La Nación retiró a Río Paraná los servicios en rutas nacionales y Vía Bariloche comenzó a explotarlos
El Gobierno nacional resolvió quitar a la empresa Río Paraná SA el permiso de los Servicios de Transporte por Automotor de Pasajeros de Carácter Interurbano de Jurisdicción Nacional (siete públicos y seis de tráfico libre) que le habían sido cedidos desde junio de 1992 y otorgar una autorización “precaria y provisoria” a la firma Vía Bariloche SA para la explotación de los mismos.
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La decisión fue publicada ayer en el Boletín Oficial, a través de la Resolución 86/2018 de la Secretaría de Gestión del Transporte del Ministerio de Transporte de la Nación, y se fundamenta en los reiterados incumplimientos de la centenaria empresa de transporte de Tandil, que viene enfrentando en los últimos meses una grave situación financiera.
En los considerandos, la cartera nacional realiza un minucioso repaso de las diferentes instancias de incumplimiento por parte de la empresa y, en base a la información recolectada de las distintas áreas técnicas, concluye que “ha abandonado la prestación de sus servicios y, además, ha dejado de revestir las cualidades de idoneidad técnica ponderadas a los efectos de autorizar la prestación de sus servicios, por cuanto se han detectado debilidades en su institucionalidad, al grado de desconocer sus actuales autoridades, debilidades en su capacidad patrimonial dado que la misma no ha presentado sus estados contables y, a su vez, presenta una considerable cantidad de deudas líquidas y exigibles en estado de judicialización”.
Por otro lado, expone que “la hipotética prestación de servicios con los vehículos de su flota resultaría insegura y violatoria de las normas de tránsito vigentes, habida cuenta que la misma no posee sus vehículos correctamente asegurados; resultando por tanto necesario disponer las medidas pertinentes para la continuidad del servicio, mediante una operadora que revista las calidades mínimas exigidas para tal fin”.
La convocatoria
Frente a esta situación, el Gobierno convocó a interesados en la prestación “precaria” del servicio retirado a Río Paraná y se presentaron las empresas Vía Bariloche SA y Expreso Tigre Iguazú SRL -ambas pertenecientes al mismo grupo empresario-, Derudder Hermanos SRL, General Urquiza SRL, y Transportes Automotores Plusmar SA.
Según se detalla en la resolución, Vía Bariloche y Tigre Iguazú “fueron las únicas que dieron cumplimiento con la documentación exigida en el Anexo I de la Resolución 129/17 de la Secretaría de Gestión de Transporte y en el edicto publicado en fecha 26 de abril de 2018, se efectuó la pertinente evaluación conforme los parámetros establecidos en el Anexo II de la resolución mencionada”.
Finalmente, la dependencia nacional concluyó que “según la Resolución 129/17, corresponde otorgar una autorización precaria y provisoria a la firma Vía Bariloche SA para la explotación de los servicios objeto de la convocatoria”.
La continuidad
del personal
En tanto, el artículo 2 de la resolución, establece que “la empresa Vía Bariloche SA deberá absorber al personal en relación de dependencia correspondiente a los Servicios de Transporte por Automotor de Pasajeros de Carácter Interurbano de Jurisdicción Nacional establecidos en los anexos aludidos en el artículo 1 de la presente resolución, manteniendo indemne la situación de revista de cada trabajador, respetando lo relativo a salario, categoría, antigüedad y demás beneficios derivados del respectivo convenio colectivo de trabajo y actas complementarias aplicables a la actividad”.
En este sentido, indica que “la empresa Vía Bariloche SA deberá presentar dentro del plazo de 10 días, prorrogables por igual término, ante esta Secretaría de Gestión de Transporte, el acta suscripta con la Unión Tranviarios Automotor, en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que acredite la absorción del personal en relación de dependencia mencionado. El incumplimiento de este plazo facultará a esta Secretaría de Gestión de Transporte, a reiniciar el proceso de selección y a ejecutar las garantías constituidas respecto de la propuesta”.
Los principales
fundamentos
En la disposición del Gobierno nacional, se detalla entre varios aspectos que Río Paraná SA “reviste calidad de permisionaria de Servicios de Transporte por Automotor de Pasajeros de Carácter Interurbano de Jurisdicción Nacional, en los términos del Decreto 958 del 16 de junio de 1992, a saber: (siete servicios públicos y seis de tráfico libre), uno de los cuales se encuentra siendo brindado por la empresa Aguila Dorada Bis Sociedad Anónima, a través de un acuerdo de gerenciamiento”.
Se exponen luego las denuncias efectuadas por la Unión Tranviarios Automotor -UTA- contra la centenaria firma tandilense ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. En la primera, que fue realizada el 16 de marzo pasado, el gremio señaló que “dicha firma no estaría cumpliendo con las obligaciones asumidas al no prestar la cantidad, ni la calidad de servicios autorizados”.
