El presidente de un frigorífico fue procesado bajo la acusación de volcar efluentes contaminantes al Río Salado, en la zona de la ciudad bonaerense de Azul. El juez federal Gabriel Di Giulio dictó la medida sin prisión preventiva y le trabó un embargo por 20 millones de pesos al directivo de la firma.

El procesamiento se determinó al considerar que el directivo violó el artículo 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, la cual establece penas de entre tres y diez años de prisión para quien, "utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general". El magistrado resolvió en sintonía con lo solicitado por el titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Azul, el fiscal Santiago Eyherabide, y los auxiliares fiscales María José Buglione y Lucas Moyano.

La causa tuvo su origen en una denuncia de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA), conducida por Ramiro González. La investigación preliminar permitió trazar una hipótesis sobre dos establecimientos que habrían vertido desechos al cauce. En el caso actual, la planta industrial de la firma Absolon S.A. se encuentra ubicada en la localidad de Roque Pérez, a dos kilómetros del río.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, las pruebas recolectadas fueron contundentes. “En todos los casos, las muestras evidenciaron la presencia de efluentes contaminantes o en concentraciones prohibidas por la normativa ambiental vigente, y las autoridades constataron infracciones de la normativa para la actividad y tratamiento de efluentes, configurando así un vertido contaminante en cuerpos receptores de agua superficial”, se indicó.

Las pericias indicaron que esta conducta se habría repetido en diversas ocasiones entre enero de 2023 y febrero de 2025, siendo verificada en cuatro instancias concretas de inspección. Al respecto, el magistrado destacó la intervención previa de la Autoridad del Agua como organismo de control provincial. “Dicho organismo determinó que el accionar de la firma Absolon S.A. ponía en peligro bienes jurídicamente tutelados, debiendo adoptar diferentes medidas administrativas para paliar sus efectos adversos; así dispuso clausuras preventivas, aplicó multas y ordenó adecuaciones estructurales en el establecimiento para el adecuado tratamiento de los efluentes, entre otros”, señalaron.

Los análisis de laboratorio confirmaron que las muestras compartían características de peligrosidad que afectan la salud y el medio ambiente. El juez Gabriel Di Giulio remarcó en su fallo: “La valoración de estas probanzas permite afirmar, con la provisoriedad propia de esta etapa, que el efluente contenía residuo calificado como peligroso por la normativa vigente”.

Finalmente, el personal del Departamento de Delitos Ambientales de la PFA constató que el destino final de los desechos era el Río Salado, un curso de agua vital para la ganadería, la agricultura y el ecosistema de numerosas localidades bonaerenses. El magistrado concluyó que “no basta que se afirme la ausencia de intención cuando a pesar de las reiteradas observaciones y medidas preventivas, la conducta fue continuada verificándose el volcado de efluentes sin debido tratamiento”.

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