La tandilense Lourdes Martínez, reconocida por su histórica labor en la Federación de Talleres Protegidos, denunció públicamente que la obra social IOMA mantiene una deuda ininterrumpida desde el mes de noviembre con el hogar donde reside su hermano Franco, ubicado en la ciudad de Mar del Plata. 

La situación ha llegado a tal punto que la institución notificó a los familiares que, de no regularizarse los pagos, los concurrentes podrían perder la prestación de alojamiento.

El conflicto se precipitó la semana pasada, cuando las familias recibieron una comunicación formal del hogar advirtiendo sobre la imposibilidad de sostener los costos operativos sin el respaldo de las obras sociales. 

Según relató Martínez a “Plataforma Magazine” -por ECO TV y la 104.1 FM-, la institución planteó la posibilidad de que los residentes deban ser retirados los viernes para regresar los lunes, limitando su permanencia únicamente a las actividades de centro de día. 

Esta medida, motivada por la falta de fondos para cubrir los salarios del personal bajo el régimen de Utedic y los gastos de mantenimiento, representa un riesgo severo para la estabilidad de los pacientes.

Franco, el hermano de Martínez, reside desde el año 2012 en Dharma, un hogar ubicado en la ciudad de Mar del Plata. La elección de este destino no fue casual, sino una respuesta a la carencia de infraestructura en nuestra localidad. "Tandil no ofrece hogares para personas con discapacidad; solamente hay centros de día que atienden la discapacidad", explicó la mujer, subrayando que, si bien existen geriátricos locales, estos no cuentan con la especialización terapéutica necesaria para el desarrollo y la independencia de jóvenes con patologías específicas.

Falta de respuestas oficiales

La situación financiera descrita por la denunciante es asfixiante. Mientras que una pensión por discapacidad ronda los $220.000 mensuales, el costo de una prestación integral en un hogar especializado supera los tres millones de pesos. 

"Es imposible que una familia pueda cubrir lo que la obra social no paga", sentenció. La deuda de IOMA no solo afecta a su hermano, sino a otros doce concurrentes que se encuentran en la misma situación de vulnerabilidad, lo que representa una cifra millonaria que la institución prestadora debe absorber para no dejar a los jóvenes en la calle.

Ante la falta de soluciones por las vías administrativas tradicionales, Martínez decidió recurrir a la visibilización a través de las redes sociales, dirigiendo su reclamo directamente al gobernador Axel Kicillof. 

El video tuvo una repercusión inmediata, aunque la mujer lamentó que, junto al apoyo, también recibió mensajes con tintes políticos que desviaron el foco de la urgencia humanitaria. "Yo siempre peleé por los derechos de mucha gente. Me había tomado una pausa porque era saludable, pero ahora me tocó con Franco y la gente todavía no entiende que IOMA es una caja provincial a la que todos aportamos", manifestó.

En su relato, la tandilense fue crítica con la gestión de la obra social, calificándola como una "caja cautiva" donde los empleados públicos, judiciales y policías realizan sus aportes mensuales sin recibir la contraprestación correspondiente. 

Asimismo, se refirió a las gestiones políticas locales, mencionando que las soluciones propuestas hasta el momento por referentes como el entonces diputado nacional Rogelio Iparraguirre -actual concejal de Fuerza Patria- han funcionado apenas como "una curita arriba de la llaga", sin resolver el problema de fondo que es el financiamiento estructural de las prestaciones.

Acciones legales y el rol de la Defensoría del Pueblo

Lejos de quedarse en la queja virtual, Martínez inició acciones formales para resguardar la salud de su hermano. De esta manera, se presentó ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires para dejar constancia de todo lo que Franco pierde ante la falta de cobertura y el detalle de la deuda acumulada por IOMA. 

Según explicó, este es el paso previo necesario antes de avanzar hacia la justicia ordinaria.

La advertencia es clara: si en el plazo de una semana no existe una respuesta concreta o un plan de pagos por parte de la obra social, la familia, con el patrocinio de un abogado, radicará una denuncia penal por desacato contra el director de IOMA, Homero Giles.

"Tengo que exprimir todo lo que esté a mi alcance. Nos están matando de a poco un servicio que nos tiene que dar salud", afirmó, instando a otros afiliados que atraviesen situaciones similares a no tener miedo y realizar los descargos correspondientes ante los organismos de control.

Finalmente, Martínez destacó la calidad humana y profesional del personal del hogar Dharma, quienes a pesar de la falta de pago han mantenido a los residentes en la institución. 

"Tienen un corazón enorme y es muy difícil dejar a más de 30 personas en la calle de un día para el otro", concluyó, remarcando que su lucha busca evitar que su hermano pierda los avances logrados en su independencia y terapias tras más de diez años de tratamiento continuo.

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