Una causa penal que espera

A propósito del dilatado conflicto en la exLoimar, por lo expuesto por quienes representan los intereses de la nueva firma TandilCeram como de los operarios dispuestos a trabajar con la nueva figura, aludieron, entre otros conceptos, con críticas por la nula intervención judicial frente a lo que ellos consideran un atropello a sus derechos, acerca del bloqueo de la planta de parte del grupo de trabajadores que mantienen el reclamo laboral.

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Llamativamente de lo dicho en los medios a lo expuesto en el incipiente expediente judicial penal, no hay coincidencias. A más precisiones, a mediados de diciembre, en plena tensión en las puertas de la fábrica, voceros de la firma acudieron a la sede judicial para presentar una denuncia –así lo anunciaron-, empero, finalmente por razones aún no develadas no se cristalizó presentación alguna. La causa en curso devino de la actuación de oficio del fiscal en esos días en turno, el doctor Damián Borean.

A más precisiones, el 10 de diciembre pasado, al mediodía, se hicieron presentes en mesa de entrada de fiscalía, Pedro Loitegui acompañado por quien se presentó como apoderado del fideicomiso TandilCeram, manifestando su intención de entrevistarse con el fiscal en turno, en pos de realizar algunas consultas y efectuar la denuncia penal. Al responderles que el funcionario judicial estaba ocupado pero podía canalizar las diligencias con el agente interviniente, dijeron que el abogado Jorge Dames estaba confeccionando la presentación judicial, la cual se iba a ser efectiva de un momento a otro. Minutos más tarde se hizo presente el doctor Fernando Vallejos, en representación del estudio legal, refiriendo que la denuncia la iban a realizar el 11 del corriente.

Considerando el contexto sanitario y de restricciones imperantes por esos días de pandemia, se le ofreció al abogado la vía informática para presentar la denuncia, con la casilla de correo oficial del ministerio público.

Llegado el día, no se sustanció denuncia alguna en la dependencia citada, por lo que el fiscal tomó intervención de oficio en vistas a las publicaciones de los medios de prensa frente a lo que habría acontecido.

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Así, el fiscal Borean inició de oficio el expediente, librando oficio al Ministerio de Trabajo para que remita información y documentación respaldatoria sobre el conflicto laboral en Loimar, como así dar intervención a la DDI para el inicio de la investigación penal para que se toma declaración testimonial de los administradores de la firma y empleados para que describen lo ocurrido en las puertas de la planta. Lo propio se remitió para aquellos uniformados que intervinieron en aquella escena, en pos de que presten su testimonio y así, evaluar si existió alguna figura delictual sobre la que el grupo de trabajares de TandilCeram y sus administradores acusaron en los medios.

En ese escenario, la Policía reportó un listado de las identidades de aquellos que persisten en la protesta en las puertas de la fábrica, lo que al decir de los dichos policiales declarantes, “se están manifestando en forma absolutamente pacífica”.

La instrucción penal, entonces, hasta aquí se mantiene como “Averiguación de ilícito”, al aguardo de un testimonio, una prueba que certifique alguna figura delictual penal.

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