Por quinto año consecutivo, una multitud salió a la calle bajo el grito “Ni una menos”
Reclamaron que el Ejecutivo municipal declare la Emergencia Pública en Materia de Violencias de Género que “lleva más de tres años en un cajón sin poder tratarse en el Concejo Deliberante”. Y sostuvieron que “la desidia del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Miguel Lunghi nos asesina en cada desfinanciamiento presupuestario destinado a erradicar la violencia de género, en las políticas públicas de retroceso y de hambre”.
Con el enfático pedido de que se declare la emergencia en violencia de género una multitud volvió a salir a la calle bajo el grito “Ni una menos”. En consonancia con lar marchas en el resto del país, la movilización serrana recorrió las calles céntricas para visibilizar la problemática de la violencia de género. Asimismo, se plantearon otros reclamos históricos del colectivo de mujeres feministas como la legalización del aborto.
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Pocos minutos después de las 18 la multitud se encolumnó detrás del lema “Ni una menos” en Pinto e Yrigoyen y desde allí comenzaron a recorrer lentamente el centro de la ciudad.
Unas 1500 personas, mayormente mujeres de diversas edades, hicieron oír su voz recorriendo las arterias acompañadas por el sonido de sus bombos y los cantos que claramente reflejaron sus reclamos.
“Abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer”, cantaron mientras avanzaban por 9 de Julio ante la mirada atenta de los transeúntes y de los comerciantes.
Integrantes de diversas agrupaciones sociales, estudiantiles y políticas plantearon las problemáticas diversas que forman parte del lema “Ni una menos” con el verde y el violeta característicos de la lucha que encabezan.
“Nos tienen miedo porque no tenemos miedo”, gritaron. “Ni una menos por abortos clandestinos”, “Seguimos gritando para que no nos maten”, “vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, “la violencia deja marcas, no verlas deja femicidas”, expresaron algunos carteles.
“A la Iglesia Católica Apostólica Romana, que se quiere meter en nuestras camas, les decimos que se nos da la gana ser put…, travestis y lesbianas”, cantaron y agregaron “aborto legal en el Hospital”.
Un grupo de mujeres teatristas realizó una representación durante toda la movilización y luego, al llegar a la explanada municipal, de las 146 trabajadoras textiles que murieron incendiadas en una fábrica en 1911.
La movilización concluyó con la lectura de un comunicado con los reclamos puntuales.
El comunicado
En el comunicado remarcaron que al igual que todos los años desde 2015 se encuentran otra vez en las calles “reclamando contra la violencia machista que nos mata todos los días. En 2018 las mujeres víctimas de femicidio fueron 278, y en lo que va de este año superan las 135. En 2018 se registraron 147 crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género, de los cuales 67 resultaron en muertes, y de estas muertes 43 eran mujeres trans. Y cada día se suman nuevos casos”.
“Mujeres y disidencias sexuales somos oprimidas en cada espacio de nuestras vidas por la cultura heteropatriarcal que nos cosifica, explota y margina. Es una opresión trazada no sólo por la violencia de género sino también profundizada por las de clase y etnia. La desidia del Gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Miguel Lunghi nos asesina en cada desfinanciamiento presupuestario destinado a erradicar la violencia de género, en las políticas públicas de retroceso y de hambre, en cada penalización, criminalización y mercantilización de nuestros cuerpos e identidades”, expusieron.
Y dijeron “Ni una Menos” por “violencia económica que el actual proceso de ajuste genera sobre las mujeres y disidencias. En los últimos tres años, las mujeres hemos visto un incremento en la brecha salarial, mayores índices de desocupación y peores condiciones de contratación en relación a los varones. Esta situación se agudiza para la población travesti y trans. En este sentido, decimos ni una más precarizada”.
Asimismo, plantearon que la “asfixia por la situación económica, impulsa a mujeres y madres a utilizar el nuevo crédito de Anses, otro mecanismo perverso de este Gobierno, para cubrir necesidades básicas para ellas y sus hijos, hipotecando sus ingresos. No queremos ni una más pagando la comida en cuotas”.
En ese contexto, remarcaron la necesidad de la Ley de Emergencia en Violencia de Género.
“La situación de emergencia que vivimos se refleja en datos concretos. Pero a esos datos, muchas veces los tenemos que reconstruir nosotras mismas debido a la falta de información que aún reina y que justifica la inacción y el desfinanciamiento. Con la finalidad de generar medidas concretas para combatir la violencia machista, desde distintas organizaciones, se presentó en el Congreso el 24 de mayo un proyecto de declaración de emergencia nacional en violencia contra las mujeres”, indicaron.
