Tras el anuncio de Vidal, en el Ejecutivo miran con cautela el impacto de la quita de la carga tributaria
La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció ayer la eliminación de impuestos en los servicios de energía eléctrica, gas y agua, y así bajará las tarifas que deben pagar los vecinos de todo el territorio bonaerense.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailLa noticia puso en alerta a la administración comunal, que aguarda acceder al decreto para conocer en detalle sobre qué cargas tributarias avanzará, y en función de ello, evaluar el verdadero impacto que tendrá la decisión adoptada.
En principio, la postura será analizada hacia el interior de la gestión que encabeza Migue Lunghi una vez que se conozca sobre qué ítem se hará la reducción ya que podría tener incidencia en tributos sobre los cuales se generan recursos que luego se coparticipan a los municipios.
La inquietud obligó a enfocar la atención en el costo que tendrá en la estructura la medida que adoptó el Ejecutivo bonaerense, en consonancia con el pedido que realizó el presidente Mauricio Macri.
En el caso de la electricidad, los impuestos provinciales representan un 27,10 por ciento. La reducción será de 15,7 por ciento, de los cuales 10,4 por ciento se reducirá automáticamente a través de un decreto que se firmó ayer y el porcentaje restante será a través de la modificación de la Ley 11.769 que establece el marco regulatorio eléctrico, mediante un proyecto que presentarán hoy.
Sin precisiones y a la espera de conocer los orígenes de la reducción, el secretario de Economía, Daniel Binando, puso reparos frente a la posibilidad de que la medida genere distorsiones en los municipios, pero valoró si realmente se efectúa para mejorar los gastos que tiene la Provincia.
De todas maneras deslizó que se trata de un debate más profundo que abordaría el tema de servicios de manera global, con un proyecto a largo plazo que contemple definiciones en cuanto al rol de cada nivel del Estado.
Alcances de la disposición
Hasta ayer, en el Gobierno desconocían a qué leyes alude en relación a los impuestos provinciales que acompañan la factura. En efecto buscarán precisiones en este sentido para determinar si el impacto refiere al gasto directo provincial o de normativas que posteriormente se convierten en recursos que se coparticipan a los municipios.
“Hay que leer la letra chica y cómo queda plasmado en el decreto”, para luego obtener un panorama más certero sobre su incidencia.
En el caso de la factura de luz, de la Usina Popular y Municipal, para un domicilio residencial, el alcance de los impuestos nacionales es del 21 por ciento (IVA), de los provinciales del 27,1 por ciento y de las ordenanzas municipales en el encuadre tarifario es del 13, 6 por ciento. En total, la estructura tributaria contempla un 61,7 por ciento de la factura que abonan los usuarios.
En concreto, la carga impositiva local está conformada por la ordenanza 2.505 que apunta a inversiones en materia de iluminación, costos para el funcionamiento del relleno sanitario y alguna otra obra específica; la 5.791 que otorga a la Usina la concesión para la prestación del servicio de alumbrado público; y la 9.495, el Fondo de Ayuda Solidaria (FAS), que contempla la creación de un fondo especial con “destino exclusivo” a solventar económicamente la atención de patologías que “impliquen prácticas de alta complejidad y que no puedan ser derivadas a un efector público dentro del país”.
“Cada 100 pesos que se gastan de luz en un domicilio, 13 pesos son destinados al Municipio para gastos con un destino específico”, se indicó en defensa del esquema al que responde la ciudad.
La distribuidora
En la Usina Popular y Municipal tampoco tienen certezas, por lo que dejarán pasar algunas horas para obtener más información y después salir a mostrar una postura.
No obstante, el anuncio de la mandataria provincial representaría una buena noticia en cuanto que establece una menor carga para los usuarios que abonan las facturas por el consumo de energía eléctrica.
De todos modos, como ente distribuidor, deberá precisarse el modo en que se implementará esta reducción, si será a partir de los consumos o mediante qué modalidad, y desde cuándo, escenario que se aclarará una vez que se conozcan los alcances del decreto.
Por otro lado, también Vidal adelantó que efectuarán “auditorías y controles” sobre algunas cooperativas que administran la energía eléctrica en el interior de la provincia “porque hemos detectado casos donde se han incorporado a la factura cargos que son indebidos”.
Con la misma prudencia frente a eventuales modificaciones en la ley provincial, desde la empresa de economía mixta entienden que la carga impositiva impuesta responde a normativas vigentes.
De hecho la Usina se somete a auditorías en forma “permanente” por parte de los organismos de control que avanzan sobre la prestación del servicio, facturación, usuarios de tarifa social, residenciales, entre otros ítem.
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