Por la familia trasladada a Tandil, el concejal azuleño Puyou ampliará la denuncia a otros funcionarios

Agustín Puyou es el concejal del bloque UCR de la ciudad de Azul que denunció al funcionario azuleño implicado en el traslado de una familia en situación de vulnerabilidad, desde la localidad vecina hasta Tandil. En diálogo con El Eco, Puyou adelantó que ampliará su denuncia hacia otros responsables del área de Desarrollo de la Comunidad, y-contemplando que existe una investigación al respecto- consideró que lo ocurrido forma parte de un plan para echar de la ciudad al grupo familiar.

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“Al momento del traslado los dejaron en la Estación, que no la conozco pero me dicen que está abandonada. Y eso fue con una trabajadora social aceptando el consentimiento de que una familia sea depositada en un lugar abandonado. Es por lo menos absurdo. Creo que esto es una maniobra de toda la Secretaría (de Desarrollo de la Comunidad) para sacarse de encima lo que ellos consideran un problema y tirárselo a una ciudad vecina”, transmitió Puyou.

“Un problema por la solución habitacional de esta familia. Creo que como no lo pudieron resolver, tomaron la decisión de trasladarlos en una combi y dejarlos. Creo que es un plan orquestado para efectivamente desligarse de sus responsabilidades”, planteó el edil, quien sumó dudas con respecto al consentimiento del traslado: “Mirá qué tan rápido decidieron un cambio de vida que no se llevaron ni un buzo, ni un cargador de teléfono, ni una sola de sus pertenencias, ni una botella de agua. Resulta cuanto menos absurdo, y un intento de encubrimiento de algo que han incumplido los funcionarios”, sentenció.

El caso de la familia de Azul

El viernes 14 tomó estado público que el Municipio de Azul trasladó a Tandil a una familia en situación de vulnerabilidad. Funcionarios locales brindaron asistencia al grupo, mientras que desde la localidad vecina, el concejal Agustín Puyou inició una denuncia contra el responsable de Desarrollo de la Comunidad - Omar Seonae-, por abuso de autoridad, incumplimiento de funcionario público y abandono.

“Adelanto que voy a ampliar la denuncia”, transmitió Puyou. "Voy a ir hasta las últimas consecuencias. Esto no es una cuestión política. Yo soy concejal, tengo el deber de denunciar los delitos que eventualmente tengo las sospechas de que se hayan cometido y acá hay pruebas más que suficientes como para denunciarlo”, sumó.

Puyou repasó la cronología del caso, desde que su secretaria recibió a una de las mujeres de la familia solicitando ayuda. Se trata, contó, de un grupo familiar en situación de vulnerabilidad que residía en un asentamiento conocido como “Los Piletones”, sobre el que rige una orden de desalojo producto de la contaminación existente. En el lugar funcionaba una curtiembre.

Tras recibir el lunes 10 un pedido de ayuda de una de las mujeres de la familia. Fue por una situación de violencia por la cual ya la Justicia había dictado una custodia dinámica. Entonces, relató, dio aviso a las autoridades comunales de Azul, pero la respuesta, marcó, tardó en llegar.

Luego de conocer que el gobierno azuleño había recibido a la familia el jueves 13, se enteró ese mismo día del traslado a Tandil. La mañana del viernes 14, luego de contar con los ya conocidos detalles del caso, presentó la mencionada denuncia.

El concejal planteó que más allá de que pueda o no haber habido consentimiento de parte de la familia, ante tal situación correspondía proceder de otra manera. “No han dado todavía ningún documento que pruebe el consentimiento, pero aún  mostrándolo, hay un conjunto de protocolos que se deben seguir. Uno tiene que notificar al Juzgado”, consideró, para luego agregar que “hay que corroborar las condiciones materiales, tienen que estar todos informes sociales que efectivamente corroboren que se van air a una vivienda, con un trabajo, y todo eso no está, no existe. Lo único que dicen es que hay un consentimiento, pero el consentimiento no basta”, planteó.

Reclamo desde Bolívar

Puyou fue consultado también por el reclamo del padre de uno de los menores del grupo familiar. Un vecino de Bolívar solicitó la restitución de su hijo, parte también de la familia trasladada.

“Lo he leído por trascendidos periodísticos. De ser así es aún más grave porque además hay un padre que está reclamando la tenencia”, indicó.

“Con lo cual hay otro desconocimiento, otro incumplimiento de una orden judicial. Cada cada vez que uno se acerca al problema se agrava cada vez más.

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