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Tras el fallo, Altamirano sostuvo que “el dirigente que no tiene causas penales por luchar es porque no estuvo luchando”

La referente del Movimiento 1 de Octubre, que fue condenada a dos años y diez días de prisión en suspenso por la justicia ordinaria, reivindicó sus métodos de lucha. Reafirmó que sufren una persecución política e ideológica y que su agrupación es la única capaz de “molestar” al poder. Apelará la condena.

Griselda Altamirano, referente del Movimiento 1 de Octubre

El Eco

Griselda Altamirano no nació en Tandil pero hizo de esta ciudad su territorio de lucha. Junto a su compañero sentimental y padre de su hijo, Jorge “Mono” Lezica, llevan la voz cantante del Movimiento 1 de Octubre, una agrupación de izquierda que se posiciona como la única capaz de hacerle frente al poder “burgués” y a la “oligarquía”.

Sus métodos de lucha son duramente cuestionados por gran parte de la sociedad, a los que ella define como “desclasados”, y generan severos dolores de cabeza en el sector político, que nunca vio al movimiento con buenos ojos.

Al salir ayer del palacio de tribunales azuleño, tras escuchar el fallo del juez Héctor Torrens, Griselda se dirigió con fervor al más de un centenar de militantes que esperaban en la calle el veredicto, tal como lo hicieron durante las cinco jornadas que duró el juicio oral y público al que llegó, junto a Lezica, imputada en varias causas: resistencia a la autoridad, usurpación, daños, agresión, instigación al delito.

El magistrado decidió condenar a Griselda Altamirano a una pena de ejecución condicional de dos años y diez días, y a Jorge Lezica a una pena de dos años bajo la misma figura, lo que significa que no son condenas de cumplimiento efectivo y ninguno irá a prisión.

“Buscaban la detención, descabezar al Movimiento 1 de Octubre para que dejemos de pelear contra la oligarquía en este lío tan rancio que tenemos en el centro de la Provincia. Llegamos con cinco causas y después se dieron cuenta de que dos causas habían prescripto. Arrancamos con tres y la fiscalía quería pedir 10 años de cumplimiento efectivo, finalmente pidieron tres y dos años (para ella y Lezica, respectivamente), pero nos querían en la cárcel. Fueron tan débiles dentro de sus leyes burguesas y aparatos estatales, con esas pruebas de las que se tiene que agarrar para condenar a los pobres. Si hay algo que representamos como dirigentes es la dignidad, el orgullo y la fuerza de nuestros compañeros”, resumió la referente social frente a los militantes, con la voz firme en la arenga.

La condena ejemplar

Altamirano sostiene que llegaron a esta instancia solamente por luchar e insistió en el tinte político que atraviesa a todas las acciones emprendidas por el poder en cualquiera de sus estamentos.

“Esto era un juicio político, se ejerce presión sobre los fiscales y jueces, los únicos que peleamos somos nosotros”, señaló en diálogo con El Eco de Tandil. La mujer defendió su postura y analizó que, bajo la condena ejemplificadora que pedía la fiscal, subyace la idea de que la lucha tenga una consecuencia judicial para desarticular cualquier atisbo de insurrección en otras personas. Lo que algunos llamarían una doctrina del disciplinamiento.

“La Justicia actúa para garantizar el poder del Estado. Es obvio que iba a fallar favorable a generar las condiciones para que muchos teman salir a la calle. Hay dos métodos de dominación que usa el Estado; la cooptación, desarticular a las organizaciones a partir de la posibilidad de una denuncia por corrupción, o intentar amedrentar a los que no nos corrompemos ni robamos, diciendo que nuestros métodos pueden condenarnos”, detalló.

Por otro lado, la líder social objetó que haya quedado una causa por fuera de la acumulación solicitada por la defensa a cargo del letrado Ariel Pellegrino, con el propósito de llegar a una pena única. Dicho expediente está caratulado como “Turbación del acto legítimo”, por las tres sesiones del Concejo Deliberante que se suspendieron en el año 2015, debido a que los integrantes del movimiento se apostaron afuera de la municipalidad a hacer sentir la fuerza de sus reclamos mediante bombos, pancartas y cánticos.

