Con demandas, Estados Unidos reactualizó la tensión con Cuba

Estados Unidos comenzó a permitir que sus ciudadanos demanden a empresas multinacionales que operan en terrenos o inmuebles expropiados después de la Revolución cubana, una norma que desató la ira de Cuba, la preocupación de la Unión Europea (UE) y ya tiene una primera acusada formal: la compañía de cruceros Carnival.

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La norma no es nueva, pero a lo largo de varios gobiernos estadounidenses se había mantenido desactivada para no entrar en conflicto con gobiernos aliados -en algunos momentos- y para no empeorar la relación con Cuba -en épocas más recientes.

La habilitación para demandar judicialmente a empresas extranjeras por utilización de terrenos o inmuebles expropiados en Cuba está incluida en el Título III de la ley Helms-Burton de 1996.

Sin embargo, todos los presidentes estadounidenses desde Bill Clinton, el mandatario en funciones cuando la norma fue aprobada en el Congreso, habían mantenido desactivado el Título III.

Fue Trump quien decidió cambiar esta política de Estado como parte de su decisión de frenar el acercamiento a La Habana que había inaugurado su antecesor, Barack Obama, en su último mandato.

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La primera denuncia ante la Justicia estadounidense la hicieron Javier García Bengoechea -quien dice ser el legítimo propietario del puerto de Santiago de Cuba- y Mickael Behn -cuya familia originaria de Kentucky poseía la compañía Havana Docks Corporation en el puerto habanero hasta la Revolución en 1959- contra la empresa de cruceros Carnival, con sede en Florida.

La denuncia, asentada en los tribunales federales de Miami, es por el uso actual de la infraestructura portuaria en Cuba, según la agencia de noticias EFE.

Como Carnival, muchas transnacionales podrían ser objeto de futuras demandas.

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Por ejemplo, cadenas hoteleras europeas, canadienses, japonesas, rusas y chinas; aerolíneas, como Lufthansa y Air France, y grandes corporaciones como la suiza Nestlé, la china Huawei y la japonesa Mitsubishi.

 

Repercusiones

 

Por eso, el giro dado por la Casa Blanca preocupa tanto a la UE como a Cuba, cuya economía depende en gran medida de la presencia y crecimiento de estas empresas multinacionales.

“Mentiras y calumnias que constituyen ofensas contra el pueblo cubano, ofenden también y amenazan la soberanía de los pueblos. A esa perversa práctica acude el imperio para justificar su descalabro en Venezuela. No más mentiras y amenazas. Nuestros pueblos no se rinden”, denunció el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por Twitter ni bien entró en vigencia el título III de la Ley Helms-Burton.

Otro dirigente que reaccionó de inmediato fue el presidente del Tribunal Supremo Popula, Rubén Remigio Ferro.

“El mundo deberá definirse si se rebela contra esta norma extraterritorial, violatoria del Derecho Internacional, o si se deja avasallar por los designios del imperio”, aseguró.

Desde Bruselas, la máxima responsable de la política exterior de la UE, Federica Mogherini, también dejó en claro que rechaza el giro legal estadounidense. (Télam)