La “marea verde” tandilense vuelve a las calles
Rocío Liébana, de Mala Junta e integrante de la Campaña, habló sobre el proyecto que busca derogar la ley 26.710.
La sociedad todavía no había superado el estupor por el escándalo parlamentario de la Ley Ómnibus, cuando la diputada de La Libertad Avanza, Rocío Bonacci, presentó un proyecto para derogar la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailEl Eco Multimedios habló con Rocío Liébana, de Mala Junta e integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto, para conocer la opinión del movimiento que el 8 de Marzo saldrá a la calle. Y ahora más que nunca.
Retrocesos
“Nosotros venimos denunciando el ataque de la derecha desde antes de que fueran gobierno. Es un perfil claramente misógino y antifeminista, así que estamos en estado de alerta desde el día uno”, contó Liébana.
Desde el movimiento ven la iniciativa de Bonacci como “una jugada espontánea” de reacción frente al retroceso de la Ley Ómnibus, mediante la cual buscan poner un punto de debate “para dispersar el gran hecho político” que fue lo sucedido en el Congreso.
Tras conocer la noticia del proyecto, las representantes de la Campaña se pusieron a analizar “horrorizadas” los puntos de la propuesta de la legisladora liberal que “retrocede en muchísimos debates, e incluso es más regresivo que el marco normativo que había previo a la IVE”.
El despegue del Ejecutivo
Liébana resaltó el hecho de que la iniciativa no fuera presentada desde el Ejecutivo. De hecho, el vocero presidencial Manuel Adorni salió a aclarar en su habitual conferencia de prensa diaria que se trata de “una discusión legislativa, no es parte de la agenda del Presidente (Javier Milei), no ha sido una decisión del Presidente y no ha sido impulsado de ninguna manera por el Poder Ejecutivo”.
"Esas son cosas que cambian el sentido", sostuvo Liébana.
El documento presentado en Diputados fue acompañado por los legisladores Benedit Beltrán, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y el presidente del bloque libertario, Oscar Zago.
No obstante, Lemoine también se despegó. “Pusieron mi nombre porque dije que iba a acompañar pero que no era momento ahora y me metió igual. Es muy dañino", aseguró la legisladora.
Recordemos que el proyecto de IVE, más allá de que fue un logro histórico de la Campaña, se presentó desde el Ejecutivo. “Eso da un sentido de fortaleza y de trabajo interior -inclusive del poder legislativo- que hace pensar cuál factible es que avance un proyecto”, aseguró la militante feminista.
“Una desprolijidad más”
Ante esto, el balance que realizan es que hay una clara demostración de que “cuando se creen que los espacios legislativos se pueden comprar, hay una cuestión que tiene que ver con el acervo y el conocimiento parlamentario que no se compra. Y eso quedó demostrado”.
“Es una desprolijidad más de este gobierno y la posibilidad de la diputada Bonacci de presentar un proyecto de ley como cualquiera, pero tiene poca posibilidad de que eso tenga incidencia en el debate”, reflexionó Liébana.
“Claramente, la presidencia se corrió de ese debate, porque al igual que nosotras, hoy el punto de necesidad y urgencia no es este tema, sino el hambre, la desocupación y las políticas de ajuste”, afirmó.
El proyecto
La ley 27.610 reconoce el derecho de las mujeres y personas con otras identidades de género personas gestantes a interrumpir su embarazo hasta la semana catorce, inclusive, del proceso gestacional.
Fuera de este plazo, la persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo solo si el mismo fuera resultado de una violación o si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante.
La iniciativa de la diputada libertaria propone cambiar el artículo 88 y establece que “será reprimida con prisión de uno a tres años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible”.
A su vez, plantea que “el juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho”.
Los números de la interrupción del embarazo en Tandil
Durante 2023 se practicaron en todo el sistema público de salud de Tandil 287 interrupciones voluntarias y legales del embarazo (IVE/ILE), prácticamente el doble que en 2021, cuando se realizaron 147.
De acuerdo a datos provenientes del Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) a los que accedió El Eco de Tandil, del total de intervenciones realizadas el año pasado -intervenciones enmarcadas y previstas en la Ley nacional 27.610-, 158 se llevaron a cabo en el Hospital Municipal “Ramón Santamarina”, en tanto que las otras 129 se practicaron en alguno de los Centros de Salud Comunitaria (Cesac) que tiene el Municipio.
El 8 de Marzo, a las calles
Tras conocerse la iniciativa de la diputada, la “marea verde reaccionó rápidamente y generó muchísima virulencia en redes sociales, y demostró que está activa”.
De cara al paro internacional feminista del 8 de Marzo, uno de los puntos del movimiento iba a ser justamente la defensa férrea del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
“Esto es una patada al hormiguero”, aseveró la militante de Mala Junta. Y agregó: “Había quienes decían que nos estábamos anticipando a un escenario, pero nosotras ya veíamos algunas señales de alarma para estar atentas, a la par de otros activismos sectoriales y gremiales”.
Un proyecto que apunta a los profesionales de la salud
Actualmente hay todo un entramado dentro del Sistema Integrado de Salud de Tandil, de los centros comunitarios y el hospital en sí mismo que están garantizando el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
“Este proyecto de ley, inclusive va contra los profesionales de la salud”, aseguró Liébana.
En sus primeros artículos, el proyecto de Bonacci modifica los artículos 85 y 86 del Código Penal de la Nación y propone penas a reclusión o prisión de entre tres a diez años para quienes “causaren un aborto” sin el consentimiento de la mujer; y penas de entre 1 a 4 años, en los casos donde exista consentimiento.
Además, plantea que “sufrirán inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo. El aborto causado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta y con el fin de evitar un peligro inminente para la vida de la madre no es punible, siempre que el peligro no pueda ser evitado por otros medios”.
Liébana advirtió que “estos intentos y estas amenazas no pasan como si nada, y van generando ciertos reparos para quienes hasta ahora venían garantizando dentro del marco normativo”.
“Esperemos que no genere daño en ese entramado, pero la realidad es que si se ponen en juego los puestos de trabajo y hay persecución, cada vez hay más preocupaciones que atender”, sentenció.
El otro riesgo
Ante este escenario, Liébana plantea una situación “preocupante”, que tiene que ver con un sistema de salud que “claramente va a empezar a colapsar, con una cantidad enorme de población que va a dejar de poder acceder de forma privada a la salud y va a acudir al sistema público, con políticas de recorte que ponen no solo la interrupción del embarazo, sino la anticoncepción y la educación sexual integral”.
Esas, justamente, son las tres consignas de campaña que hacen al tratamiento integral de la posibilidad de pensar la sexualidad y la maternidad.
En ese sentido, aseguró que les preocupa “la generalidad de la situación”.
“La Campaña tiene casi 18 años y estas personas no tienen ningún reparo en que quieren volver hacia la clandestinidad. Eso es tristísimo, como tantas otras medidas que toman desde un escritorio, sin poder pensar en las implicancias reales de las personas”, cerró la militante.