Piden la suspensión del desalojo compulsivo de la toma de La Movediza

La Defensoría Oficial presentó ayer un recurso de apelación con efecto suspensivo de la resolución dictada por el Juzgado de Garantías a cargo de José Alberto Moragas, que otorgó un plazo máximo de 45 días a las familias para que desocupen el predio de Piccirilli al 1000, en La Movediza, con la advertencia de avanzar en un desalojo compulsivo en caso de incumplimiento.

La medida que interpuso el titular de la Unidad Funcional de Defensa Descentralizada 3 del Departamento Judicial de Azul, Diego Araujo, enumera una serie de argumentos sobre los cuales sustenta la solicitud presentada ante la Cámara de Apelación y Garantías.

Con el planteo, según consta en uno de los párrafos del documento, no pretende dilatar la ejecución de la medida sino instar a que la decisión que se adopte "modere los derechos e intereses en juego”, dando oportunidad de resolver el conflicto de “forma pacífica, evitando el uso de la fuerza y ofreciendo un tiempo que resulte razonable para evaluar y atender la situación socio ambiental de todas la familias que aún permanecen en el predio”.