En una jornada marcada por la protesta y la visibilización de los reclamos del sector educativo, una columna de aproximadamente cincuenta afiliados a Suteba Tandil se movilizó ayer por la mañana hacia las dependencias de la Anses. El objetivo central de la convocatoria fue la entrega de un petitorio, respaldado por 600 firmas, en el que expresaron un enérgico rechazo a cualquier intento de traspaso de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) al Estado nacional, además de reclamar por la millonaria deuda que la administración central mantiene con la caja bonaerense.

La movilización tuvo un inicio accidentado cuando los manifestantes se dirigieron inicialmente a la sede Regional de la Anses, donde constataron que la oficina continúa acéfala. Ante esta situación, los referentes gremiales decidieron trasladar la protesta hacia la UDAI local. Allí, la delegación fue recibida por el flamante jefe de la oficina, David Fernández, quien escuchó los planteos y recibió la documentación que sintetiza la preocupación de los trabajadores de la educación ante el escenario de ajuste actual.

Estela Sinópoli, secretaria del gremio a nivel local, fue la voz cantante de la jornada. Al entregar el petitorio, no solo detalló los puntos técnicos del reclamo, sino que también hizo un espacio para expresar la solidaridad con los trabajadores de la Anses. La dirigente advirtió sobre los momentos de zozobra que atraviesa el personal del organismo ante los rumores firmes de otros 2.300 despidos en todo el país, que se sumarían a las 1.500 bajas ya ejecutadas por el Gobierno nacional.

Defensa del régimen especial

El eje central de la movilización a la Anses fue la defensa del sistema jubilatorio bonaerense. Los docentes aportan un 16 por ciento de su salario en el marco de un régimen especial sustentado en la naturaleza de su tarea. "Nosotros somos un régimen especial porque no podemos tener 60 ó 65 años, como pretende este Gobierno nacional, para estar en una salita de tres, cuatro o cinco años, o en un primer ciclo de escuela primaria", argumentó Estela Sinópoli.

La dirigente describió la tarea docente actual como una situación de "extremo desgaste", donde la escuela pública funciona como la "primera caja de resonancia" de problemáticas sociales complejas, incluyendo el impacto de las redes sociales en niños y jóvenes. "A la escuela se le está pidiendo no solamente educar, sino contención y acompañamiento a las familias. Todo eso amerita mucho trabajo institucional y hoy lo hacemos con el doble o el triple de energía disponible porque la situación se nos escapa de las manos", describió.

La mayor preocupación radica en el intento de homologar el régimen jubilatorio docente provincial con el general de la Nación, lo que implicaría la desaparición de la caja del IPS. Según los cálculos del gremio, si los docentes pasaran a la órbita de la Anses, sus haberes jubilatorios caerían del actual 70 u 85 por ciento del salario al 43 por ciento. Además, denunciaron que el Gobierno nacional ha dejado de transferir fondos clave desde diciembre de 2023. "Hoy nos deben 2,2 billones de pesos a la caja de IPS", denunció la secretaria.

Sobre los intentos históricos de avanzar sobre estos fondos, Estela Sinópoli fue tajante al recordar antecedentes: "Ya es la tercera vez que intentan esto, homologar nuestra ley, cerrar nuestra caja, quedarse con nuestros aportes, porque de hecho a esto vienen, a quedarse con los aportes de las trabajadoras y los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, como lo hizo el ministro Cavallo en los 90 y como intentaron hacerlo durante el 2016-217, que también nos movilizamos y también impedimos ese traspaso que la gobernadora María Eugenia Vidal quería hacer, para sacarse de encima la caja jubilatoria y entregársela al Gobierno nacional para que tuviera otra canilla por donde llevarse nuestros fondos."

Finalmente, la movilización en Tandil buscó anticiparse al debate que podría darse en la Legislatura Provincial. Para Suteba, la unificación bajo una "ley de servicios comunes" no solo perjudicaría a los trabajadores en actividad, elevando la edad jubilatoria a los 65 años para mujeres y 70 para hombres, sino que pauperizaría de forma inmediata a los actuales jubilados . "Es un problema que nos atañe absolutamente a todos los que trabajamos en la provincia de Buenos Aires", concluyó la dirigente antes de ingresar a la oficina de la UDAI para formalizar la entrega del documento.

