Brasil dispuso el bloqueo de comunicaciones de organizaciones criminales desde las cárceles
El Gobierno de Brasil creó un programa nacional para bloquear el uso ilegal de teléfonos móviles y otros dispositivos de telecomunicaciones en las cárceles, para reforzar la seguridad pública.
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El Programa Nacional de Neutralización de Comunicaciones Ilícitas en Establecimientos Penales -puesto en marcha a través de un decreto- establece mecanismos de cooperación entre el Gobierno federal, los estados y el Distrito Federal, con la participación de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), para identificar los dispositivos utilizados ilegalmente y agilizar el bloqueo de sus comunicaciones.
La medida incluye la creación del Registro Nacional de Perímetros de Seguridad Penitenciaria, una base de datos georreferenciada que reunirá información sobre las cárceles y sus áreas circundantes.
El registro será bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y se integrará al Sistema Nacional de Información Penitenciaria (Sisdepen).
El decreto también regula el uso de inhibidores de señales de radiocomunicación en los establecimientos penitenciarios, que podrán ser utilizados por las administraciones participantes en el programa conforme a las condiciones establecidas en la normativa.
Uno de los principales instrumentos será una plataforma digital que permitirá a las autoridades penitenciarias remitir información técnica sobre los teléfonos identificados, incluido el código internacional de identificación del equipo, conocido como IMEI.
El Ministerio de Justicia dispone de un plazo de hasta 180 días para habilitar esta herramienta que permitirá solicitar el bloqueo administrativo de teléfonos identificados en uso irregular dentro de las cárceles sin que sea imprescindible incautar esencialmente los aparatos ni obtener una autorización judicial específica para cada procedimiento, de acuerdo con la información divulgada por las autoridades federales.
La iniciativa busca hacer más rápida la respuesta frente a las comunicaciones clandestinas y mejorar la coordinación entre los responsables de la seguridad penitenciaria y los organismos encargados de las telecomunicaciones. NA
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