El Oído agudo

APOYOS QUE HACEN RUIDO

Recibí las noticias en tu email

Accedé a las últimas noticias desde tu email

Suscribite

En la semana que se despide se sumaron nuevos capítulos en torno a la sensible causa penal que investiga el presunto abuso sexual infantil en el Jardín de Infantes 901, pesquisa que derivó en la imputación y detención del profesor de teatro Juan Martín Rosso.

Entre el momento de aquella denuncia y la actual situación procesal del acusado, hubo un sinnúmero de adhesiones y movilizaciones tanto en apoyo de la familia del menor presentado como víctima, como del docente señalado. A la par, fuertes declaraciones mediáticas y presiones al accionar judicial que derivaron en recursos de las partes, hasta que finalmente la Cámara de Apelaciones de Azul aceptó el arresto domiciliario del acusado al aguardo del avance del expediente que derive en el respectivo juicio, donde finalmente se resolverá la inocencia o responsabilidad penal de los delicados hechos delictivos ventilados.

En dicha novedad del proceso informada (que luego tuvo un nuevo revés ya que la fiscalía apeló la resolución y quedó en veremos la morigeración de la prisión), quedó refrendado en los fundamentos de los camaristas que para otorgar el beneficio del arresto domiciliario se tuvieron en cuenta los garantes presentados para la ocasión, desde su progenitor, el decano de la Facultad de Arte y las propias letradas que llevan adelante la defensa particular.

Hasta allí nada extraño,  más allá de las lecturas y opiniones que se puedan conjeturar frente a un escabroso caso judicial que aún aguarda por definiciones. Pero lo que sí generó ruido es el involucramiento de la Unicen como institución, dando su aval en el reclamo de justicia por la “inocencia” del detenido.

Si bien hasta ayer algunos sectores, especialmente dentro de la comunidad universitaria, habían dejado entrever su fastidio por el uso de las instalaciones para hacer manifestaciones (legítimas por cierto) en apoyo a la causa de parte de los padres del docente y allegados que pugnan por su inocencia y libertad, aún más ruido y fastidio generó cuando se leyó en éstas páginas de ediciones pasadas que dentro de los argumentos de los propios magistrados se alude, entre otras instituciones, a la Universidad.

Si bien algunos se excusaron con explicar que sólo se trataba del decano de la Facultad de Arte a título personal, accionar acerca del cual obviamente tiene derecho, en los fundamentos de los jueces no sólo se alude al decano como garante. En uno de sus párrafos la resolución señala a la Universidad Nacional del Centro como institución, lo que provocó el enojo de actores varios de la comunidad universitaria que, habrá que aguardar, si queda solo en eso o se exigirá una aclaración o postura clara de parte de las autoridades de la casa de altos estudios que, para aquellos distraídos, es pública y no representa a un sector determinado.

LA BASURA COPÓ LAS CALLES

Es sabido que la recolección de residuos resulta un área sensible para la sociedad, ya que la falta de la misma genera consecuencias desagradables en las calles con basura que se esparce y se pudre.

También, se trata de un sector que en el último tiempo ha mantenido varios cortocircuitos con el Municipio e incluso con el gremio de trabajadores municipales. La medida de fuerza para hacerse oír siempre es el paro.

Desde el inicio de la pandemia, se han modificado días y horarios, pero la gente no se adaptó y resultó un desastre. Luego, se decretó que les recortarían las horas extras a los recolectores, que decidieron suspender el servicio aunque lograron un punto de acuerdo que permitió retomar los recorridos que habían quedado sin completar.

El conflicto siguió latente pese a los intentos de conciliación, y entre idas y vueltas lo único que permaneció en el mismo lugar fue la basura de los ciudadanos. Afuera, en bolsas o desparramadas por la calle, los deshechos colmaron los nervios de cada frentista, que ya se habían tenido que amoldar a sacar sus residuos solo algunos días por semana. Tanto se hartaron,  que un día en la zona de Villa Gaucho, acumularon todos los restos en una esquina cortando el tránsito. Pero para entonces ya todos los barrios estaban tapados de basura.

Ayer sucedió algo parecido, y comprendió también al centro de la ciudad. Pero hubo una razón de fuerza mayor que fue dada a conocer por el director de Servicios Claudio Fuentes casi en la medianoche del viernes: “A raíz del fallecimiento del chofer de recolección del turno noche Hugo Pereyra el servicio fue suspendido. Se retomará el lunes a partir de las 20 horas”.