Desde el mismo se plantea la necesidad de destinar presupuesto extraordinario y reasignar partidas para desarrollar medidas de urgencia en la prevención y asistencia en situación de violencia en este contexto de emergencia social en materia de género.
Los reclamos al Municipio
En tanto, exigieron que el Ejecutivo municipal trate el Proyecto de Declaración de Emergencia Pública en Materia de Violencias de Género que “lleva más de tres años en un cajón sin poder tratarse en el Concejo Deliberante. El mismo prevé un abordaje integral de la violencia machista, garantizando una política de vivienda, trabajo y de subsidios, entre otras cuestiones de relevancia, para garantizar nuestra autonomía económica y asistir y erradicar las violencias”.
Denunciaron además que en la ciudad “las mujeres y disidencias pobres, tenemos grandes dificultades para el acceso efectivo al Sistema Integrado de Salud con demoras en los turnos y colapso en el nivel primario de atención. Denunciamos que incluso hay barrios de esta ciudad sin centros de salud comunitaria cercanos”.
“Denunciamos las dificultades y la revictimización que sufren quienes asisten al Hospital Municipal en casos de lesiones por violencia de género, debido a las largas esperas en condiciones inseguras y al completar historias clínicas de manera parcial y sesgada. Observamos con preocupación las actuales dificultades en la obtención de métodos anticonceptivos”, manifestaron.
En ese sentido, detallaron que existen listas de esperas que desalientan la concreción de algunos métodos y la negación de profesionales a realizar prácticas, como la vasectomía y la ligadura de trompas, con argumentos que desconocen los derechos adquiridos a partir del andamiaje jurídico vigente.
Repudiaron además la “obstaculización de prácticas de interrupción legal del embarazo que se registran en el segundo nivel de atención, eludiendo las leyes vigentes que las amparan”.
“En Tandil se realizan 170 denuncias mensuales por violencia machista e intrafamiliar, pero, de acuerdo a las estadísticas, la mayoría de las situaciones de violencias no son denunciadas. En nuestra ciudad los dispositivos de atención se activan a partir de la denuncia, lo que demuestra que no existe un abordaje preventivo y de sensibilización. Denunciamos el enfoque parcial y fragmentado de atención a las situaciones de violencia de género con el que funciona la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual”, sostuvieron.
Y cuestionaron la insuficiencia presupuestaria que “no sólo impide y niega la atención integral y prolongada de las situaciones, sino que además no se actualiza respecto de la inflación”.
“Denunciamos también la necesidad de fortalecer los equipos técnico-profesionales de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual y de la Casa de Abrigo Marta Pelloni con personal capacitado e idóneo, que se desempeñen en condiciones laborales dignas y ambientes de trabajo sanos y libres de violencia. En este sentido, no olvidamos la denuncia por violencia laboral efectuada contra la titular del área que, lejos de obtener un tratamiento adecuado, tuvo como única resolución la reubicación de las trabajadoras denunciantes y el sostenimiento de la responsable de la Dirección en su cargo”, criticaron.
“En nuestra ciudad, las mujeres y disidencias que asisten por situaciones de violencia a cualquier comisaría no reciben la atención necesaria y sólo son derivadas a la Comisaría de la Mujer y la Familia. La comisaría de la Mujer y la familia no cuenta con el personal suficiente ni capacitado. Tampoco dispone de insumos ni mecanismos de seguridad internos ante situaciones complejas que se puedan presentar en el desempeño de sus tareas. Exigimos al Poder Ejecutivo Municipal que interceda para solicitar los recursos a la Provincia”, sostuvieron.
En tanto, expusieron que “cuando la justicia dicta medidas de protección existen dificultades en la notificación sobre todo a los agresores, tornando inefectivas las medidas de protección, y agravando así el riesgo para las mujeres”.
“Por otro lado, las mujeres, trans y travestis tienen serias dificultades para el acceso a la justicia. En lo que respecta al patrocinio gratuito, porque se registra una gran demanda en instituciones colapsadas y porque los criterios de acceso son restrictivos”, manifestaron.
Y plantearon que “si bien el Municipio creó el programa Acceder, desde la puesta en marcha del mismo vemos con preocupación que mientras crece la demanda de acceso a la justicia, este programa subejecuta el presupuesto destinado al mismo, y se presenta como inaccesible para quienes lo necesitan debido a las grandes limitaciones en su puesta en marcha. Numerosos actores vienen exigiendo la readecuación de la ordenanza para ampliar la cobertura de gastos y generar mecanismos de acceso reales, para quienes lo necesitan con urgencia”.
