El MTE seguirá adelante con el mejoramiento de viviendas y evidenció las falencias estructurales en los barrios
La primera etapa del programa completó la refacción de 12 casas en La Movediza y, tras la pandemia, la Cooperativa de Construcción esperan poder avanzar con las 13 restantes antes de fin de año. La organización de la economía popular puso de manifiesto la creciente demanda de acondicionamiento habitacional que emerge en la ciudad. Objetaron la falta de articulación con el Municipio para desarrollar políticas públicas que resuelvan las cuestiones estructurales más acuciantes.
Con el objetivo de garantizar condiciones dignas de hábitat para las familias de los barrios más postergados de la ciudad y de generar fuentes de trabajo, la Cooperativa de Construcción del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) lleva adelante una tarea de mejoramiento de viviendas en el barrio La Movediza a través del trabajo mancomunado, autogestivo y con recursos económicos provistos por el Programa de Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad (MCH), dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.
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El plan comprende un universo de 25 viviendas censadas por el Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares) ubicadas en las manzanas emplazadas en Los Tulipanes al 2200, entre Piccirilli y Alvarado. Con un presupuesto de 4,5 millones de pesos a razón de 390 mil pesos por vivienda, la primera etapa concluyó el año pasado con la refacción y ampliación de 12 casas. A la segunda parte, en suspenso por la pandemia de coronavirus, esperan poder encararla antes de fin de año e iniciar las tareas en las 13 unidades restantes.
Natalia Draghi, coordinadora de la Cooperativa de Construcción del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos), conversó con El Eco de Tandil y señaló que “caminás en La Movediza y te das cuenta que las viviendas de los barrios populares no tienen servicios básicos, son de planchones, de chapa, no tienen revestimientos, ni aberturas ni ventilación natural. Vivir en una casa no garantiza que sea habitable”.
Calidad de las viviendas en Tandil
Según la Encuesta de Hogares y Empleo Municipal (EHE-M), que releva datos acerca de las características socioeconómicas de la población, en el Municipio de Tandil hay 51.325 hogares. Siguiendo los números de la encuesta, con respecto a la situación habitacional, el 60,6 por ciento de las personas que viven en Tandil son dueños de su vivienda, mientras que el 27,9 por ciento alquila.
Del informe se desprende que el 92 por ciento de las viviendas corresponde a la categoría 1 de calidad de materiales de la construcción, es decir, presentan materiales sólidos y resistentes en pisos interiores, paredes y techo. El 7 por ciento siguiente presenta alguna deficiencia en una de las tres dimensiones evaluadas, y algo menos del 1 por ciento (alrededor de 500 casas) registra deficiencias en dos de ellas. La categoría 4, que representa a las viviendas que no cumplen con ninguno de los requisitos de calidad de materiales de la construcción asciende a 0,1 por ciento del total (50 casas), siendo que en 2018 no hubo ninguna vivienda que pertenezca a esta categoría.
La realidad pareciera contrarrestar estas cifras, porque es frecuente observar cómo, en los barrios de la periferia, proliferan las viviendas a base de chapa, planchones, silobolsa y piso de tierra, y todo indicaría que el número es superior a lo consignado en el informe estadístico, que toma apenas una muestra para efectuar los análisis pertinentes, pero no terminaría siendo representativo de la realidad de muchos sectores. Incluso, desde el espacio se mostraron renuentes a aceptar esos magros números porque en su experiencia, la realidad es mucho más desbordante.
Barrios populares
El relevamiento que hizo en 2016 el Renabap, contabilizó 825 viviendas de estas características en la ciudad, distribuidas en los barrios/asentamientos La Esperanza (Basilico y Casacuberta), Darío Santillán, Villa Cordobita, Villa Gaucho, La Unión, Villa Aguirre, Las Tunitas, La Movediza 1 y 2, y Villa Laza. De acuerdo al crecimiento poblacional, la cifra, cuatro años después, podría ser mayor. En esas 825 casas, faltaban al menos dos servicios básicos: pavimento, cloacas, agua potables, tendido eléctrico o extensión de la red de gas natural, y se relevaron altos índices de precariedad.
