Amnistía Internacional denunció el “racismo estructural” en Perú

Acotó la institución que se cometieron posibles ejecuciones extrajudiciales, y que la Justicia peruana debe investigar ya si alguna autoridad ordenó o toleró los abusos.

En una fuerte exhortación a la presidenta Dina Boluarte al presentar un informe en Lima sobre sus investigaciones de la represión de las protestas que sacudieron a Perú de diciembre a febrero pasado, la organización internacional de derechos humanos dijo que el Estado peruano está impregnado de “racismo estructural” que guía sus acciones.

Amnistía Internacional dijo que la Fiscalía de Perú debe investigar a todas las personas, hasta el más alto nivel, que hayan ordenado o tolerado el uso ilegítimo de fuerza letal ejercido durante las protestas, que exigían la renuncia de Boluarte y dejaron 60 muertos, 49 como resultado directo de acciones violentas.

Castillo, un maestro rural y líder de izquierda asumido en 2021, fue destituido el 7 de diciembre por intentar disolver el Congreso, dominado por la derecha, para que no le hiciera juicio político. Está en una cárcel de Lima con prisión preventiva acusado de rebelión y corrupción, y en su lugar asumió Boluarte, que era su vicepresidenta.

Las manifestaciones en apoyo a Castillo sacudieron a Lima y a otras ciudades, sobre todo en zonas indígenas y desfavorecidas del sur de Perú.

El informe es el segundo en pocos días en condenar a Perú luego de otro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que acusó al Ejército y la Policía peruana de masacres, ejecuciones extrajudiciales, graves violaciones de los derechos humanos, así como un uso desproporcionado y letal de la fuerza durante las protestas.

Repercusiones

Boluarte rechazó esas denuncias del informe del organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que protege los derechos humanos, pero no se pronunció de inmediato sobre el de AI.

“El uso de armas de fuego letales contra manifestantes muestra un flagrante desprecio por la vida humana”, dijo el nuevo informe, presentado por la secretaria general de AI, Agnes Callamard, y publicado en su página web.

El informe se titula Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú, y analiza 52 casos de personas fallecidas o heridas durante protestas en las sureñas Andahuaylas, Chincheros, Ayacucho y Juliaca.

Estos casos incluyen 25 muertes, 20 de las cuales pueden constituir ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas estatales, dijo AI.

“A pesar de los esfuerzos del Gobierno por presentarlas como terroristas o delincuentes, las personas que murieron eran manifestantes, observadores y transeúntes”, dijo Callamard en el documento.

“Casi todas ellas pertenecían a entornos pobres, indígenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y socioeconómico en el uso de fuerza letal”, agregó.

Además, las similitudes en el uso de la fuerza contra manifestantes en distintas partes del país indican una posible estrategia ordenada o tolerada por altos cargos, según el informe.

En lugar de condenar el uso excesivo de la fuerza, las altas autoridades de Perú lo fomentaron alabando públicamente las acciones de las fuerzas de seguridad y describiendo a los manifestantes como “terroristas”. (Télam)