La jueza Monserrat advirtió sobre los riesgos del entorno digital

La doctora Silvia Monserrat, titular del Juzgado de Familia 1 de Tandil, reflexionó sobre el impacto de las herramientas tecnológicas en la sociedad. Durante la entrevista con el ciclo Tandil Despierta (EcoTV y 104.1 Tandil FM), la magistrada subrayó que, si bien la tecnología representa un avance significativo, su uso requiere de un marco de responsabilidad y límites claros para evitar que se convierta en un instrumento de control abusivo o desinformación.

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En primer lugar, y en relación al uso de las redes sociales, la jueza y presidenta del Foro de Jueces de Familia de la provincia de Buenos Aires hizo hincapié en la responsabilidad que recae sobre los adultos, especialmente en lo que respecta a la exposición de menores de edad.

“Hay un derecho a la imagen de los niños, niñas o adolescentes que tenemos que cuidar porque esto queda. Aun cuando se borre, esto queda en algún lugar de ese mundo que no conocemos que es internet”, alertó Monserrat. 

En ese marco, planteó que “el problema es la responsabilidad de los padres” frente a esas situaciones, para luego sumar como variable los acuerdos de copaternalidad.

Así, la magistrada advirtió sobre la práctica del sharenting, el acto de compartir imágenes de menores sin su consentimiento, y recordó que la imagen no es propiedad de los padres, sino de los propios hijos. 

Como ejemplo de este límite, citó un antecedente judicial en el que una adolescente impidió mediante la justicia que su madre, una reconocida influencer, utilizara su imagen sin su consentimiento.

Al respecto, señaló que “cada uno de nosotros tenemos derecho a nuestra propia imagen; el uso de nuestra imagen, salvo en espacios públicos, debe estar específicamente autorizado”.

La violencia digital y el rol de la Justicia

Otro de los puntos que la magistrada abordó durante la entrevista fue la definición de la violencia digital como una nueva forma de agresión que se manifiesta principalmente en el ámbito de las parejas. Monserrat explicó que, tras la ruptura de un vínculo, la divulgación de imágenes íntimas sin consentimiento constituye una forma grave de violencia que requiere intervención judicial. 

“La violencia digital tiene que ver con el consentimiento. Los adultos entre sí pueden intercambiar lo que quieran, es su imagen, pero que yo esté intercambiando una imagen con mi pareja no autoriza después a esa pareja, porque nosotros tenemos una ruptura, a divulgar imágenes que eran íntimas”, enfatizó la titular del Juzgado de Familia.

Monserrat incluyó entre los distintos tipos de violencia a la digital y se enfocó después en los mecanismos de control dentro de las parejas, citando el uso de la geolocalización como herramienta para llevar adelante ese dominio, aunque aclaró que también puede ser positivo en cuanto a la posibilidad de informar a un familiar o amigo el lugar en que se encuentra.

Luego, advirtió que, cuando no existe un consenso mutuo, esta práctica debe encender una señal de alerta. “La base de la violencia es la falta de consenso. Si alguien desconfía hasta ese punto de mí y realmente es persistente, tengo que empezar a pensar hasta dónde tiene sentido, si voy a llegar a la luz roja o me voy con la luz amarilla”, sostuvo.

Asimismo, destacó que la justicia tuvo que aprender a trabajar con las plataformas digitales para lograr la eliminación de contenido sensible cuando se producen estas vulneraciones. “Es todo un aprendizaje”, reconoció.

Desafíos ante la inteligencia artificial y la exclusión digital

El avance de la inteligencia artificial también fue objeto de análisis. Monserrat expresó su preocupación por la manipulación de contenido y los riesgos que implica para el sistema judicial. 

“La inteligencia artificial, como las personas, alucina. Esto significa que crea fallos que no existen”, aseguró e instó a sus colegas a mantener el rigor en la investigación y a no depender exclusivamente de herramientas automatizadas que pueden distorsionar la realidad jurídica.

Finalmente, la titular del Juzgado de Familia 1 dedicó un espacio a reflexionar sobre la exclusión de los adultos mayores en un mundo cada vez más digitalizado. 

La magistrada calificó como una forma de violencia la imposición de trámites exclusivamente digitales por parte de bancos y organismos estatales, que dejan fuera a quienes no lograron adaptarse a estas tecnologías.

“No todo el mundo a determinada edad tiene quien lo ayude. Eso lo tiene que tener en cuenta Anses, Pami, los bancos”, concluyó y abogó por un sistema que contemple la atención física como un derecho fundamental para garantizar la inclusión de todos los ciudadanos.

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El Eco de Tandil

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