las ferias habilitadas por la comuna asciende a 120.000 pesos por los cuatro días. "Huele a persecución, huele a desarme y desintegración de un sector que pretende organizarse por sus propios medios", agregó la referente.

A pocos días del inicio de Semana Santa, el panorama para los trabajadores del espacio público es desolador. A pesar de haber solicitado permisos para reubicarse en otros puntos de la ciudad, los feriantes aseguraron que todas sus presentaciones fueron rechazadas por la administración municipal. Galaz indicó que, mientras tanto, el municipio intentó convocar a los trabajadores de forma individual para desarticular la organización colectiva.

Ante este escenario, para el próximo sábado se programó un nuevo encuentro en la plaza San Martín para definir las acciones a seguir. "Si la asamblea decide manifestarse frente a esta situación, acompañaremos. Es lo que el sector decida porque esa es nuestra forma de construcción", concluyó Galaz.

El desfinanciamiento de la Sedronar

Gabriela Badenas, referente de Vientos de Libertad, explicó que la institución padece una deuda que alcanzó los cinco meses de recursos no transferidos. Esta situación, según precisó, tornó inviable tanto el pago de sueldos para los equipos profesionales y de acompañamiento diario, como el mantenimiento básico de las casas convivenciales y centros barriales.

La organización cuenta con un alcance federal que incluye 13 casas convivenciales en todo el país —con poblaciones de entre 20 y 70 personas cada una— y más de 89 centros barriales donde se realizan tratamientos ambulatorios.

La referente detalló que "impacta en todo el arco de Vientos de Libertad, desde los sueldos para profesionales hasta el sostenimiento de alimentación, educación, transporte y la vida diaria de, en el caso de nuestra casa en Tandil, 20 compañeros que están atravesando su proceso de recuperación". A pesar de la magnitud de la deuda, la institución no interrumpió sus actividades gracias a un fondo de reserva, aunque advirtieron que esa capacidad llegó a su límite.

"Cuando hay crisis lo que más crece, lamentablemente, son las problemáticas de consumo y lo que menos necesitamos es que el Estado deje de acompañar estos procesos que nosotros estamos llevando adelante", manifestó. Los dispositivos afectados forman parte de la red oficial de la Sedronar bajo resoluciones vigentes de casas convivenciales, pero la falta de interlocución directa con las autoridades nacionales generó un clima de incertidumbre total respecto al futuro de los tratamientos.

La situación se agravó por la falta de respuestas institucionales. Hasta la semana pasada, según confirmó la referente, no existió un contacto directo que permitiera establecer una perspectiva de cobro o un cronograma de pagos. "Es una incógnita el futuro", sentenció Badenas, resaltando que la continuidad de los procesos terapéuticos de los compañeros que hoy atraviesan problemáticas de consumo corre un riesgo real si no se regularizan los depósitos correspondientes.

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