El Municipio dejó sin efecto una adjudicación por el arrendamiento de un campo en Vela y se lo otorgó al segundo oferente

El Municipio de Tandil dejó sin efecto la adjudicación del Concurso de Precios N° 57-03-26 para el arrendamiento de un campo de 52,4 hectáreas de propiedad comunal ubicado en María Ignacia-Vela, luego de que la empresa que había resultado ganadora desistiera de avanzar con la contratación.

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La decisión quedó plasmada en el Decreto N° 2421/2026, firmado el 4 de agosto por el intendente Miguel Lunghi, mediante el cual se anuló la adjudicación otorgada a Consultora Agropecuaria Surco Nuevo S.A.

Según explicó el Ejecutivo, la firma comunicó que no continuaría con el procedimiento tras advertir, una vez adjudicado el concurso, la cercanía del predio con viviendas de la localidad y las eventuales restricciones derivadas de la normativa sobre la aplicación de productos fitosanitarios.

Sin embargo, el Municipio consideró que esos aspectos eran conocidos o debían haber sido evaluados antes de presentar la oferta, ya que formaban parte de las condiciones objetivas del inmueble y del proceso licitatorio.

En ese sentido, sostuvo que la empresa incumplió las obligaciones asumidas al resultar adjudicataria, entre ellas la firma del contrato, la constitución de la garantía de cumplimiento y el pago del canon correspondiente, por lo que entendió que la frustración de la contratación fue "exclusivamente imputable" a la firma.

Como consecuencia, además de dejar sin efecto la adjudicación, el Ejecutivo dispuso ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta, constituida mediante un pagaré por 300.000 pesos, e incorporar el incumplimiento a los antecedentes administrativos de la empresa para que pueda ser considerado en futuras contrataciones con el Estado municipal.

El campo fue adjudicado a la segunda oferente

Ese mismo día, a través del Decreto N° 2425/2026, el Municipio resolvió continuar con el procedimiento sin convocar un nuevo concurso y adjudicar el arrendamiento a la segunda oferente ubicada en el orden de mérito.

La beneficiaria fue Mirta Beatriz Wauthier, quien ratificó la vigencia de su propuesta en las mismas condiciones presentadas durante el proceso licitatorio.

La adjudicación se concretó por un canon locativo de 13,5 quintales de soja por hectárea, lo que representa un total equivalente a 707,40 quintales de soja por las 52,4 hectáreas del predio.

De acuerdo con el decreto, el pago deberá efectuarse en pesos, tomando como referencia la cotización de la soja en los puertos de Quequén, Bahía Blanca o Rosario, eligiéndose el valor más alto al momento de la liquidación.

El contrato establece que el 70 por ciento del canon deberá abonarse al momento de la firma del contrato, mientras que el 30 por ciento restante deberá pagarse entre el 1 y el 10 de noviembre de 2026.

El Ejecutivo fundamentó la decisión de avanzar con la segunda oferta en los principios de economía, eficiencia, celeridad y razonabilidad de la contratación administrativa, al considerar que existía una propuesta admisible y conveniente para garantizar la continuidad del procedimiento sin necesidad de iniciar un nuevo llamado.

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