La Asociación de Abogados actúa frente a la falta de respuestas del Municipio por irregularidades en varias oficinas públicas
La Asociación de Abogados de Tandil puso en conocimiento la falta de respuesta del Municipio, a las notas que le fueran presentadas formalmente al Intendente el año pasado; a los fines de tratar las problemáticas denunciadas por abogadas y abogados de la ciudad a esta institución, en relación a irregularidades en el funcionamiento de la Oficina de Mediación Comunitaria, en la Oficina de Información al Consumidor (OMIC) y Oficina de Atención al Inquilino, que afectan directamente a las ciudadanas y ciudadanos de Tandil, en sus derechos que allí se procuran promover y defender, siendo a su vez afectadas las competencias e incumbencias profesionales de abogados locales.
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“No menos importante es lo referente al funcionamiento de la Oficina de Mediación Comunitaria que realiza de forma irregular mediaciones en materia de daños y perjuicios, familia, entre otros, lo cual no solo escapa al contenido de su competencia (mediación comunitaria), sino que en algunas áreas y temáticas se encuentran comprometidas normas de orden público, incluso, situaciones de violencia intrafamiliar, que no deberían ser abordadas desde dicho ámbito”.
Por otra parte, señalaron que “las denuncias referenciadas ponen en conocimiento de vuestra institución que, se asesora y motiva a las personas que se acercan, a asistir sin patrocinio letrado, esto es sin abogada/o, cuando ello es un derecho de cada ciudadana y ciudadano en caso que así lo deseara, y que hace a su derecho constitucional de defensa, como a la posibilidad de alcanzar acuerdos que puedan ser luego, legalmente cuestionables, incluso cuando en las problemáticas se encuentran involucrados niños o niñas”.
Si bien dijeron entender que la mediación comunitaria resulta sumamente útil a los efectos de resolver problemáticas relacionadas a la buena convivencia vecinal en la ciudad, ello “no habilita a que en diversas oportunidades dichas oficinas excedan el marco de sus facultades y competencias, afectando como se enuncio con anterioridad, a los ciudadanos y a los profesionales del derecho”.