No todos conocían el motivo y las quejas llovieron a través de las vías de comunicación de El Eco Multimedios. Los vecinos están cansados de ser los perjudicados de siempre. Esta vez hubo una razón que sin embargo no todos entendieron. “Comprendemos el dolor y nos solidarizamos,  pero son miles los empleados municipales y si cada vez que alguien fallece cierran las dependencias o dejan de cumplir sus tareas, todo sería un caos…”

UN POSTEO, MUCHAS REACCIONES

Este sábado, el presidente del Sistema Integrado de Salud Pública, Gastón Morando, quedó en el centro de la polémica por las redes a raíz de una publicación que realizó desde sus perfiles personales de Facebook y Twitter.

“Antes Nisman. ahora Gutiérrez. Qué tristeza tanta impunidad”, posteó el funcionario del Gobierno comunal. Y las reacciones no tardaron en llegar.

Mientras las respuestas se multiplicaban, con un alcance que traspasó las fronteras de la ciudad, Morando respondió los embates a través de las redes, las chicanas políticas y las acusaciones sobre su “irresponsable” planteo.

Horas más tarde, y casi a modo de cierre, el presidente del SISP tuiteó: “Bueno, he tenido que destinar unos minutos a bloquear algunos perfiles, la mayoría sin nombre propio, que aman la violencia”.

DEMANDAS AL MUNICIPIO

La pandemia por el coronavirus llegó de la mano de la extensa cuarentena y agravó la crisis económica que, al menos en la Argentina, ya estaba instalada. Sin dudas, a más de cien días de que se decretara el aislamiento social, los que peor la pasan son aquellos que aún no han podido volver a trabajar. Por mencionar a algunos, todos los rubros vinculados a la cultura y al espectáculo, agencias de turismo, también los que intervienen en fiestas y eventos sociales, además de los jardines maternales que han perdido gran parte de su matrícula.

Y en el afán de conseguir algún paliativo que les permita afrontar los gastos fijos, sostener a sus empleados o poner algo en la heladera, se agruparon para gestionar, en forma conjunta en la ventanilla más cercana, ergo, el Municipio.

Los relatos de la compleja situación, planteos y pedidos concretos llegaron también a la planta alta. En el ámbito legislativo, los concejales de la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente fueron los encargados de recibir a representantes –por protocolo, a un corto número por sector- de las distintas actividades económicas que exigen ayuda.

“Todos quieren plata”, se escuchó en los pasillos del Concejo, en una frase pragmática que resumió el estado de situación. Enseguida vino el ejemplo, de la mano de los organizadores de eventos que nuclean a 230 personas, entre DJs, gastronómicos, fotografía y video, wedding planner, maquilladoras, etc., etc. En ese caso, pedían un subsidio de 30 mil pesos por mes para poder paliar estos meses sin facturación, lo que implicaría para la comuna disponer de unos 7 millones de pesos por mes.

MALESTAR EN LA SANIDAD

Con quejas, amenazas de medidas de protesta y una presentación ante el Ministerio de Trabajo que llevó adelante la delegación local de ATSA (Asociación de Trabajadores de la Sanidad de Argentina), empleados de centros de salud privados con internación hicieron saber su descontento por el pago del aguinaldo que se desdobló en varias cuotas.

En uno de los casos, la medida fue informada a través de un audio que circuló entre el personal de sanidad, donde la encargada de recursos humanos informaba que no abonaría el aguinaldo completo en solidaridad con Fecliba, cámara que nuclea a las clínicas y sanatorios de la provincia de Buenos Aires, que dispuso el pago en 3 y 6 cuotas del medio salario complementario.

Tras ese argumento, los trabajadores se mostraron dolidos teniendo en cuenta que redoblaron los esfuerzos en tiempos del coronavirus, pero también porque entienden que merecían que fueran solidarios con ellos, que hoy están en la primera línea de acción frente a este potente virus. Es más, destacaron que han cumplido con responsabilidad su labor, uno de los factores que le permite a Tandil gozar de las libertades de la Fase 5.

La situación, que se sigue tensionando con el correr de las horas, podría escalar después del feriado del 9 de Julio. Según le llegó a este Oído, hay consenso para concretar acciones como el quite de colaboración y la suspensión de cirugías programadas, entre otras, lo que provocaría que se resienta el servicio de salud de la ciudad.

Habrá que ver cómo evoluciona este frente de conflicto que podría repercutir en el sector público, en un momento en donde todas las energías están puestas en que el Covid-19 no penetre los límites del partido de Tandil.

