El Oceba autorizó a la Usina a refacturar el consumo de luz en el caso de un medidor adulterado
Se conoció la resolución del organismo de control en la polémica por las irregularidades detectadas en un medidor. Ratificó la adulteración y ordenó a la distribuidora a emitir una nueva factura por tres meses.
A un año del escándalo por la adulteración de medidores del servicio de energía eléctrica, que tomó estado público a raíz del requerimiento que oportunamente impulsó el bloque Integrar del Concejo Deliberante, el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer su resolución frente al caso.
Recibí las noticias en tu email
En el fallo, que se publicó ayer en el Boletín Oficial bonaerense, la entidad ratificó la existencia de una irregularidad en el medidor y avaló el modo de proceder de la Usina, por lo que autoriza a avanzar en la refacturación según un período determinado en que bajó el consumo.
En el artículo tercero, el directorio del organismo determinó “la existencia de la irregularidad constatada por la Usina Popular y Municipal de Tandil SEM en el suministro de titularidad de la firma Clitz SA”, en el medidor instalado en la zona de La Elena.
Y en el siguiente punto ordena a la distribuidora de capitales mixtos a emitir “una nueva factura complementaria que contemple el lapso de recupero, considerando el periodo marzo de 2018 como quiebre y hasta la fecha de normalización del suministro (el 13 de junio de 2018)”.
Cuando llegue la correspondiente notificación, la empresa emitirá la nueva factura, que incluirá la multa y los gastos. El usuario deberá cancelar el monto estipulado en el término acordado para evitar el corte en el suministro.
Algunas consideraciones
En uno de los considerandos que contiene la resolución cita que, en el marco de las actuaciones realizadas en el expediente, se estableció que la Usina “deberá anular la factura complementaria generada con motivo de la irregularidad detectada en el medidor referenciado en razón de haber sido emitida fuera del plazo previsto”.
Luego brinda las razones por las cuales rechazó las objeciones en torno a la anulación de la factura, que inicialmente era de un monto superior, y cita que, “en lo que respecta al período en el que se constata diferencias de consumos, podemos advertir que en el período marzo de 2018 se podría considerar como quiebre dado que los consumos posteriores hasta la normalización del suministro fueron inferiores. Por lo tanto el periodo a recuperar sería de tres meses”.
También, tras repasaron los hechos, expone la opinión de la Asesoría General de Gobierno que determinó que “se podrá rechazar el recurso por los argumentos de agravio y, no obstante, dejar sin efecto la Disposición 234/18 y retrotraer las actuaciones, ordenando a la Usina que proceda a emitir una nueva factura acorde a los parámetros indicados a fojas 183”.
En lo que respecta al período en lo que se constata las diferencias de consumos “podemos advertir que en el período marzo de 2018 se podría considerar como quiebre, dado que los consumos posteriores hasta la normalización del suministro fueron inferiores. Por lo tanto el periodo a recuperar sería de 3 meses”.
“Llamada a intervenir la Gerencia de Procesos Regulatorios señala que de la sustanciación de las actuaciones y lo dictaminado por el citado Órgano Asesor, se tiene por determinada la existencia de la irregularidad constatada por la Usina con fecha 13 de junio de 2018”, indica.
En definitiva, y conforme al dictamen producido por la Asesoría General de Gobierno, “corresponde desestimar el recurso de revocatoria interpuesto por la Usina y ordenar a la Usina, atento la irregularidad constatada, emitir una nueva factura complementaria por el periodo a recuperar, considerando el periodo marzo de 2018 como quiebre”.
El caso
El caso trascendió el año pasado. En la página web de la Usina Popular y Municipal de Tandil se informaba sobre la detección de conexiones irregulares por parte de las cuadrillas de trabajo luego de registrar la abrupta caída en el consumo de energía en algunos medidores.
Iniciadas las acciones pertinentes, la empresa de capitales mixtos comunicó que los usuarios implicados fueron sancionados con multas que superaban los cien mil pesos.
Algunos de los infractores habían incurrido en hurto de energía y lograron normalizar su situación tras el pago del gravamen. A otro en particular se le retiró el medidor bajo la sospecha de que pudiera estar cometiendo el delito de fraude.
El caso hacía referencia a lo sucedido con la firma Clitz SA, a quien se la notificó sobre el accionar y luego se procedió al retiro del medidor “en una caja precintada y firmada” para llevarlo a una mesa de contraste homologada por el INTI para verificar si estaba adulterado o no.
Una vez que se detectó la irregularidad, se emitió una facturación con el monto que se pretendía cobrar, de acuerdo a lo que establece el ente provincial.
Mientras el procedimiento tomó su curso bajo el protocolo que establece el Oceba, el interés por la información acerca de las presuntas maniobras llegó al Concejo Deliberante, donde el bloque Integrar impulsó un proyecto de resolución a fin de conocer en detalle los mecanismos administrativos que se llevaron adelante como también el habeas data de quienes habían sido pasibles de sanciones.
Meses después, el directorio de la Usina Popular y Municipal SEM acudió al Legislativo con el objetivo de clarificar la situación, en una presencia inusual para la actual gestión.
En otra instancia de la puja entre la distribuidora y la empresa señalada, a mediados de septiembre el organismo de control provincial accedió al pedido particular y ordenó la restitución del servicio de energía eléctrica.
Según se informó en estas páginas, en noviembre se constató la irregularidad en el medidor.