La Mesa Intersectorial de Tandil rechazó el proyecto de ley sobre falsas denuncias

La Mesa Intersectorial para la prevención y el abordaje de la violencia familiar y por razones de género del municipio de Tandil emitió un comunicado en el que expresó su rechazo al proyecto de ley sobre “falsas denuncias” que actualmente se encuentra en debate en el Congreso de la Nación. 

La iniciativa propuesta por la senadora de la UCR Carolina Losada  propone modificar el Código Penal para endurecer las sanciones relacionadas con las figuras de "falsas denuncias", "falso testimonio" y "encubrimiento" en contextos de violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos contra la integridad sexual.

Desde el espacio local advirtieron que esta propuesta, que ya cuenta con dictamen favorable y se encamina a ser discutida en el Senado de la Nación, constituye un grave retroceso en materia de derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes. 

Según el documento difundido, la normativa representa un intento de silenciar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, cuestionando sistemáticamente la palabra de las víctimas y deslegitimando las políticas de género implementadas en los últimos años.

Un ataque a las herramientas de protección

Para los integrantes de la Mesa, el proyecto no solo busca castigar, sino que funciona como una herramienta para desmantelar los mecanismos fundamentales de protección que el Estado ha construido. 

En este sentido, recordaron que el reconocimiento de la violencia de género y el abuso sexual como delitos contra la integridad de las personas fue el resultado de décadas de lucha por parte de organizaciones feministas, movimientos sociales y organismos de Derechos Humanos.

El comunicado destacó que, recientemente, las víctimas han comenzado a sentirse acompañadas y cuidadas por las instituciones estatales al momento de formalizar una denuncia. Sin embargo, alertaron que estos avances, respaldados por estadísticas que enumeran a las víctimas por decenas, se encuentran hoy en peligro debido a una propuesta legislativa que, lejos de promover la justicia, intenta obstruir el acceso a la misma a través del miedo y la criminalización de la denuncia.

Estadísticas frente al discurso de la falsedad

Además, la Mesa Intersectorial aportó datos técnicos para contrastar los argumentos que sostienen el proyecto de ley. 

Según señalaron, diversos estudios indican que las falsas denuncias en Argentina representan apenas el 0,3 por ciento del total. En contraposición, la problemática real reside en la falta de denuncias y en la impunidad persistente en los delitos de integridad sexual.

Se estima que, de cada mil abusos cometidos, solo se denuncian cien, lo que representa apenas el diez por ciento de los casos. La cifra se vuelve aún más alarmante al observar el proceso judicial: de ese universo, solo uno recibe condena, lo que equivale al 0,001 por ciento. 

"El problema no es la existencia de falsas denuncias, sino la falta de denuncias en estos casos", sentenciaron desde el organismo local, subrayando que el proyecto de ley ignora esta realidad estructural.

El riesgo de la extorsión y el silencio

El rechazo de la entidad tandilense se fundamenta también en el riesgo de avalar un nuevo obstáculo para las presentaciones judiciales genuinas. El texto advirtió que se está "extorsionando con el castigo a quien se atreva a denunciar", lo cual genera un efecto disuasorio en delitos que, por su naturaleza, ya son extremadamente difíciles de llevar al ámbito judicial.

Además, el impacto de esta posible reforma no se limita a las víctimas directas, sino que se extiende a los profesionales de la salud, la educación y el ámbito social. Estos trabajadores tienen la obligación legal de denunciar ante cualquier sospecha de vulneración de derechos. Bajo un régimen que persiga penalmente las supuestas falsas denuncias, estos actores podrían verse condicionados o intimidados, lo que debilitaría sensiblemente las redes de cuidado y prevención territorial.

La necesidad de fortalecer políticas públicas

Frente a este escenario, la Mesa Intersectorial de Tandil reafirmó la necesidad de transitar el camino inverso al propuesto por el legislativo: fortalecer las políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia y el acompañamiento integral. 

El organismo instó a profundizar la formación con perspectiva de género y niñez en todos los niveles y poderes del Estado.

Finalmente, el comunicado hizo un llamado a la responsabilidad de los representantes legislativos, comprometiéndolos ante cualquier situación que pretenda devolver la violencia machista y el abuso en la infancia a la "esfera de lo indecible". 

La postura del espacio local fue muy clara: la protección de los derechos humanos debe primar sobre cualquier intento de retroceso normativo que ponga en duda la palabra de las víctimas.

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