PERROS PELIGROSOS

La problemática de los perros potencialmente peligrosos que están sueltos en la vía pública se instaló en la agenda de los tandilenses. Muchos vecinos se han vuelto denunciantes activos ante animales que amenazan a caminantes o deportistas que gustan de salir a pasear por distintos barrios alejados del centro.

Una de esas situaciones se registra en la zona de Chapaleofú y Segundo Sombra, donde varios perros de gran porte ladran y persiguen a los vecinos que realizan actividad física o que salen a andar en bicicleta, incluso con niños, por esas calles. A priori, detectaron que salen del predio de la Sociedad Rural, concretamente del sector donde funciona el lavadero de camiones.

Frente a los reiterados llamados a la Dirección de Bromatología, desde el área que tiene a cargo el contralor argumentaron que la entidad hizo el descargo de que los canes no pertenecen al predio. Sin embargo, sorprende que todos tienen collares colocados, una señal de que sí existe algún dueño.

Hasta el momento, no hubo presentaciones por mordeduras pero los habitantes de la zona aguardan que se tome alguna medida antes de que los perros concreten un ataque en manada.

¿VUELVE LA DISCUSIÓN POR EL FAS?

En febrero pasado, en el ámbito del Concejo Deliberante  se creó la comisión que tiene como tarea la reforma de la ordenanza del Fondo de Ayuda Solidaria (FAS) ante la necesidad de actualizar su contenido y mantener la vigencia de una “herramienta fundamental” creada en 1992 para la cobertura de prácticas en salud de alto costo.

En respuesta a una demanda de la oposición que en reiteradas oportunidades ganó espacio en el recinto, se comenzó a delinear un esquema de trabajo, que se vio postergado por la pandemia del coronavirus.

En principio, el diálogo entre oficialismo y oposición se encaminó hacia la búsqueda de propuestas que permitan modificar los alcances del instrumento pero sin alterar el espíritu con el que fue creado.

Con la actividad legislativa en marcha, siempre con los recaudos sanitarios que impone el contexto actual, el objetivo es retomar las reuniones de la comisión con miras a lograr avances en torno al tema.

El presidente de la Comisión de Salud del Legislativo, Luciano Grasso, había propuesto avanzar con un relevamiento para conocer la opinión de los beneficiarios del FAS de los últimos años y la idea es retomarlo, al igual que las conversaciones con profesionales para evaluar la incorporación de otras prácticas, como por ejemplo, las prótesis dentales.

El tema promete un debate de ideas y propuestas, que obligará a los concejales a mantener varios encuentros para llegar a un consenso y avanzar en una actualización del FAS para ponerlo en valor y que los recursos que lo constituyen sean utilizados.

LOIMAR Y SUS TRABAJADORES

Mientras los delegados gremiales y buena parte de los trabajadores de Loimar se empeñan en salir a las calles para visibilizar la situación que atraviesan y poder buscar una solución al conflicto que se inició hace ya más de siete meses, un grupo de operarios estaría en condiciones de ingresar nuevamente a la planta.

Si bien desde un primer momento los empleados que se manifestaron señalaron que fue el propio Juan Loitegui, titular de la planta fabril, quien realizó una oferta a un selecto grupo para intentar dividirlos, personal incluido en esa supuesta lista señaló que fueron ellos en realidad quienes se acercaron para presentarle la propuesta a Loitegui, y que no son solo 20 o 30, como se dijo, sino más.

Además, denunciaron que en algunas reuniones que mantuvieron, los trabajadores que no participan de las marchas recibieron amenazas por parte de sus compañeros: “Si llegan a entrar a trabajar, van a cobrar”.

CABAÑEROS ENOJADOS

Un grupo de cabañeros manifestó su enojo porque a pesar de que se busca declarar el desastre turístico en Tandil, aseguran que la situación es mucho más grave de lo que se plantea a través de los medios.

Consideran que por más que se tome esa medida, la mayor parte de los establecimientos no van a poder hacer frente a tantos meses sin trabajar, ya que, del modo en que lo están haciendo ahora, es casi igual que nada.

Además, plantearon que por más que se haya habilitado para tandilenses y servicios esenciales, hay cabañeros que llevan 100 días sin recibir gente, o habiendo alojado a  alguna persona esporádicamente, lo cual no ayuda en nada a mantener las grandes estructuras que poseen, pagar los servicios, impuestos y demás, sin recibir ningún tipo de ayuda.

Una situación compleja sin dudas, la de todos los prestadores turísticos en tiempos de pandemia.