Nombrado en 2022 a propuesta del Gobierno de izquierda, Álvaro García Ortiz se sentó en el banquillo en el Tribunal Supremo a principios de noviembre, acusado de haber filtrado información del novio de una figura de la oposición de derecha sospechoso de fraude fiscal.

García Ortiz, que siempre negó ser el responsable de la filtración, también fue condenado a indemnizar con diez mil euros al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reportó el sitio RFI.

La condena supone un duro golpe para Sánchez y su Ejecutivo, que siempre defendieron la inocencia del fiscal general.

Además, el dirigente socialista está debilitado por otras causas judiciales, como las que afectan a su esposa, su hermano menor y varios excolaboradores cercanos suyos.

“El Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos”, reaccionó el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

“El Gobierno siempre ha creído y ha defendido la inocencia del fiscal general”, aseveró, anunciando que en los próximos días se iniciará el proceso para nombrar al sucesor de García Ortiz.

La presidenta madrileña fustigó en X al Gobierno, afirmando que “no se concibe en una democracia libre utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo (…) Hoy el mundo sabe lo que está pasando en España”.

“Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado ha sido condenado en el cargo”, lamentó en X Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular (PP, derecha), quien exigió a Sánchez pedir “perdón a los españoles” y mostrar “su respeto al Tribunal Supremo”. NA

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