“La denuncia original la hace el Intendente en el marco de la ocupación de tierras, cuando yo planteo que si no se genera un banco de tierras vamos a tomar las que no tengan titularidad acreditada. El fiscal considera que no hay delito en esa manifestación, pero por la insistencia de Frolik y Della Maggiora, el fiscal tomó algunos recortes de cuando movilizamos al Concejo pidiendo la legislación de acceso justo al hábitat”. Esta instancia judicial, que podría prosperar en algunos meses, complicaría el panorama judicial de los condenados, que ahora cuentan con una sentencia previa.

Para Griselda, el Código Penal es interpretado según cuán reaccionario es el juez y adujo que “tenemos dos sobreseimientos en la justicia federal, a cargo de Martín Bava, uno justificando la protesta social y otro explicando por qué la toma de un edificio público no constituye un delito de usurpación. Ahora hay un fallo de Torrens en la Justicia ordinaria donde dice todo lo contrario. Eso también marca que hay algunos jueces que son más influenciables que otros”.

¿Quién le teme a Griselda Altamirano?

Griselda es muy joven. El 28 de febrero cumplirá 36 años. Nació en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Cursó algunos años de la carrera de derecho en Azul y su formación política es innegable. Se traduce en su impecable capacidad discursiva que es capaz de persuadir hasta al más incrédulo. También es blanco de numerosas críticas y agravios. Para la opinión pública encarna perfectamente el ideal de la “mala mujer”. Grita. Sale a la calle. Lucha a su manera. Se enfrenta al poder de turno. Amamanta a su hijo en medio de una audiencia judicial o de una toma en la vía pública. No se arregla ni se preocupa por su aspecto físico. Dice lo que piensa. Subvierte el orden establecido. Provoca. Conmueve a las estructuras de poder. Es casi una piedra en el zapato para muchos dirigentes políticos.

Griselda Itatí, tal como la nombraron sus padres, quien una vez supo disfrazarse de burguesa, según sus propias palabras, para burlar la custodia policial e ingresar al Palacio Municipal, que lideró la toma de terrenos en Villa Cordobita tras denunciar irregularidades en la titularidad de los lotes, que no titubeó en organizar la toma de la municipalidad de Azul para visibilizar sus demandas, afirmó una vez más que se puede torcer el brazo de la justicia desde las calles.

“Piotti y Margaretic querían influenciar a los testigos para que dijeran los que ellos querían, tenían que condenar porque hubiese sido un escándalo, querían una condena política en relación a lo que se viene. No existía ningún tipo de delito salvo la inseguridad que le da al Estado que haya una organización que pueda con conocimiento planificar y defender sus derechos. Somos dos dirigentes que somos enjuiciados por ser luchadores sociales”, aseguró.

Siempre buscando diferenciarse de otras agrupaciones que se hallan dentro del arco opositor y enarbolan la bandera de la justicia social, fue categórica al exponer que “no nos pueden juzgar porque falta dinero como a los Kirchner o Milagro Sala. Las causas son políticas y tienen que ver con nuestra militancia, hacen persecución ideológica”. Y anticipó que agotarán todas las instancias de apelación del fallo hasta tanto no quede firme la sentencia judicial emanada.

“El dirigente que no tiene causas penales por luchar es porque no estuvo luchando. La CTEP, la CCC, el Movimiento Evita y todos los demás, no quieren denunciar la persecución política contra nuestro movimiento porque para ellos salir a decir lo que hacen con nosotros, llevaría a dejar en evidencia que las organizaciones kirchneristas no hacen nada para enfrentar al poder, acuerdan y dan tregua al Gobierno por plata, en la paz social que vienen firmando con Desarrollo Social”, concluyó.

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  • ElEco

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