Punta Mogotes: Provincia y Mar del Plata abrieron una mesa de diálogo y solicitan una prórroga judicial
El Gobierno bonaerense y el Municipio de General Pueyrredón sorprendieron a la Justicia al solicitar la suspensión de los plazos procesales para buscar una salida consensuada al conflicto por la administración del complejo.
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En una audiencia celebrada este martes ante el titular del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Mar del Plata, el Gobierno bonaerense y el Municipio de General Pueyrredón dieron un giro inesperado en la disputa por el dominio del Complejo Punta Mogotes. Ambas partes confirmaron la apertura de una mesa de diálogo para acercar posiciones y solicitaron formalmente una prórroga de los plazos judiciales, los cuales fueron suspendidos hasta el próximo 4 de agosto.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailEste encuentro, encabezado por el juez Simón Isacch, marcó un cambio de escenario frente a las semanas previas, caracterizadas por denuncias cruzadas y una marcada tensión institucional. Durante la audiencia, los representantes de la Provincia y de la Municipalidad, liderada por Agustín Neme, informaron que han iniciado negociaciones reservadas con el objetivo de alcanzar una salida consensuada al litigio.
La decisión del magistrado de hacer lugar al pedido conjunto implica la suspensión de los plazos procesales tanto para la demanda principal, que discute la titularidad del predio, como para la medida cautelar impulsada por el Municipio para dejar sin efecto las prórrogas otorgadas a los actuales concesionarios.
Detalles de la representación y el conflicto
En la audiencia estuvieron presentes por el Ejecutivo municipal el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, y la letrada Matilde Casado. Por el Gobierno bonaerense asistieron la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez; la subsecretaria Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Producción, Noelia Fernández; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el jefe de Gabinete de esa asesoría, Francisco Zannini; y los representantes provinciales en la Administración de Punta Mogotes, Fernando Maraude y Gonzalo Raventos.
El conflicto de fondo se centra en el reclamo municipal para reconocer el pago de una deuda histórica contraída durante la última dictadura militar, mediante un depósito superior a los 14 millones de pesos. La administración local sostiene que esta cancelación habilita la restitución plena del predio, actualmente gestionado en un 70% por la Provincia y un 30% por el Municipio.
La tensión escaló cuando el Gobierno bonaerense prorrogó las concesiones vigentes hasta el 30 de abril de 2027. El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, justificó la medida para garantizar el funcionamiento mientras se elaboran los pliegos de una futura licitación. Sin embargo, desde el oficialismo marplatense calificaron la extensión como una “maniobra para consolidar un escenario irreversible”.
Iniciativas legislativas y posturas políticas
Previo a este acercamiento, diversos sectores políticos buscaron frenar el plan del Ejecutivo provincial. El senador bonaerense e intendente en uso de licencia, Guillermo Montenegro, presentó un proyecto para que la Provincia acepte el pago de la deuda y avance con la devolución inmediata, denunciando que el Gobierno busca “condicionar el futuro de Punta Mogotes con decisiones tomadas desde La Plata para los próximos 20 años”.
En la misma línea, el titular del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Alejandro Rabinovich, y el jefe de la bancada UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, impulsaron una iniciativa para transferir la administración al municipio. El proyecto propone disolver la Administración de Punta Mogotes al considerar que la deuda “ya debería considerarse saldada”, instando a que sea el Municipio quien defina el proyecto urbano para el sector costero.
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