Incertidumbre y preocupación en empresas locales de software por la suspensión de la Ley de Economía del Conocimiento
Desde la CEPIT aseguraron que "habrá que esperar para ver qué cambios quieren implementar". Dijeron que les "sorprendió" el modo de enterarse de la novedad y que lo que genera es preocupación en las empresas ya que no pueden planificar a corto y mediano plazo.
El Gobierno nacional suspendió la aplicación del régimen de promoción de la Economía del Conocimiento para encarar una serie de modificaciones a la normativa, cuyos alcances se verán plasmados en una nueva reglamentación o en su defecto en un proyecto modificatorio a tratarse en el Congreso en sesiones extraordinarias.
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El sector del software en Tandil se manifestó preocupado por la situación que los afecta directamente por la falta de previsión real en el marco de una normativa que llevaba ya más de 16 años de vigencia.
En diálogo con El Eco de Tandil, Esteban Sarabia, de la empresa Q4Tech y miembro de la comisión directiva de la Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil (CEPIT), señaló en primer lugar que la primer definición del sector es que “estamos todos preocupados por la suspensión de la Ley”.
“Es prematuro dar muchas definiciones sobre el tema, no se sabe lo que pasará definitivamente”, dijo Sarabia y explicó que la CEPIT pertenece a su vez a la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) y que desde ese lugar ya tomaron contacto con las autoridades nacionales para entablar una serie de conversaciones sobre el tema.
Sarabia reconoció que “lo más dramático es la incertidumbre que genera el tema” dado que se depende de la normativa para poder planificar a corto y mediano plazo. “En Tandil el software supera en mano de obra al turismo”, resaltó el empresario dando cuenta de la importancia del sector y además puntualizando que “no atendemos al mercado local en general, son todas exportaciones de conocimiento”.
“El axioma general de la Ley es la posibilidad de la estabilidad fiscal. Si ahora nos cambian las reglas no sabemos hacia dónde ir”, analizó el miembro de CEPIT. Sarabia recordó que en el 2004 se implementó esta normativa en el entonces gobierno de Néstor Kirchner y que ha sido trabajada por las diferentes gestiones desde entonces. “Si queremos un país con un contexto de continuidad en los procesos tecnológicos tenemos que brindar un marco necesario para que eso ocurra”, agregó.
El empresario también se mostró sorprendido por la forma de enterarse. “La industria en general y las Cámaras del sector nos enteramos por los diarios. No hubo una previsión del tema. Es rara la decisión tomada”.
Modificaciones
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dispuso a través de Resolución 30/2020 la suspensión de la aplicación del régimen de la Ley 27.506, aprobada en mayo del 2019 para incentivar las actividades productivas basadas en el uso intensivo de la tecnología y la digitalización de la información y que son la tercera actividad exportadora del país.
La idea central de las modificaciones, según explicaron, es privilegiar la llegada de los incentivos fiscales para las pequeñas y medianas empresas, precisar cuáles son las actividades abarcadas e impulsar transversalmente la productividad de manera federal e inclusiva de todos los sectores que conforman esta industria.
Si bien aseguraron que el gobierno “está filosóficamente de acuerdo con la Ley, el problema es que al estudiar la implementación se generaban muchas dificultades de aplicación, y además hay aspectos que se pueden mejorar y que vienen siendo hablados con las empresas”.
Cambios
Entre los principales aspectos que generan dudas en su aplicación se menciona la necesidad de ser más específicos en cuáles son las actividades que pueden participar del régimen dentro del amplio universo de las empresas de tecnología y de digitalización de la información.
Por otro lado se buscará rediscutir el alcance de los beneficios impositivos con vistas a fortalecer el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas del sector por sobre las grandes compañías tecnológicas, varias de ellas con facturaciones millonarias que ya no dependen de un régimen especial, para lo cual no hay en la norma original una diferenciación clara.
Además, es interés del Gobierno compatibilizar el régimen promocional para la industria del conocimiento con los alcances de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva sancionada en diciembre, para evitar zonas grises y contradicciones.
Diálogo
Las fuentes del ministerio de Desarrollo Productivo, aseguraron que algunos de estos puntos ya están siendo discutidos con las empresas del sector. Como parte de ese diálogo, la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) aseguró que trabaja junto al Gobierno para acordar “alternativas superadoras” a la Ley con la idea de que se plasmen “modificaciones a la normativa que aseguran el crecimiento del empleo y las exportaciones”.
También desde Cessi se coincidió en la necesidad de que la nueva norma “atienda a la diversidad de las áreas del conocimiento incorporadas por la ley, fortaleciendo el mercado interno, en especial la competitividad de las Pymes”.
El objetivo de la ley 27.506 era promocionar actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información apoyado en los avances de la ciencia y de las tecnologías, la obtención de bienes, prestación de servicios y mejoras de procesos.
La idea del oficialismo es también cambiar en primera instancia la autoridad de aplicación de la norma ya que pasará de la Secretaría Pyme a la Secretaría de Industria, en cuya órbita está la Subsecretaría del Conocimiento, y suspender el registro de inscripción que debía empezar a regir a partir del 1 de febrero.