Familiares y personas con discapacidad, preocupados por el veto a la Ley que declaraba la emergencia
Gabriela Marti, abogada especializada y madre de un niño con discapacidad, calificó de “cruel” y “carente de empatía” la medida tomada por el Presidente de la Nación. Además, dijo que esta decisión gubernamental dejará desamparadas a las personas que recibían asistencia al no asegurar la financiación adecuada para sus tratamientos ni el acompañamiento en los Centros de Día.
Tras el veto del presidente Javier Milei a la Ley que declaraba la emergencia en discapacidad, la abogada de Tandil Gabriela Marti manifestó su preocupación y frustración por el impacto negativo que esta decisión traerá sobre las personas con discapacidad y sus familias.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailEn diálogo con El Eco Multimedios, la abogada y madre de un niño con discapacidad calificó de “cruel” y “carente de empatía” la medida y dijo que esta decisión dejará desamparadas a las personas que recibían asistencia al no asegurar la financiación adecuada para sus tratamientos ni el acompañamiento en los Centros de Día.
Además, consideró que la justificación económica esgrimida por el Ejecutivo para vetar ésta y otras dos normativas -el aumento a las jubilaciones y la restitución de la moratoria previsional- constituye “una excusa” y señaló que las personas con discapacidad y los jubilados, al no ser una base electoral significativa, podrían ser objeto de decisiones políticas desfavorables.
Finalmente, destacó que el veto viola los derechos humanos de este grupo social y convocó a los legisladores nacionales a revertir esta disposición oficial en el Congreso.
“Me parece una medida absolutamente cruel, de una falta total de empatía”, indicó Marti, y agregó que “la realidad es que no se está mirando el daño que se está generando porque se deja a un grupo de la sociedad, como las personas con discapacidad, absolutamente la deriva. Porque los prestadores no van a querer trabajar, justamente porque el nomenclador ha quedado muy bajo, como así tampoco los Centros de Día”.
“La realidad es que esto no es solamente quitar una firma en una Ley, implica cuestiones que van mucho más allá: es no respetar los derechos humanos de un sector de la sociedad”, alegó la abogada y activista.
Y destacó que “me parece que cuando una medida -en este caso del Gobierno y del presidente Milei- no respeta los derechos humanos de un sector de la sociedad, hay que parar y mirar qué es lo que está pasando como sociedad”.
Vale recordar que el lunes pasado, argumentando que las iniciativas eran fiscalmente irresponsables y que incumplían la Ley de Administración Financiera, Milei vetó el aumento a las jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad, que entre otros puntos contemplaba una actualización de prestaciones, tres normas que habían sido aprobadas en julio pasado por el Congreso de la Nación.
La decisión quedó oficializada en el Boletín Oficial, a través de la publicación del Decreto 534/2025.
El texto vetado deberá regresar al recinto parlamentario, que podrá reafirmar el proyecto original o aceptar la medida del Ejecutivo.
Nomenclador desactualizado
Consultada acerca de si cree que la decisión gubernamental obedece a motivos económicos en pos de no generar déficit fiscal en las cuentas nacionales, Marti consideró que “eso es una excusa”.
De todas maneras, señaló que “no termino de entender por qué es una excusa, porque si ellos aumentan el nomenclador, pagan como tienen que pagar y las obras sociales cumplen, no se les va a generar un déficit”.
El de las personas con discapacidad –sostuvo- “no es un colectivo que te puede llegar a parar el país si le generás algún beneficio”.
“Me parece que tiene también que ver con una cuestión política; no sé qué se quiere mostrar para afuera, pero la realidad es que las personas con discapacidad no votan. Los ancianos, cuya Ley también fue vetada, tampoco votan”, indicó la abogada especializada.
“Independientemente de eso –añadió-, no hay que perder de vista que las familias se van a ver sumamente perjudicadas, porque no todos tienen los medios económicos para salir y afrontar todos los tratamientos que necesita una persona con discapacidad”.
“¿Qué hacemos con esa familia que no tiene medios para ayudar a ese hijo o a ese familiar? ¿Lo dejamos en la calle, a la deriva?”, se preguntó Marti, y auguró que “ni siquiera los Centros de Día te van a tomar si no cobran el dinero que tienen que cobrar”.
La Ley que fue aprobada por ambas Cámaras el 10 de julio pasado establece la declaración de emergencia hasta diciembre de 2026 y estipula, entre otras cuestiones, la asignación de un financiamiento sostenible para las pensiones no contributivas por discapacidad y la actualización de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.
Ayer, tras el veto presidencial, Marti aseguró que “los valores (establecidos en el nomenclador) son bajísimos. El nomenclador está ‘clavado’ en diciembre del 2024. Entonces, si el psicólogo no te atiende o si la maestra de apoyo no acompaña a tu hijo a la escuela, el chico se quedará sin ir a la escuela y se quedará sin las terapias; se le está quitando la posibilidad de tener una mejor calidad de vida”.
“La sociedad tiene que, en algún momento, darse cuenta de que este no es un tema solamente de las familias con personas con discapacidad, es un tema de todos”, remarcó.
“Que los legisladores desafecten el veto”
En este punto, la abogada especializada dijo la situación se volvió “realmente dramática” y sostuvo que “a mí me toca de cerca”.
“Cuando a vos te dicen que tenés un hijo con discapacidad o cuando aparece la discapacidad en tu vida -porque aclaremos que cualquier persona se puede transformar en una persona con discapacidad en cualquier momento-, pasado el shock empieza a tener que realizar distintos tratamientos, distintas terapias”, contó.
Y ejemplificó que “los niños con TEA, con trastorno al espectro autista o con retraso intelectual necesitan terapia, psicología, psicopedagogía; necesitan una maestra de apoyo para ir a una escuela común, necesitan ir a un Centro de Día”.
Para terminar, realizó un llamado a los legisladores para que, “sin especulaciones políticas”, concurran al recinto parlamentario, “junten el quórum que es necesario y sigan votando, porque esa Ley salió porque estuvieron los diputados y los senadores votándola”.
“Espero realmente que el veto sea dado vuelta en el Congreso y que los legisladores hagan lo que tienen que hacer”, pidió Gabriela Marti.
Y concluyó: “Hoy sostener el veto sería ir en contra de los derechos humanos de toda una sociedad. Entonces, que los legisladores se sienten en el Congreso, levanten la mano y desafecten el veto”.
Periodista de El Eco de Tandil.