La Defensoría del Pueblo bonaerense respaldó el reclamo por obras en la 226
“La mejora y mantenimiento de las rutas nacionales constituye una obligación del Estado, no una opción”, afirmó.
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires difundió ayer una resolución en la que solicitó al Estado nacional la inclusión de un plan de obras que mejoren la circulación y seguridad en el tramo urbano de la Ruta Nacional 226 que atraviesa Tandil, en los términos que autoridades municipales, representantes de instituciones y vecinos impulsaron durante la audiencia pública convocada en el marco del desarrollo de la Red Federal de Concesiones (RFC).
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailEntre los fundamentos, el organismo provincial que dirige Guido Lorenzino retomó los planteos realizados en distintas instancias, incluida la audiencia pública por las nuevas licitaciones viales que, hasta aquí, no contemplan intervenciones en llamado tramo Atlántico para la traza nacional que pasa por Tandil.
El texto recupera varios de los argumentos expuestos en torno a la demanda de intervenir los 17 kilómetros que atraviesan Tandil, pero también suma razones por las cuales solicita formalmente que se incorpore al último pliego particular la realización de obras en el tramo urbano.
Entonces, la resolución recomienda en su artículo primero al Ministerio de Economía de la Nación, “a fin que de curso a la solicitud realizada por la Defensoría del Pueblo de Tandil, como así también del Intendente y demás asociaciones civiles, ONG e instituciones educativas y barriales de la localidad, a fin que se incorpore al pliego la realización de obras en los 17,5 kilómetros que comprenden la distancia de la RN 226, entre las intersecciones de la ruta Provincial 30 y 74, todo ello en razón de los fundamentos detallados en los considerandos de la presente”.
En paralelo, y con el objetivo de sumar fuerza al reclamo, la Defensoría del Pueblo local acompañó la iniciativa impulsada por vecinos de Villa Gaucho, con el apoyo de la Secretaría de Extensión de la Unicen, para juntar firmas en distintos puntos de la ciudad. “Este pedido no tiene banderas políticas: es una demanda de toda la comunidad”, subrayó Paula Lafourcade, titular de la dependencia local.
La resolución del organismo bonaerense
La resolución presentada por el organismo provincial parte de las facultades conferidas por el artículo 55 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, la Ley 13.834, el artículo 22 del reglamento interno de la Defensoría del Pueblo bonaerense.
Y entre los considerandos alude a la presentación que autoridades, instituciones y vecinos realizaron en reclamo de obras para la travesía urbana y toma algunos de los motivos expuestos para reforzar la solicitud de “una solución a las condiciones de circulación y conectividad” entre la Ruta Provincial 30 y la Ruta Provincial 74, “requiriendo la pronta ejecución de obras de elevación, soterramiento, corredores, semáforos, entre otras soluciones posibles al acceso a la ciudad”.
En otro de los párrafos cita los argumentos expuestos en cada una de las intervenciones y menciona la exclusión del trayecto urbano de la licitación para el tramo Atlántico, que se extiende desde Mar del Plata hasta Bolívar y que contempla únicamente la construcción de rutas seguras desde la ciudad de Balcarce (RP55) hasta la intersección con la RP227 (acceso a Napaleofú).
Tras mencionar las características de la cuidad, su ubicación y rol dentro del entramado productivo de la región, enfocó los motivos en el crecimiento urbano hacia el noreste, que generó “un flujo vehicular y peatonal transversal muy intenso al que la infraestructura vial no ha sabido ni podido responder con soluciones adecuadas y modernas”.
“Durante la última década, hemos asistido a una notable expansión urbana, especialmente hacia el sector noreste de la ciudad, donde se encuentran familias, clubes, escuelas, comercios y la sede central de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia (que alberga a 13.500 alumnos)”, destaca y agrega como barrera física “concreta y limitante” la Ruta Nacional.
Luego, suma referencias a detalles vinculados a la traza nacional, sus “deficiencias operativas” y la “falta de una señalización clara y visible”, y enmarcó el tema en relación al decreto 461/25 con fecha del lunes 7 de julio, por medio del cual el Poder Ejecutivo nacional disolvió la Dirección Nacional de Vialidad, cuyas funciones estarán a cargo del Ministerio de Economía de la Nación.
“Los reclamos no son nuevos”
“Los reclamos no son nuevos, sino que viene solicitándose se realicen obras en el citado tramo desde hace tiempo, siendo la última presentación realizada en las audiencias públicas en el marco de las licitaciones convocadas por la autoridad competente”, expone el texto de la resolución.
En ese sentido, el organismo bonaerense señala la “importancia que reviste una solicitud como la presente, que incluye un pedido legítimo y colectivo acompañado por toda la comunidad, reclamándose al Estado Nacional que garantice el pleno ejercicio de los derechos relacionados con la seguridad vial”, así como también “atender los reclamos de la ciudadanía y acompañar el crecimiento demográfico, asegurando que las rutas sean aptas y seguras para todos quienes transiten por ellas”.
“Obligación del Estado”
“La mejora y mantenimiento de las rutas nacionales constituye una obligación del Estado, no una opción”, afirma la dependencia bonaerense, que indica que esta responsabilidad se basa en la “necesidad de garantizar la seguridad vial, la eficiencia del transporte y el desarrollo económico del país, tal como se encuentra previsto en la Constitución Nacional”.
Entonces, considera que “corresponde al Estado asegurar que las rutas sean seguras, rápidas y económicas, condiciones esenciales para el transporte de personas y bienes, y si bien la participación del sector privado, a través de concesiones, puede ser una herramienta complementaria para la mejora de las rutas, el Estado mantiene la responsabilidad final”.
Entre los dos últimos considerandos, apunta que es misión de la Defensoría del Pueblo “promover, proteger y garantizar de manera activa y sostenida los derechos humanos de todas las personas” que habitan el territorio bonaerense, “incluyendo la seguridad vial y a la circulación segura en las rutas y caminos”.
Y que en razón de los hechos expuestos, “deviene necesario dictar el presente acto administrativo en protección de los derechos e intereses de los ciudadanos tandilenses y bonaerenses en general que utilizan diariamente la ruta nacional citada por encontrarse la problemática en análisis dentro del ámbito de incumbencia del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires”.