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La Defensoría de Azul tomó intervención y relevó las necesidades de las familias de La Movediza

Un equipo del organismo dependiente del Departamento Judicial de Azul estuvo este lunes en Tandil. Realizó una recorrida junto al personal de la Defensoría del Pueblo local. El trabajo se enfocó en las familias de Piccirilli y Salta y del barrio González Pacheco. La principal preocupación fue la provisión de agua potable.

El Eco

La Defensoría Departamental del Departamento Judicial de Azul, junto al equipo que integra la secretaría de Derechos Sociales, y la Defensoría del Pueblo de Tandil realizaron este lunes una recorrida por las cuadras donde se emplazan precarias viviendas que carecen de servicios básicos, en La Movediza.

Se trata de las familias que viven en las manzanas delimitadas por las calles Formosa, Piccirilli, Salta y Alvarado, zona por la cual la Defensoría del Pueblo tenía una presentación de noviembre de 2017; y por Falkner, Alvarado, Azucena y González Pacheco, donde habitan unas 60 personas, cuya compleja situación fue reflejada días atrás en las páginas de este Diario.

En primer lugar, se concretó una reunión entre el personal de ambas instituciones que se extendió por más de una hora. Allí se acordó trabajar en conjunto para precisar cuáles son las necesidades de cada barrio y coordinar acciones. Posteriormente, hubo una recorrida por el barrio. En ambos casos la problemática resulta similar y el reclamo por la imposibilidad de acceder a servicios básicos como agua y luz, además del estado de las calles, se presenta como el denominador común.

“Lo que hicimos fue hacer un relevamiento para conocer cuáles eran las condiciones y poder escuchar a las personas para escuchar sus reclamos”, resumió el defensor general del Departamento Judicial de Azul, Diego Fernández.

En diálogo con El Eco de Tandil el funcionario indicó que “pudimos conversar con las personas sobre cuáles eran sus reclamos y necesidades, tomamos nota y veremos cuáles son los caminos a seguir”.

Según surgió del intercambio con los vecinos, la principal preocupación apuntó a la imposibilidad de acceder a la red de agua potable pero también demandas vinculadas a la recolección de residuos, iluminación, estado de las calles que dificultan la accesibilidad al lugar.

Con esos elementos, en coordinación interinstitucional, podría generarse una instancia de diálogo como primer paso para buscar caminos de solución, en especial en cuanto a la provisión de agua.

“El acceso al agua supone una acción de salud pública esencial. El tema debe ser abordado desde ese lado, pensar en términos de salud pública es también pensar en garantizar el acceso al agua”, resaltó Fernández.

El trabajo local

Por su parte, la defensora del Pueblo del Municipio, Paula Lafourcade, explicó a este Diario que en noviembre de 2017 habían recibido una presentación  por parte de estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la Unicen sobre la situación de los vecinos de Picirilli y Salta.

A partir de esa denuncia, el organismo solicitó al Gobierno una serie de informes para conocer la situación dominial de esas tierras, los servicios con que cuenta el barrio, entre otras cuestiones.

Luego se sumó el caso de las ocho familias que tienen sus precarias viviendas a pocas cuadras del Plan Federal I, el barrio González Pacheco.

Frente a este escenario, junto con la Defensoría Departamental “nos reunimos para ver cómo había llegado la información de cada uno, cómo podíamos trabajar en conjunto y fuimos a relevar las necesidades en forma directa con los vecinos”, dijo.

En el lugar, mantuvieron un contacto directo con las personas que habitan allí para conocer cómo acceden al agua, a la energía eléctrica, al gas, cuál es el estado de las calles, de las viviendas, la recolección de residuos. “Mostraron muy buena predisposición para contar cuál era la situación en la que vivían”, resaltó Lafourcade.

Desde la dependencia local solicitarán un informe al Municipio y a la Usina sobre la situación en esas manzanas y, en función de ello, evaluarán cómo avanzar. “Fue un primer acercamiento para conocer la situación y tener una llegada directa con los vecinos”, ratificó.

En ese sentido recordó que, ante la primera denuncia, “solicitamos información y nos tienen que contestar sobre la situación dominial” dado que “no tenemos en claro si pertenecen al Estado a un privado”. Por eso, una vez que se resuelva ese aspecto, “se verá cuál es la posibilidad de provisión de servicios”.

En una tarea coordinada, ambas instituciones evaluarán las acciones para abordar la problemática de manera mancomunada.

Nota proporcionada por :

  • ElEcodeTandil

Comentarios

  • La asistencia se debe a quien la necesita
    El no tener el dominio del terreno no te habilita tomar agua no potable: es un tiro en el pie, ya que además de la insensibilidad de gobierno municipal, responsable primario, traerá enfermedades que el propio Estado deberá socorrer
    Siempre es mejor la prevención que el remedio
    No les importa, están convencidos que las elecciones las ganan igual

  • Bueno como primer comentario les diría que en la zona del Centinela tampoco hay agua potable ni gas. El agua, por caso, y tal cual dice el informe “El acceso al agua supone una acción de salud pública esencial” bien entonces esencial ¿para quién, o para quienes? estamos hablando de familias en las que se repite “pedimos información dominial” ¿se puede colegir que quieren saber si son terrenos “usurpados”? ¿Hacia donde debe ir la ayuda social? creo que sería el corolario y haría una pregunta más ¿que es o cual es la ayuda social que se brinda? Hay mucha tela para cortar pero todo se define, en mi opinión personal por dos puntos educación y trabajo (oficios) creo que ahí esta la salida

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