Tandil fue sede de un encuentro para fortalecer la articulación entre el Poder Judicial y los gobiernos locales

La ciudad de Tandil fue escenario de un encuentro institucional del Poder Judicial del Departamento Judicial de Azul, una iniciativa orientada a fortalecer los vínculos de cooperación entre la administración de justicia, los gobiernos locales y distintas instituciones de la comunidad, con el propósito de mejorar la coordinación en el abordaje de problemáticas sociales.

La jornada fue convocada por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Azul y organizada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tandil (Amafutan). El encuentro estuvo encabezado por el presidente del Colegio, Pablo Quaranta, y el presidente de Amafutan, Diego Araujo, quien coordinó la actividad junto al secretario de la entidad, Juan Eduardo Viera, y otros integrantes de la asociación.

Antes del inicio de las actividades, representantes de las entidades organizadoras fueron recibidos por el intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi, acompañado por miembros de su gabinete. Durante la reunión intercambiaron experiencias y analizaron los principales desafíos que enfrentan las comunidades, haciendo especial hincapié en la necesidad de fortalecer los canales de comunicación entre el Poder Judicial y los gobiernos municipales.

Posteriormente, en la sede de la Cámara Empresaria de Tandil, se desarrolló una mesa interinstitucional que reunió a más de 30 participantes, entre ellos representantes de la Fiscalía General Departamental, la Defensoría General, magistrados de Azul y Tandil, funcionarios municipales de las áreas de Seguridad, Niñez y Familia, Desarrollo Social y Gobierno, además de referentes políticos y autoridades de los municipios de Las Flores, Rauch y Benito Juárez. También participaron representantes del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul y de la Asociación de Abogados de Tandil.

El detalle de la jornada

Durante el encuentro se abordaron temas de interés común como el ciberdelito, el narcomenudeo, la salud mental, las distintas formas de violencia y las cuestiones de género. El intercambio permitió compartir experiencias y estrategias implementadas por cada institución, con el objetivo de avanzar hacia respuestas más integrales y coordinadas.

En la apertura de la jornada, Diego Araujo destacó la importancia de consolidar un Poder Judicial abierto al diálogo con los demás poderes del Estado y con los gobiernos locales. "Cada institución debe ejercer sus competencias con plena autonomía y respeto por las atribuciones de las demás pero requiere generar ámbitos de análisis conjunto que permitan comprender integralmente los desafíos que enfrentan nuestras comunidades. Ese intercambio redunda en un mejor servicio de justicia y también en una gestión pública más eficaz de los problemas que afectan a la ciudadanía", indicó.

Por su parte, en el cierre del encuentro, Pablo Quaranta planteó la necesidad de impulsar el tratamiento del proyecto de ley de autarquía del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. “La autarquía procura dotar al Poder Judicial de mayores capacidades para administrar y planificar sus recursos con criterios de eficiencia, transparencia y previsibilidad, contribuyendo a mejorar la calidad del servicio de justicia que recibe la ciudadanía, sin afectar el debido equilibrio entre los poderes del Estado”, subrayó.

La propuesta recibió el respaldo del diputado provincial Matías Civale y del secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Ernesto Elicabide, quienes coincidieron en la importancia de promover un debate amplio sobre la iniciativa.

Como balance de la jornada, los participantes coincidieron en que la experiencia desarrollada en Tandil representa un paso significativo hacia la consolidación de una agenda de trabajo permanente entre el Poder Judicial, los gobiernos locales y las instituciones de la comunidad. Asimismo, expresaron el compromiso de dar continuidad a estos espacios de diálogo, entendiendo que la cooperación institucional fortalece tanto al servicio de justicia como a la capacidad del Estado para ofrecer respuestas más eficaces a las demandas de la sociedad.

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