Tandil exigió que Azul pague los costos por la asistencia y retorne a la familia trasladada

El conflicto entre Tandil y Azul por la familia que fue abandonada en la Estación de Trenes sumó un nuevo capítulo, con la respuesta que el intendente Miguel Lunghi remitió a su par Nelson Desiderio Sombra. En la nota, exigió pagar las erogaciones económicas que realizó el Municipio para asistir a los once integrantes que, el 13 de agosto pasado, arribaron en un móvil oficial de esa ciudad. Además, solicitó coordinar el “retorno seguro” a la vecina localidad y advirtió que sostendrá las acciones legales iniciadas y de no obtener respuesta, realizará otra denuncia ante el Tribunal de Cuentas.

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La nota enviada al jefe comunal azuleño el 27 de agosto pasado fue en réplica a la que había cursado Azul cinco días antes. En tanto, el secretario de Legal y Técnica, Juan Francisco Macia Cantarelli, procedió por “expresa instrucción” del intendente Lunghi a “responder de manera categórica”.

Hace diez días, la Municipalidad de Azul había rechazado las demandas de Tandil por el traslado de la familia que fue dejada en la Estación de Trenes, como así también se rehusó a pagar los gastos ocasionados por la asistencia a los seis adultos y cinco menores de edad en situación de vulnerabilidad. Como contrapartida, había propuesto conformar una mesa integrada por funcionarios de ambas comunas para escuchar las declaraciones de los integrantes del grupo arribado a esta ciudad.

Punto por punto

"Esta secretaría rechaza de plano por falsas, inexactas e improcedentes todas y cada una de las justificaciones y descalificaciones vertidas por su administración, dejando expuestas las gravísimas inconsistencias fácticas, técnicas y normativas en las que incurre su descargo, así como el reprochable y temerario obrar del personal municipal de Azul”, expuso Macia Cantarelli al comenzar la argumentación.

En paralelo, acusó que la notificación recibida “no hace más que confirmar que su gestión ha intentado resolver un problema social e institucional local mediante la mera ‘exportación fáctica del conflicto’ hacia nuestra jurisdicción” y enumeró una serie de once “inadmisibles contradicciones”.

En primer lugar, marcó una “incongruencia”, teniendo en cuenta que el municipio azuleño adujo que había asistido a la familia durante cuatro años, de forma “sistemática” y a través de distintos profesionales. “Esta afirmación, lejos de atenuar la responsabilidad de su gestión, la agrava de manera exponencial”, concluyó el letrado y le achacó que tras el “seguimiento institucional”, frente a un conflicto vecinal y de violencia “la única respuesta operativa que la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de Azul haya podido articular” fuera “subir a once personas a un transporte oficial y depositarlas en otra ciudad sin aviso previo alguno. Si el seguimiento fue real, la decisión de trasladarlos constituye un fracaso rotundo de su política de contención; si no lo fue, su nota miente para maquillar el abandono”.

En el segundo punto, Macia Cantarelli se enfocó en la situación habitacional y la ordenanza que le asignó a esa familia que habitaba el asentamiento “Los Piletones” un módulo a construirse en el predio del Tiro Federal. “Aquí radica la contradicción más escandalosa de su descargo”, señaló y cuestionó que con el traslado “su gestión desbarató su propia política pública y los fundamentos de una ordenanza de emergencia”.

En ese sentido, evaluó que “no existe coherencia alguna en legislar una solución local para luego facilitar activamente que los adjudicatarios emigren en una combi oficial hacia otro partido, perdiendo el arraigo y la protección habitacional consagrada”.

Por otra parte, en materia de vulneración de derechos, expuso que “su nota pretende amparar la legalidad de semejante operativo señalando que existió una ‘solicitud de ser trasladados... realizada por uno de los adultos’” y remarcó que el personal azuleño “omitió deliberadamente” que el grupo está compuesto por once personas -seis adultos y cinco niños-, por lo que cuestionó que la medida se basara en la “supuesta petición” de uno de los integrantes “sin constatar de manera fehaciente la libre voluntad de los otros cinco mayores de edad”.

En esa línea, desde Azul habían fundamentado el respeto por la “autonomía personal”, cuando se trata de “un avasallamiento directo de las libertades de los demás integrantes del grupo, quienes declararon ante la policía de Tandil que el personal de Azul les impuso el viaje como ‘única alternativa’ por falta de presupuesto local”.

En tanto, añadió que el accionar “vulneró de forma dolosa la Ley 13.298 y la Ley 26.061, ignorando por completo el derecho constitucional de los cinco niños a ser oídos y a que se garantice su centro de vida, decidiendo sobre su destino como si fueran meros objetos de traslado”.

“Maniobra engañosa y compulsiva”

Como cuarto punto, Macia Cantarelli apeló a “la falsedad de la ‘voluntad de traslado’ y la coacción del personal de Azul”, teniendo en cuenta que los adultos declararon en la comisaría Segunda que concurrieron a la Municipalidad de Azul tras sufrir hechos de violencia vecinal y amenazas, y. como respuesta, la encargada de Desarrollo Social de Azul les manifestó que no contaban con presupuesto para asistirlos y “como ‘única alternativa’ les impuso el traslado a Tandil bajo la falsa promesa de que nuestro municipio ya les tenía asignado un hogar”.

Como agravante, mencionó que “la familia manifiesta que el personal municipal les hizo firmar un papel manuscrito de puño y letra que les fue quitado de inmediato de las manos, impidiéndoles leer su contenido. No existió autonomía personal ni decisión libre; existió una maniobra engañosa y compulsiva de sus funcionarios para ‘exportar’ un conflicto social local”.

