Los integrantes de la Junta de Presidentes de Cámaras Federales de Apelación reclamaron la actualización del delito de contrabando menor y advirtieron por diversas inconsistencias detectadas en el Código Procesal Penal Federal. La postura fue adoptada tras un encuentro que reunió en Mar del Plata a los magistrados de todos los tribunales federales del país durante los días 12 y 13 de marzo.

El evento estuvo presidido por el titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, y contó con la participación de camaristas de las distintas jurisdicciones. Durante las dos jornadas, los magistrados analizaron el funcionamiento del sistema procesal y coincidieron en la necesidad de implementar reformas legislativas urgentes.

En primer término, la Junta instó a actualizar la condición de punibilidad para el delito de contrabando menor prevista en el Código Aduanero. Los jueces solicitaron revisar los montos que determinan la agravante de esta figura, al considerar que los parámetros actuales quedaron desfasados frente al contexto inflacionario que atraviesa la Argentina.

Asimismo, las autoridades judiciales advirtieron sobre una contradicción normativa dentro del código, específicamente una divergencia entre los artículos 347 y 223 in fine, respecto de los efectos que produce la impugnación en materia de medidas de coerción.

“La existencia de disposiciones contrapuestas en el régimen de impugnaciones genera incertidumbre y dificulta la labor de los tribunales federales”

En el comunicado difundido al finalizar el encuentro, los magistrados remarcaron que esa contradicción requiere una pronta armonización para evitar interpretaciones dispares. Por otro lado, señalaron una falta de claridad en el artículo 360 sobre el momento procesal para adherir a un recurso. Según indicaron, “la falta de precisión acerca del plazo para la adhesión a la impugnación afecta la transparencia y la uniformidad en las decisiones judiciales”.

Para mejorar la celeridad y eficacia, los titulares de los tribunales recomendaron ampliar la gestión de trámites y audiencias mediante herramientas tecnológicas y formatos digitales. Cabe recordar que este espacio institucional funciona como un ámbito de coordinación para identificar problemas y fortalecer el sistema de justicia penal en todo el territorio nacional.

Vacantes en el Poder Judicial

En paralelo al diagnóstico realizado por las cámaras, el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, anunció que el Gobierno avanzará con un proceso para cubrir unas 200 vacantes de jueces. El funcionario explicó que la medida forma parte de una revisión integral antes del envío de pliegos al Senado.

“Hay que cubrir el 37% de las vacantes que existen en el Poder Judicial”, sostuvo el ministro. Ante este panorama, la administración nacional evaluó enviar primero las listas de conjueces para cubrir de manera temporal los juzgados vacantes y garantizar el funcionamiento de los tribunales. Finalmente, respecto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que mantiene dos vacantes sin cubrir sobre un total de cinco integrantes, Mahiques afirmó que hoy no es una prioridad, ya que los esfuerzos se concentran en los juzgados inferiores.

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