Suspendieron el juicio oral por el caso del recolector fallecido y reclaman el cambio de carátula

Días atrás el fiscal Luis Piotti tomó la determinación de pedir la suspensión del juicio oral por el caso de Matías Martínez, el recolector que perdió la vida al ser arrollado por un camión mientras estaba trabajando, y el abogado de la familia de Martínez pidió que se cambie la carátula de la causa y que se eleve la causa a juicio oral.

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Cabe recordar que el luctuoso hecho tuvo lugar el 8 de abril de 2016 cuando Matías Martínez se encontraba cumpliendo el recorrido en el barrio La Movediza, en la intersección de Paseo de los Abuelos y Piccirilli. El accidente sucedió cuando el chofer hizo marcha atrás con el camión y arrolló a su compañero, que sufrió gravísimas heridas que le ocasionaron la muerte.

Desde ese momento hasta ahora hubo idas y vueltas en torno al archivo y desarchivo de la causa, a raíz de que la familia del trabajador fallecido siempre siguió reclamando que se hiciera justicia, no sólo respecto al conductor del camión, sino al delito subsidiario de encubrimiento por parte del Municipio.

El abogado de la familia, Osvaldo Zarini, recordó que “la última noticia era que el fiscal general había sugerido que la conducta del conductor que atropelló a Matías debería ser merecedora de una responsabilidad penal, por el otro lado se debería investigar el delito de encubrimiento, que surge a posteriori”

No obstante, explicó en diálogo con El Eco de Tandil que el fiscal Luis Piotti “encuadró la conducta como homicidio culposo y archivó el otro delito. El fiscal general entendió de la misma manera que Piotti que no estaba acreditada la intención de ocultar y que en todo caso debería probarse en el juicio oral el primer delito, porque el otro es un delito accesorio”.

“Nos cierran las puertas una vez más”

Puntualizó que días atrás, el fiscal, al hacer la acusación formal, es decir la imputación del delito de homicidio al chofer, solicitó que “no vaya a juicio oral porque entiende que la sanción es merecedora de una probation, que es la suspensión de juicio a prueba para que no le quede una condena sino unas normas a cumplir durante un plazo”.

Según indicó, eso impide que puedan “demostrar el elemento intencional del encubrimiento en un juicio oral, no podemos probar el delito accesorio porque el principal no va a juicio oral, en definitiva una vez más nos cierran las puertas para poder investigar el delito de encubrimiento”.

Asimismo, expuso que al encuadrar el fiscal el delito como homicidio culposo la pena es menor al homicidio simple (con dolo eventual), que es lo pretendido por la familia de Matías Martínez.

“Nosotros estamos diciendo que con toda la certeza que la Cámara se expidió acerca de la conducta de que lo debería haber previsto, pedimos el cambio de calificación legal para que pase a ser homicidio simple, que es una pena mayor”, sostuvo.

En ese contexto, argumentó que “se pide concretamente frente a la postura del fiscal que revea la carátula, que no sea aplicable la suspensión de juicio a prueba que propone, porque el delito de homicidio cometido con un vehículo lleva una inhabilitación y no debería haber una suspensión de juicio”.

Además, cuestionó que “ni siquiera se expide de algunas medidas en esta suerte de ficha que se está gastando el conductor con la suspensión de juicio a prueba que tiene que ver con por ejemplo la inhabilitación para conducir durante el plazo de 3 años o la asistencia a un curso de seguridad vial, es lo que normalmente se pide en otras situaciones, acá no se pidió prácticamente ninguna”.

En tanto, expuso que “el sumario que eventualmente se instruye en la Municipalidad está condicionado a la causa penal”.

Opuestos a la conducta del fiscal

“Volvemos a esta situación inédita donde estamos diametralmente opuestos con la conducta del fiscal, entonces ahora volvemos a pedirle al fiscal general que enderece al acusación en ese sentido, que vuelva a pedirle que revea la postura de pedir un instituto que no es procedente”, manifestó.

Y agregó que “volvemos a pedir la intervención del fiscal general antes que el juez de garantías decida qué hacer, porque en definitiva es quien tiene la última palabra, la defensa va a estar de acuerdo con el fiscal, que no vaya a juicio oral y que haya una suerte de apercibimiento”.

“Estamos haciendo las cosas de forma diametralmente opuesta a lo que dice el fiscal, y la idea es que se investigue los dos delitos, necesariamente para investigar el segundo tenemos que transitar el juicio oral para demostrar la intención de ocultar, y nos impiden una vez más analizar la conducta de los funcionarios públicos”, criticó.