Amnistía pidió investigar “crímenes de lesa humanidad” en Venezuela

Ejecuciones extrajudiciales, muertes por uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y masivas son algunos de las prácticas detectadas por Amnistía Internacional reportadas en su informe “Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, presentado en Ciudad de México.

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Esos procedimientos “configurarían crímenes de lesa humanidad por formar parte de una estrategia de ataque sistemático y generalizado, en contra de personas consideradas disidentes”, ejecutada por “agentes estatales o terceros que contaron, como mínimo, con la aquiescencia o consentimiento” de funcionarios, dijo la organización con sede en Londres.

El informe se presenta en medio de una crisis política derivada de la pugna por el poder en la que están inmersos el presidente Nicolás Maduro y líder opositor Juan Guaidó, que el 23 de enero pronunció un discurso en el que se asumió como presidente interino.

Guaidó es reconocido como presidente interino por más de 50 países, encabezados por Estados Unidos.

 

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Al menos 47  muertos

 

El informe destaca las manifestaciones que ocurrieron justo del 21 al 25 de enero de 2019.

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Sólo en esos días, al menos 47 personas murieron en 12 de los 23 estados del país en el contexto de las protestas, “todas por heridas de bala”.

Y al menos 39 de esas personas “murieron a manos de las fuerzas de seguridad, o de terceros que actuaron con su consentimiento” durante las manifestaciones, prosiguió la organización de defensa de los derechos humanos.

En medio de las protestas de esos días, añadió AI, “más de 900 personas fueron detenidas arbitrariamente en todos los estados del país e incluyeron niños y adolescentes”.

Algunos de ellos “fueron torturados previamente a su muerte”, añade al señalar que “el cuerpo policial que llevó a cabo estas ejecuciones fue la Policía Nacional Bolivariana (PNB), fundamentalmente a través de sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)”.

En el informe, recomienda a la CPI ampliar el examen preliminar que lleva a cabo desde 2018 incorporando el pico de represión de enero con el fin de “determinar la responsabilidad penal internacional de las autoridades al más alto nivel”. AFP-NA

 

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Parlamento bloqueado

 

Militares y policías bloquearon ayer a la opositora Asamblea Nacional cuando se disponía a repudiar una arremetida oficialista contra sus legisladores, tensando aún más la crisis venezolana que, según Amnistía Internacional, ha degenerado en “crímenes de lesa humanidad” contra disidentes.

La sede del Parlamento, único poder en manos de la oposición, amaneció tomada por la Guardia Nacional, policías y agentes del servicio de inteligencia (SEBIN), que impidieron la entrada de los diputados para sesionar.

Los congresistas tenían previsto debatir el procesamiento de diez diputados que apoyaron la fallida sublevación militar del 30 de abril contra el mandatario Nicolás Maduro, en plena pugna por el poder con el opositor Juan Guaidó.

“Intentan secuestrar el Poder Legislativo mientras el dictador se atrinchera solo, en un Palacio en el que no debe estar, sospechando de todos a su alrededor”, tuiteó Guaidó, jefe parlamentario reconocido como presidente interino por más de medio centenar de países.

“Con la excusa de que hay un artefacto explosivo dentro de las instalaciones, hicieron una toma del Palacio Federal”, declaró a la AFP la diputada Manuela Bolívar.

La congresista denunció “una política para debilitar la Asamblea”, ente que en la práctica fue anulado por una decisión judicial y sustituido en sus funciones por la oficialista Asamblea Constituyente.

 

 

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Diputados acusados

 

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) imputó a cuatro diputados opositores por un fallido alzamiento militar contra el presidente Nicolás Maduro, con lo que suman 14 los legisladores vinculados a la causa, anunció la corte.

La Sala Plena del TSJ determinó que los hechos investigados “comprometen la responsabilidad” de los parlamentarios Carlos Paparoni, Miguel Pizarro, Franco Casella y Winston Flores, señaló en un comunicado el ente de línea oficialista.

Previamente, el TSJ ordenó enjuiciar penalmente a diez congresistas de la oposición por los hechos del pasado de 30 de abril, cuando un reducido grupo de militares, liderados por el jefe parlamentario Juan Guaidó, se sublevó contra Maduro.

Entre esos diputados figura el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, quien fue detenido el miércoles pasado. Tres colegas suyos se refugiaron en las residencias de los embajadores de Italia y Argentina, mientras uno más huyó a Colombia.

Hasta el momento, por instrucción del TSJ, la oficialista Asamblea Constituyente despojó de su inmunidad a siete de esos legisladores.

Ese órgano, que rige con poderes absolutos, sesionará este martes y se espera que proceda de igual manera con el resto de inculpados, con lo que su suerte quedará en manos de la Fiscalía.

En su decisión de este martes, el TSJ señaló que los acusados incurrieron de manera “flagrante” en delitos como “traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil y concierto para delinquir”, por lo que no procede un juicio político. AFP-NA.