En quinto término, el letrado atacó la versión de que un adulto del grupo adujo que contaba con alojamiento para todos en Tandil y puso en evidencia que “el chofer del vehículo oficial de Azul patente AG 567 BU los dejó abandonados a las 16.40 en una estación de trenes en desuso, inhabitada y desprovista de servicios básicos”, cuando los debería haber llevado a la puerta del domicilio y constatar la habitabilidad y recepción.

“Dejarlos a la intemperie en un paraje ferroviario abandonado prueba de forma irrefutable que su personal sabía perfectamente que la familia no tenía adónde ir, desentendiéndose de su suerte en el instante en que descendieron del rodado municipal”, aseveró.

En sexto lugar, el secretario de Legales intimó a que Azul “remita de manera perentoria copia certificada” de la “evaluación de las condiciones” de la familia, que detalle los profesionales que firmaron y explique “bajo qué parámetros técnicos determinaron que once personas sin recursos tenían resuelto su sustento y vivienda en nuestra ciudad. Está claro que dicha evaluación técnica no existe, o es una simulación documental posterior”, máxime cuando al ser dejados en la Estación de Trenes “debieron encender fuego entre los vagones abandonados para calentarse en pleno invierno, requiriendo el auxilio inmediato y urgente de nuestra Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat para no congelarse”.

Por otra parte, el abogado acusó una “violación del deber estatal de resguardo de menores” y objetó que la falta de antecedentes en el Servicio Local “no exime al Estado municipal de Azul de sus obligaciones como garante primario del Sistema de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez”.

Y advirtió que “al haber menores de edad en el grupo humano que su administración decidió subir a un transporte oficial, sus funcionarios tenían la obligación ineludible de garantizar que el traslado tuviera como destino un domicilio real y seguro”, por lo que reflejó que expuso a los niños “a una situación de desamparo crítico y vulnerabilidad social extrema”.

Como octava objeción, puso en duda la capacidad de registro y control procedimental de la gestión de Azul, teniendo en cuenta que la respuesta afirmaba con “asombrosa ligereza” que el grupo trasladado estaba compuesto por diez personas –cuatro adultos y seis menores-. “Esta inconsistencia deja en evidencia que su municipio ni siquiera sabe a quiénes sube a sus vehículos oficiales”, alertó y ofreció como pruebas tanto las actas de la Municipalidad de Tandil como del procedimiento policial. En tanto, calificó la diferencia en el número de personas como “una negligencia técnica e institucional intolerable”.

El ítem nueve versó sobre el “pésimo obrar operativo y absoluta falta de comunicación previa”, lo que quedó constatado por las cámaras del Centro de Monitoreo local que registró a personal azuleño trasladando a las once personas vulnerables, a las que abandonó en la Estación a las 16.40. “El chofer de la combi oficial se retiró de inmediato del lugar. No existió un solo llamado formal, ni un informe social de derivación, ni articulación de ningún tipo con nuestra Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat”, alegó.

En décimo orden, el secretario de Legales expuso “la ratificación de reservas de repetición y resarcimiento de gastos”, en tanto rechazó “con firmeza su pretensión de no hacerse cargo de los costos económicos” debido a que “ha sido la negligencia y la conducta desaprensiva de Azul la que obligó a este Municipio a desplegar de forma inmediata recursos humanos, logísticos y financieros extraordinarios para proveer alojamiento transitorio, alimentos, vestimenta e intervenciones sanitarias urgentes para salvaguardar la vida de sus ciudadanos”.

En tanto, advirtió que de no afrontar las sumas devengadas y a devengarse, el Municipio de Tandil iniciará “las acciones legales correspondientes y las denuncias respectivas ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires por desvío de recursos públicos al utilizar rodados oficiales para fines ilícitos y ajenos a su jurisdicción”.

Aceptó la mesa de negociación aunque pautó las condiciones

Como última cuestión, Juan Francisco Macia Cantarelli aceptó la Mesa de Trabajo ofrecida por la comuna de Azul, que calificó como lo único “positivo y aceptable” de la respuesta enviada a Tandil, aunque “bajo la premisa de que no servirá como un mecanismo de impunidad o blanqueo del pésimo obrar de su personal”.

Condicionó la participación en esa mesa a generar “una instancia técnica obligatoria” para  “escuchar de manera personal, directa y libre de coacciones a los integrantes de la familia trasladada” y presentar los informes oficiales del Servicio Local respecto de los menores, antecedentes de intervención por violencia de género y relacionadas a salud, educación, trabajo y habitación de los trasladados, y del secretario de Desarrollo con la Comunidad para analizar los motivos del traslado.

Además, ató la mesa a que arbitre “de forma inmediata los mecanismos económicos y de resarcimiento para que la Municipalidad de Azul asuma los gastos extraordinarios que este Municipio debió afrontar de urgencia para subsanar el abandono perpetrado por su personal”.

En paralelo, notificó que Tandil “mantendrá plenamente vigentes todas las acciones legales y penales iniciadas y por iniciarse, así como se reserva el derecho de realizar las denuncias correspondientes ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires por el desvío y uso irregular de recursos públicos de su comuna y ante Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires para que esté en debido conocimiento de lo sucedido”.

En paralelo, Macia Cantarelli manifestó que Azul deberá “eventualmente, arbitrar los medios para coordinar el retorno seguro y la asunción definitiva de la asistencia de la familia en su jurisdicción de origen” y expresó que “la convivencia democrática y el federalismo municipal exigen el cese inmediato de prácticas de desentendimiento territorial de personas en situación de vulnerabilidad”.

Para cerrar, el letrado quedó a la espera de la designación de los representantes de Azul para coordinar la primera reunión de la mesa técnica de trabajo.

Sobre el autor

María Paula Rodriguez

Secretaria de Redacción de El Eco de Tandil. Licenciada en Comunicación Social orientación Periodismo (UNLP)