El presidente del bloque de concejales de Fuerza Patria, Rogelio Iparraguirre, expuso una mirada crítica sobre la situación que atraviesa el sistema de salud pública de Tandil, al sostener que la problemática actual no responde a un hecho aislado ni a una coyuntura reciente, sino a una serie de decisiones estructurales que modificaron el funcionamiento del sistema y que, según indicó, no fueron adecuadamente gestionadas a nivel local.

En ese marco, el edil vinculó el escenario actual con los cambios impulsados a nivel nacional por el gobierno de Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger, que derivaron en la desarticulación del esquema que centralizaba y facilitaba el cobro de prestaciones a obras sociales y prepagas a través de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Según planteó, la eliminación de ese sistema generó un modelo descentralizado en el que cada hospital municipal debe gestionar por su cuenta el recupero de costos, negociando individualmente con entidades que cuentan con mayor capacidad financiera y operativa. En ese contexto, describió un escenario “desigual” en el que los efectores públicos locales quedan en desventaja frente a grandes prestadores nacionales.

A esa situación se suma, de acuerdo a su análisis, un incremento sostenido de la demanda en el sistema público. El edil explicó que este crecimiento no solo responde a personas sin cobertura médica, sino también a usuarios que, aun teniendo obra social o prepaga, optan por el hospital público ante demoras, incumplimientos o deficiencias en la atención.

Este doble fenómeno —mayor demanda y dificultades para cobrar las prestaciones— genera, según indicó, una distorsión concreta: el sistema público atiende, pero no logra recuperar los costos en tiempo y forma. Esa brecha, advirtió, termina siendo cubierta con recursos municipales, es decir, con el aporte de los contribuyentes.

En ese sentido, remarcó que la deuda acumulada de obras sociales y prepagas con el sistema de salud pública de Tandil asciende a unos 3.600 millones de pesos, una cifra que calificó como determinante para entender la tensión financiera actual.

Frente a este panorama, el concejal cuestionó el rol del Municipio al considerar que no alcanza con exponer el problema. En su planteo, subrayó que la gestión debe rendir cuentas sobre las acciones concretas implementadas para enfrentar la situación, incluyendo detalles sobre estrategias de cobro, volumen de deuda reclamada, procesos judiciales iniciados y resultados obtenidos.

En esa línea, también puso el foco en decisiones que, a su criterio, no se tomaron a tiempo. Entre ellas, mencionó la posibilidad de adherir al Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO) de la provincia de Buenos Aires, una herramienta que permite centralizar el recupero, mejorar la escala de negociación y optimizar los niveles de facturación.

Iparraguirre señaló que esta alternativa fue planteada en reiteradas oportunidades e incluso abordada en instancias de diálogo con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, pero que finalmente no se concretó. Según sostuvo, la decisión de continuar con un esquema de gestión individual derivó en un sistema más “artesanal”, con mayores costos administrativos y menor capacidad de respuesta.

En paralelo, advirtió que este modelo termina generando un efecto indirecto: el sistema público actúa como sostén financiero de obras sociales y prepagas, al brindar prestaciones que no son compensadas en tiempo oportuno, lo que profundiza el desequilibrio presupuestario.

A partir de este escenario, el bloque de Fuerza Patria presentó un pedido de informes en el Concejo Deliberante con el objetivo de acceder a información detallada y promover mayores niveles de transparencia en la gestión.

Por último, el edil planteó la necesidad de avanzar en una revisión más amplia del modelo sanitario local. En ese sentido, propuso explorar esquemas de regionalización por servicios en el Hospital Ramón Santamarina y destacó experiencias previas, como la reconversión del ex Dispensario en un centro regional para la atención de enfermedades crónicas, que permitió ampliar significativamente la capacidad de respuesta del sistema.

Desde su perspectiva, el desafío no se limita a diagnosticar la situación, sino a implementar medidas concretas que permitan garantizar la sustentabilidad del sistema, mejorar su eficiencia y resguardar los recursos públicos en un contexto cada vez más exigente.

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