El Municipio de Tandil rechazó el reclamo administrativo presentado por un vecino que había cuestionado la actuación de inspectores municipales tras recibir varias notificaciones por la permanencia de su vehículo estacionado en la vía pública.

La decisión quedó formalizada a través del Decreto Nº 785/2026, firmado por el intendente Miguel Lunghi, mediante el cual se desestimó la presentación realizada por un vecino.

El vecino había manifestado su disconformidad con tres actas de notificación labradas por personal municipal respecto de su automóvil, un Volkswagen Gol . Según explicó, fue intimado a retirar el vehículo de la vía pública bajo apercibimiento de proceder a su acarreo y al labrado de una infracción, al considerarse que el rodado podría encontrarse en estado de abandono.

En su presentación, el hombre sostuvo que el hecho de que un vehículo permanezca estacionado durante un período prolongado no es suficiente para considerarlo abandonado y señaló que no presentaba signos visibles de deterioro, como faltantes de neumáticos o daños estructurales. También indicó que el automóvil se encontraba estacionado frente a su domicilio y que no obstruía el tránsito ni accesos vehiculares.

Sin embargo, desde la Dirección de Control Urbano Vehicular se informó que la actuación del personal se ajustó a lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 y su reglamentación, que prohíbe estacionar vehículos en la vía pública por un período mayor a cinco días en zonas urbanas, salvo disposición en contrario de la autoridad local.

De acuerdo con el informe incorporado al expediente, la normativa no exige que el vehículo presente daños o deterioro para ser considerado en estado de abandono, sino que alcanza con que permanezca estacionado en la vía pública por un lapso superior al permitido.

En ese marco, el Municipio sostuvo que la intervención del personal se limitó a labrar las correspondientes actas de notificación e intimar al titular a retirar el rodado dentro del plazo legal, en el marco del poder de policía en materia de tránsito y uso del espacio público.

El decreto concluye que la actuación administrativa fue preventiva y se ajustó a derecho, por lo que no se verificó una vulneración de derechos del reclamante ni un uso abusivo de las facultades municipales, motivo por el cual el reclamo fue finalmente desestimado.

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