La paritaria nacional y el desfinanciamiento educativo

En diálogo con El Eco de Tandil, Estela Sinópoli brindó un panorama sombrío sobre la situación salarial y la negociación colectiva. "Todavía sigue en standby la paritaria nacional docente porque no se ha resuelto ese piso que nosotros determinamos en cada una de las paritarias nacionales para que después cada provincia pueda resolver los aumentos salariales sobre ese piso", explicó la secretaria gremial. Según su visión, la desaparición de esta instancia de negociación federal es una estrategia deliberada: "Ahora la dibujan y hacen la pantomima, diciendo que tenemos que sentarnos con los 24 ministros de educación de cada una de las provincias, con lo cual patean la responsabilidad del Estado nacional a cada uno de los estados provinciales".

Esta situación, según Estela Sinópoli, genera una profunda desigualdad entre las jurisdicciones, ya que no todas las provincias cuentan con la misma capacidad de generación de ingresos. En el caso de Buenos Aires, el incremento salarial se otorgó sin ese piso de referencia, lo que profundiza las brechas. "Nosotros hoy quedamos en absoluta desigualdad de condiciones en relación a lo que cobra un docente en Capital Federal, en Corrientes, en el Chaco, en Río Negro o en Jujuy", remarcó.

Respecto a la escala salarial vigente, la dirigente detalló que un docente de primaria que recién comienza percibe un ingreso de 700.000 pesos por un cargo único sin antigüedad. En el caso de los profesores, el salario inicial ronda los 900.000 pesos por diez módulos, aunque aclaró que la escala es compleja y depende de factores como la ruralidad y la especialización. "Muchos de nuestros cargos están por debajo de la línea de pobreza", sentenció.

La deuda del Fonid y el conflicto judicial

Uno de los puntos más críticos del reclamo es la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). Estela Sinópoli precisó que este ítem representa hoy unos 130 mil pesos por trabajador por cada cargo. "Nos lo deben hace dos años y medio. Al sacar la cuenta, multiplicarlo solamente por los 20 meses de deuda a esos 130 mil pesos, nos están debiendo casi siete millones de pesos por cada uno de los trabajadores y trabajadoras", calculó la referente de Suteba.

Ante este escenario, el gremio ha recurrido a la vía legal. "Hay un reclamo judicial con respecto a todo. Tenemos el Fonid bajo reclamo judicial. La Justicia aún no se ha expedido, pero sabemos que tenemos razón porque es el fondo que aporta el Gobierno nacional para poder sostener los ingresos de las distintas provincias", afirmó. Sinópoli recordó que la ley que sustenta este fondo nunca fue derogada, ya que figura en el artículo diez de la Ley de Financiamiento Educativo.

Los petitorios

Estela Sinópoli, acompañada por decenas de delegados, docentes y jubilados, entregó ante el titular de la Udai de Anses dos documentos, avalados por centenares de firmas de trabajadores de la educación de Tandil.

El primero exclamaba: “¡Basta de asfixiar, hipotecar, rifar nuestro futuro! Las leyes están para cumplirse, y el Gobierno nacional debe pagar la deuda de más de 2 billones de pesos con la caja de jubilaciones de la provincia de Buenos Aires”.

En tanto, argumentaron que Nación y Anses “incumplen con la ley que indica el traspaso de fondos ilegalmente retenidos y que pertenecen a los bonaereses” y agregaron que desde diciembre de 2023, “ha omitido deliberadamente la transferencia”, acumulando una deuda billonaria y de ese total el 10 por ciento le corresponde al sistema previsional de la Provincia.

En esa línea, denunciaron que el “ahogo financiero” esconde “la única intención de obligar a modificar las condiciones de jubilación y adueñarse de la totalidad de los fondos de la caja, poniendo en riesgo el destino de los actuales y futuros jubilados del IPS”.

Y manifestaron que “como trabajadores esperamos hace más de un año la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que la falta de respuestas de la Anses obligó al Gobierno provincial a judicializar el reclamo”.

La otra nota expuso el “más enérgico rechazo” y denunció “las maniobras de desfinanciamiento que afectan tanto al sistema previsional nacional como a los provinciales”.

En tanto, incorporó “factores recurrentes” que agravan la situación y enumeró “La disminución del empleo registrado, el incremento de los niveles de desocupación, la ausencia de una moratoria previsional y la caída del consumo”, advirtiendo que la menor recaudación por IVA impacta en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

En paralelo, cuestionó la reforma laboral, con la creación del Fondo de Asistencia Laboral, que contempla una reducción de las contribuciones patronales por parte de los empleadores, lo que impactará en los sistemas previsionales.

Sobre el autor

María Paula Rodriguez

Secretaria de Redacción de El Eco de Tandil. Licenciada en Comunicación Social orientación Periodismo (UNLP)