Un panorama "muy complicado" tras 300 días sin la aplicación de la Ley de financiamiento
Marcelo Aba confirmó que el Gobierno no transfirió el 20 por ciento prometido para gastos de funcionamiento.
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El rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), Marcelo Aba, brindó precisiones sobre el crítico escenario que atraviesan las instituciones públicas tras cumplirse 300 días sin la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento. En una semana marcada por un paro de actividades, el referente académico señaló la gravedad institucional que implica el desinterés del Poder Ejecutivo por las normativas vigentes y alertó sobre las consecuencias que este desfinanciamiento proyectará sobre el ejercicio del año próximo.
Al mismo tiempo, aclaró que la medida de fuerza de la Conadu Histórica no tuvo impacto directo en las aulas de Tandil, Azul y Olavarría, aunque confirmó que el cuerpo docente local se sumará a un paro de 48 horas durante la semana entrante.
El titular de la universidad hizo hincapié en que la problemática trascendió el plano meramente económico para convertirse en un conflicto de cumplimiento legal. Según explicó, la administración central desoyó la voluntad del Congreso de la Nación y los fallos judiciales. En este sentido, Aba remarcó: “Hasta la Corte Suprema se ha expedido en favor del cumplimiento de una parte de esa ley y todo eso no se está cumpliendo. O sea, es más grave la situación que el solo hecho de lo presupuestario, que ya de por sí es muy grave”.
La mirada se encuentra puesta ahora en el 15 de septiembre, fecha en la que el Ejecutivo debe presentar el proyecto de presupuesto para el periodo entrante. El rector advirtió que “si ese presupuesto no contempla lo que establece la ley, de alguna manera se la está otra vez dejando sin efecto”. Por este motivo, señaló que desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se encuentran trabajando a nivel parlamentario para lograr que el piso de la partida universitaria en la nueva ley guarde relación con la norma de financiamiento.
Aba fue categórico respecto a la sostenibilidad del sistema si no se produce un cambio de rumbo urgente. Para el directivo, “otro año más con estas dificultades se va haciendo cada vez más difícil de sostener”. En esta línea, manifestó que la falta de previsibilidad impacta directamente en las proyecciones de ciencia, técnica e infraestructura, áreas con severas complicaciones para su normal funcionamiento ante la ausencia de partidas actualizadas.
El impacto de la inflación en los servicios básicos
A pesar de que el reclamo salarial ocupa el centro de la escena pública por el marcado retraso frente a la inflación, Aba puso el foco en la operatividad básica de la Unicen. Aclaró que la demanda no se trata de un pedido de aumento en términos reales, sino de una recomposición mínima para evitar el cese de actividades. “El funcionamiento de la universidad no está recibiendo la compensación. No estamos hablando de aumento presupuestario, sino de la mera recomposición por incremento de costos vía inflación reflejados en el IPC”, manifestó.
Sobre este punto, el rector explicó que el Índice de Precios al Consumidor no refleja fielmente el impacto de la crisis en los edificios universitarios. “La proporción de servicios en la universidad es muy alta y esos han aumentado muy por encima del IPC”, sostuvo, y agregó: “Sería importante que se considere que las universidades, en términos de luz, gas y servicios contratados, hemos tenido incrementos que van muy por arriba de la inflación”.
La Unicen, al igual que el resto de las instituciones nacionales, debió gestionar recursos limitados frente a una escalada de precios sostenida durante todo el año. Aba recordó que la única actualización significativa ocurrió tras la movilización federal de abril de 2024, pero que desde aquel momento el desfasaje se profundizó. “Lo fuimos sobrellevando, pero el final del camino empieza a ser muy complejo si no hay un punto, y ese punto nosotros entendemos que sería la ley de presupuesto”, reflexionado.
Compromisos incumplidos
Uno de los puntos más críticos de la exposición del rector fue la revelación sobre el incumplimiento del acuerdo firmado recientemente entre el CIN, los gremios y las autoridades educativas nacionales. Aba relató que las partidas prometidas nunca llegaron a las arcas de la universidad regional. En junio, el Ministerio de Capital Humano había informado un acuerdo para un ajuste del 20 por ciento en los fondos para gastos de funcionamiento.
Según detalló el rector, “el subsecretario de Políticas Universitarias firmó un acta con el CIN y los gremios que hablaba de un incremento de un 20 por ciento para los gastos de funcionamiento. Yo mencionaba 33 por ciento de inflación, ya de por sí no estamos recuperando, pero es cierto que al menos ese 20 nos daba un horizonte un poco más tranquilizador para finalizar el año. Eso no se ha cumplido”.
Esta falta de palabra del Gobierno Nacional agravó el malestar en la comunidad educativa. Por el momento, la estrategia de las casas de estudio se centra en la negociación en el Congreso y en la búsqueda de consensos en el CIN. “Hoy por hoy estamos apostando más a la construcción de esta propuesta de presupuesto y a lograr que en algún punto se nos reconozca lo que al menos dice la cautelar”. No obstante, Aba no descartó profundizar las medidas de fuerza tras la próxima reunión del CIN, programada para los primeros días de septiembre.