“En el Castillo Morisco no pudimos determinar un procedimiento de fraude económico”, aclaró Civale

Ante el proyecto de resolución confeccionado por el bloque Integrar por conexiones clandestinas, el presidente de la empresa de capitales mixtos desmintió que se haya determinado un fraude económico a los responsables de la concesión del Castillo Morisco, en la cima del Parque Independencia. Sí reconoció que a partir del incremento de la tarifa de luz han detectado un incremento de diferentes tipos de irregularidades en el servicio.

El Eco

El presidente de la Usina Popular y Municipal de Tandil, Matías Civale, se refirió al proyecto de resolución confeccionado por el bloque Integrar sobre la adulteración de medidores y conexiones clandestinas del servicio de energía eléctrica, que tomó estado legislativo en la sesión de ayer.

En concreto, el pedido de la oposición refiere a una multa que había aplicado a un usuario a mediados de junio y las versiones indican que se habría aplicado a la empresa que tiene la concesión por el funcionamiento del Castillo Morisco, en la cima del Parque Independencia.

Al respecto, Civale aclaró que desde la empresa de capitales mixtos no se pudo determinar un procedimiento de fraude económico. Más allá del caso puntual de los concesionarios del paseo público, confirmó que a partir del incremento tarifario sí han notado un incremento de diferentes tipos de irregularidades en el servicio.

En diálogo con “Dulce o Amargo” (programa de Tandil FM 104.1 de El Eco Multimedios), el contador aclaró en primer lugar que “más allá de que el Concejo Deliberante formalice el planteo al directorio público o la sindicatura que tiene el control de legalidad para que esa información se dé, estimo que uno tiene que tener cierto resguardo al momento de referirse a nombres propios o de irregularidades cuando no se ha probado ni se ha dado un delito en una resolución judicial”.

Por su parte, detalló que en la Usina “desde hace un tiempo, fundamentalmente a partir de un incremento en las facturas, hemos empezado a ver un aumento de diferentes tipos de irregularidades en el servicio”.

Concretamente, contó que detectaron “algunos casos de hurto, que es lo que normalmente es `colgarse del cable´, que se produce porque tiene una conexión ilegal. Y, en otros, lo que jurídicamente podemos denominar una estafa porque hay un engaño o adulteración en la forma en la cual la Usina mide el consumo, es decir, reciben el servicio de manera legal, pero hay una defraudación económica hacia la empresa”.

El procedimiento

En cualquiera de estos casos, Civale explicó que “se aplica un procedimiento administrativo. Cuando se detecta alguna irregularidad, se procede a labrar un acta con la presencia de un escribano, invitando al usuario. Se toma el medidor, se lacra, se lleva al laboratorio, se invita al usuario a participar del control, lo mismo se hace con un escribano que da fe de esa situación, se detecta si ha habido o no diferencias en las mediciones y, a partir de ahí, se sigue un procedimiento que conlleva en algún caso a un cobro administrativo y que, eventualmente, puede llegar a terminar en una denuncia”.

En ese sentido, señaló que “los ejemplos más concretos que se han dado los ha tenido la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica –Edea-, que ha hecho algunas presentaciones, ante las cuales la Justicia ha dicho que en esos casos hay un perjuicio económico que por tal motivo debiera resarcirse económicamente”, pero aclaró que “esto no implica que, ante determinadas situaciones, el procedimiento pudiera terminar en una denuncia penal, como en algún momento tengo entendido que la Usina lo hizo”.

“Hay que ser cuidadoso”

Se refirió luego puntualmente al caso mencionado por los ediles del bloque Integrar de los responsables de la concesión del Castillo Morisco. Al respecto, el presidente de la Usina afirmó: “no pudimos determinar un procedimiento de fraude económico. Hay un mecanismo para aplicar si hubo o no fraude, y no lo pudimos aplicar”.

Más allá de esa situación particular, confirmó que desde la Usina han detectado “varios casos, en fábricas, cabañas, casas particulares, y todos siguen un procedimiento y hay multas aplicadas, pero la multa no termina en la multa. Entonces, uno debe ser cuidadoso. Incluso, hay derecho a defensa y hemos recibido por parte de algunos de quienes hemos iniciado el procedimiento su respuesta jurídica”.

Por lo tanto, Civale consideró que “hay que ser cuidadoso en dar los nombres porque está pretendiendo defender el patrimonio de la Usina porque detecta irregularidades de terceros y, por el hecho de dar nombres, puede ser perjudicial y que eso se nos caiga en contra”.

Explicó entonces que desde la empresa de capitales mixtos lo que se pretende hacer es “el procedimiento que corresponde, cobrar las multas que corresponden y si corresponde hacer la denuncia pertinente en la sede penal, es decir, seguir el procedimiento”.

El pedido de la oposición

Ahora bien, frente al planteo realizado desde la oposición legislativa, aseguró que en caso de que se formalice, desde la Usina responderán a la solicitud y luego, si los concejales quieren darlo a conocer públicamente, “será problema” de ellos.

“Nosotros vamos a responder en el marco de lo que la ley nos obliga a contestar. Sobre la cuestión del Castillo Morisco, nosotros no tenemos ningún procedimiento. Del resto, donde sí hemos detectado irregularidades, no voy a hablar de ningún caso particular. Al menos no públicamente, seguiremos el procedimiento. Si esto termina luego en una denuncia penal y efectivamente la Justicia determina que se cometió un delito, ahí ya tomará otra esfera porque será de conocimiento público”, enfatizó.

Sociedad de economía mixta

Por último, consultado por el planteo realizado por la concejal de Unidad Ciudadana, María Eugenia Poumé, quien aseguró que “la Usina debería hacer la denuncia por el posible delito de defraudación a la administración pública”, Civale aclaró que esto no es así porque “en ningún caso la Usina se puede tomar como una empresa del Estado”.

En ese sentido, explicó que “una cosa es una sociedad del Estado y otra es una sociedad de economía mixta, como en nuestro caso, que incluso la toma de decisiones no es mayoritaria del sector público. Por lo tanto, se maneja exclusivamente por la ley de sociedades. No podemos hablar de una defraudación a la administración pública porque no se trata de una sociedad del Estado, sino de una sociedad privada”.

“Incluso más –señaló- uno de los principales juristas en la Argentina sobre este tema, como es Gordillo, establece que incluso los directores que participan en las sociedades de este tipo no son funcionarios públicos”.

De todas maneras, el presidente de la Usina aseguró que “como hay un contralor y una designación por parte del Concejo Deliberante, responderemos ante cualquier inquietud porque el Estado municipal tiene el 60 por ciento del capital y no solo por eso, sino porque es concesionaria del servicio”.

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  • ElEcodeTandil

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