“El relevamiento del Renabap no fue reconocido hasta este año por el Municipio, nosotros peleamos por eso y para que haya políticas públicas hasta ahora inexistentes”, sostuvo por su parte Daniel Fernández, referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
El joven explicó que hay una negativa constante por parte de la administración comunal a ofrecer soluciones permanentes a los problemas estructurales que se presentan en los segmentos populares. En este sentido, cuestionó que “no mejoran las viviendas actuales, no hacen nuevas casas, negaron el Renabap, ahora dicen que existe, hay una cáscara para mostrar que se hacen cosas que en realidad no, y a las organizaciones que están en los barrios no les dan asidero”.
En tanto, desde la UTEP presentaron una idea para, en medio de la coyuntura actual, mejorar viviendas y generar trabajo, pero las autoridades pusieron palos en la rueda por el tema de las licitaciones, el presupuesto y los tiempos. De este modo pensaban ofrecer un paliativo a la complicada situación habitacional local que se acentuó durante el aislamiento.
“La UTEP pensó en hacer mejoras aunque sea pequeñas en los barrios, destinando fondos municipales que pueden resolver resolver la parálisis de la cuarentena y la cuestión habitacional. Hace más de dos años, en ese entonces la CTEP, presentó un proyecto de ordenanza para que el 25 por ciento de las obras públicas y licitaciones se canalicen a través de las cooperativas”, recordó, pero la iniciativa cayó en saco roto y el gobierno comunal esgrimió que esto se iba a operatividad a través de cada cooperativa.
Un Municipio que mira para otro lado
El afán de articular a los trabajadores de la economía popular con el Ejecutivo municipal y a partir de ahí generar respuestas a diversas demandas poblacionales, es una premisa que todavía hoy resulta esquiva. Al respecto, Fernández expresó que “no se reconoce a la economía popular ni ninguna una propuesta que potencie al sector y ataque el problema”.
En este punto, reseñaron el emblemático caso de La Movediza, que recién en marzo consiguió, gracias a un amparo de la Defensoría del Pueblo y un fallo judicial, que la comuna les proveyera de agua potable a través de la instalación a su cargo de un tanque de mil litros cada dos familias, y que se promuevan las gestiones ante el gobierno provincial y/o nacional para que colaboren en forma técnica y/presupuestaria en la ejecución de las obras que puedan finalmente dotar de este servicio básico a los vecinos del lugar. “El Municipio siempre quiere mirar para otro lado”, enfatizó.
Por su lado, Draghi afirmó que no se están entregando materiales para el acondicionamiento de las viviendas de las vecinas que hacen los reclamos correspondientes al área de Desarrollo Humano y Hábitat local. “Sabemos que hay gestiones en Provincia para suministrar chapas, tirantes, pisos y sanitarios, pero no están entregando nada”, precisó y puso el foco en la falta de mano obra para ejecutar las tareas de mejoramiento.
“No todos los vecinos tienen la posibilidad de cambiar las cosas solos, hace falta mano de obra, que muchas veces las familias no pueden pagar, y no hay acuerdos con las cooperativas, por ejemplo”, graficó. Así, se deja de lado la posibilidad de que se haga un buen uso de los recursos estatales y que resulten bien aprovechados por los beneficiarios que necesitan de estos elementos.
“También pasa con las mujeres víctimas de violencia de género, que precisan una reja o cambiar una ventana, y tampoco esa respuesta es inmediata. Lo absorben de manera voluntaria las organizaciones”, indicó.
“No hay nunca una colaboración presupuestaria, no acompañan el reclamo estructural, y las organizaciones no podemos responderlas todas las demandas que nos llegan ni los trabajadores, porque no tenemos los recursos y necesitamos que el Estado municipal se comprometa”, criticó la referente cooperativista, quien además reparó que las políticas públicas deberían dar una salto cualitativo y pasar del asistencialismo al reconocimiento de ciertos sectores de la economía organizada.
En esta línea, consideró que “no pude dar solamente parches de alimentos, la discusión pasa por correrse de la mirada asistencialista para pensar diversas áreas y pensar las obras públicas necesarias”.