En ese año, al menos 38 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas durante las protestas que estallaron tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales, un hecho que siguió a unas elecciones generales muy controvertidas, en las que se alegó un fraude en su reelección.

“A seis años de los trágicos acontecimientos que enlutaron a nuestra nación, observamos con profunda preocupación que la justicia para las víctimas de 2019 sigue siendo una deuda pendiente. El dolor de los padres, madres, hermanos e hijos que continúan llorando a sus seres queridos es una carga que exige una respuesta”, escribió Luis Arce en su cuenta de la red social X.

El jefe de Estado calificó como “incomprensible e indignante” que crímenes de lesa humanidad, reconocidos como masacres por organismos internacionales, aún no tengan un tratamiento judicial adecuado.

Las declaraciones de Arce se dan luego de que el martes un juez ordenó la libertad pura y simple de Marco Antonio Pumari, exlíder cívico de Potosí, detenido desde noviembre de 2023 en la cárcel de Cantumarca, mientras el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, procesado en el caso conocido como “Golpe de Estado I”, fue favorecido con detención domiciliaria.

Ambos son investigados por su presunta participación en los hechos que derivaron en la toma del poder por parte de Jeanine Áñez.

“Con absoluto respeto a la independencia de poderes, hacemos un llamado a los operadores de justicia para que su labor se guíe por la verdad y la objetividad, priorizando siempre la dignidad de las víctimas”, señaló Arce. NA

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