Posteriormente, el 5 de abril, la Comisión de Regulación del Transporte comprobó que “la permisionaria no cumple con las exigencias en materia de seguros de sus vehículos, que posee deudas en materia de multas y de Tasa Nacional de Fiscalización del Transporte, que no cumple con la presentación de los estados contables; que el Acta de Directorio por la cual se designaron las autoridades del órgano de administración de la empresa no se encuentra inscripta en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas”.
Días después, el 13 de abril, se detalla que “la UTA efectuó una nueva denuncia, en la que informó sobre la situación de incumplimiento del servicio público de larga distancia por la empresa Río Paraná SA, expresando que la misma no presta servicio de partida y arribo desde la Estación Terminal de Omnibus Retiro desde el 12 de marzo del corriente año”.
En el mismo sentido, se menciona que “el 13 de abril la Terminal de Omnibus de Buenos Aires Sociedad Anónima remitió copias de los listados de servicios no cumplidos por la empresa Río Paraná Sociedad Anónima, de los cuales surge que no cumplió con 218 servicios en el período comprendido desde el 19 de marzo de 2018 hasta el 12 de abril de 2018”.
Ese mismo día, además, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte remitió a la Secretaría de Gestión de Transporte una nota con el objeto de informar el estado de situación de la empresa tandilense y de comunicar que ha constatado que “ha incumplido los servicios a su cargo durante el período comprendido desde el 21 de marzo de 2018 al martes 27 de marzo de 2018”.
En efecto, desde la cartera nacional se solicitó al día siguiente la caducidad del permiso de la empresa prestataria Río Paraná SA por el incumplimiento de los servicios que le fueron oportunamente otorgados.
Se indica luego que el 16 de abril, la UTA efectuó una presentación en la que manifestó que la centenaria firma tandilense “no prestaba los servicios de transporte automotor de carácter nacional, así como tampoco los de carácter provincial, encontrándose en una grave situación económica, con deudas impositivas y previsionales y falta de pago de seguros, entre otros incumplimientos, solicitando en ese entendimiento se proceda a caducar los permisos otorgados a la permisionaria y a otorgar una autorización precaria a otro operador a efectos de garantizar la prestación de los servicios y evitar conflictos laborales”.
Finalmente, entre otras irregularidades que derivaron en la resolución adoptada por el Gobierno nacional, se precisa además que “la deuda en concepto de multas (notificadas y con planes de pago judiciales caídos) de la empresa Río Paraná SA al 17 de abril de 2018, ascendía a 1.516.913,31 pesos; y la deuda en concepto de Tasa Nacional de Fiscalización del Transporte a 115.454.40 pesos”.
La UTA busca retomar las
negociaciones con la empresa
para normalizar la situación
En diálogo con el ciclo radial “No hay dos sin tres” (104.1 Tandil FM), el secretario regional de la Unión Tranviarios Automotor -UTA-, Gustavo Morales, reconoció que se encontraban en alerta para conocer la resolución y con la perspectiva de que finalmente se le asignen esas rutas a Vía Bariloche, que se había quedado con el personal que cumplía tareas con Río Paraná.
Reconoció que tenían cierta expectativa para poder retomar la negociación con la firma a cargo ya que “no ha cumplido con lo pactado hasta ahora”, en función de los salarios de los choferes que aún no fueron puestos al día, en definitiva, con el convenio colectivo de trabajo.
De todos modos el sindicato concedió tiempo antes de propulsar medidas concretas para revertir este escenario y que se regularice el pago de los haberes adeudados. “Nos vamos a reunir con los choferes para saber a quiénes les han pagado, vamos a controlar que los recibos estén bien y sino haremos los reclamos correspondientes”, remarcó.
Por el momento no efectuaron ninguna presentación, por lo que se mantiene el contacto permanente con la gerencia de Vía Bariloche. “Hay un compromiso para pagar la antigüedad, horas trabajadas”, entre otros ítems, alertó el dirigente que resiste en el cargo.
Según Morales, la patronal abonó los salarios básicos, sin antigüedad y presentismo, pese a que se comprometieron a pagar la totalidad de los sueldos tal cual las condiciones.
No obstante, ratificó que se incorporó “a la totalidad” de los empleados que estaban afectados a la empresa perteneciente a la familia Morel y que los aportes sindicales se encuentran actualizados.
Para finalizar, el secretario regional de la UTA aseguró que, tras la irrupción de la nueva empresa, el servicio de larga distancia mejoró pese a que aún persisten ciertas falencias, algunas de las cuales refieren a la demora en los horarios de llegada y salida de las unidades. Así, dijo que aguardan por la inversión para incorporar nuevas unidades que lleven a mejorar los servicios.
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