“Se intenta contraponer un mecanismo de acceso muy restringido”

El concejal Severiano Mon analizó la postura del bloque de Unión por la Patria respecto al proyecto del Ejecutivo nacional que busca desmantelar el régimen de la Zona Fría, una normativa que actualmente otorga descuentos de entre el 30 y el 50 por ciento en las tarifas de gas. En diálogo con El Eco Multimedios, el edil recordó que la ampliación de este beneficio, lograda en el año 2021, fue el resultado de un amplio consenso político y una demanda histórica de diversas regiones del país para ser reconocidas por sus particularidades climáticas.

Mon remarcó que la ley de 2021 no fue una medida arbitraria, sino que se fundamentó en criterios técnicos. "Fue una conquista de diversos sectores políticos y de muchísimas instituciones de la sociedad que pelearon muchísimos años", subrayó. En ese sentido, destacó la importancia del informe basado en la norma IRAM 11603:2012, que estableció una clasificación bioambiental de la República Argentina. Según explicó, este estudio avaló que la región de Tandil posee condiciones climáticas que hacen indispensable un tratamiento diferencial para el costo de la calefacción.

El referente del peronismo local advirtió que la administración que encabeza el Presidente Javier Milei intentó, desde su asunción, derogar esta normativa a través de la Ley Bases y que, tras el fracaso de aquel intento, vuelve a la carga con un nuevo proyecto de ley. Según explicó Mon, la propuesta oficialista busca retrotraer la ampliación de 2021 y sustituirla por un sistema de "subsidios energéticos focalizados", el cual generó una gran incertidumbre en la comunidad debido a la falta de información clara sobre su implementación y criterios de acceso.

El concejal denunció que el argumento gubernamental sobre la supuesta insuficiencia del fondo fiduciario que financia el sistema es una "excusa" para avanzar con el ajuste. Sostuvo que, al liberar los precios de los servicios públicos, el Gobierno nacional rompió el equilibrio que permitía que el régimen se autofinanciara. "Lo que se intenta es eliminar la Zona Fría y contraponer un mecanismo de acceso muy restringido, con un subsidio mucho menor al que se tiene actualmente", sentenció.

A esta situación se sumó, según el edil, la eliminación o estancamiento del Programa Hogar, lo que dejó desprotegidos a los sectores que dependen de la garrafa. Mon recordó que el beneficio no fue actualizado, mientras que los precios del gas envasado fueron liberados, obligando a los vecinos de menores recursos a gastar sumas que afectan severamente su economía doméstica. Para el legislador local, estas medidas demuestran un "ajuste a todos" que no contempla la realidad social de las familias ni de los pequeños comerciantes.

El debate en el recinto

Ante el inminente tratamiento en el Concejo Deliberante, Mon adelantó que estarán acompañando no solo el rechazo al recorte, sino también un pedido de precisiones al Ejecutivo nacional. El edil remarcó que el gas debe ser entendido como un "salario indirecto", una herramienta del Estado para evitar que el peso total del costo de vida recaiga sobre los ingresos de los trabajadores.

El debate en el recinto local se presenta como un espacio de representación de los intereses de Tandil frente a decisiones de alcance nacional. Mon hizo un llamado a los demás bloques políticos a priorizar las necesidades de la ciudad por sobre las alineaciones partidarias con la Casa Rosada. "Cuando las cosas afectan a Tandil, uno tiene que dejar un poquito de lado su adhesión a un gobierno nacional y pensar en la gente", manifestó.

Finalmente, el legislador vinculó la posible quita de subsidios con la crítica situación que atraviesan los jubilados y pensionados. Señaló que, con haberes mínimos que se encuentran estancados, una persona mayor que necesite calefaccionarse enfrentará tarifas plenas o beneficios significativamente reducidos. "Estamos en una situación de complejidad con los jubilados que cobran la mínima, donde el 75 por ciento está bajo la línea de pobreza", concluyó, enfatizando que el Estado tiene la obligación de garantizar derechos básicos ante la llegada de la temporada invernal.

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