Detuvieron al gobernador aimara de la región peruana de Puno

La Policía Nacional del Perú detuvo el domingo al gobernador de la región de Puno, Walter Aduviri, que desde hacía once días permanecía en la clandestinidad tras ser condenado a seis años de prisión por su participación en disturbios acontecidos en 2011 en esa región contra un proyecto minero.

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Aduviri, a quien en Perú se lo compara con el presidente boliviano, Evo Morales, por ser un líder indígena aimara y tener ideología izquierdista, fue capturado en un hotel de Lima y después trasladado a dependencias policiales, informó el Ministerio del Interior en redes sociales.

En las próximas horas será puesto a disposición del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) para que determine en qué prisión será recluido, recogieron medios locales y la agencia de noticias EFE.

A pesar de estar en paradero desconocido, el gobernador de Puno, región en la frontera de Perú con Bolivia, había ofrecido distintas entrevistas a medios de comunicación tanto locales como internacionales donde consideró que había sido condenado sin prueba alguna.

El político de 39 años aseguró que nadie puede demostrar que él haya ordenado a otras personas cometer delitos mientras era uno de los líderes del denominado “Aymarazo”.

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Indemnización

 

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En esos disturbios miles de aimaras bloquearon la ciudad Puno, ubicada a orillas del lago Titicaca, para protestar contra el proyecto minero de plata Santa Ana, a cargo de la empresa canadiense Bear Creek, y los decretos emitidos en el segundo gobierno del fallecido expresidente Alan García (2006-2011) para que la compañía pudiese operar en la zona.

La sentencia que lo condena como coautor del delito contra la tranquilidad pública fue emitida por el Juzgado Penal Colegiado de Puno y también le ordena pagar una indemnización en favor del Estado de dos millones de soles, unos 600 mil dólares.

Aduviri fue condenado por segunda vez por los mismos hechos después de que la anterior condena, que contemplaba siete años de prisión, fuese anulada el año pasado por la Corte Suprema de Justicia, que ordenó repetir el proceso judicial.

La anulación de la condena llegó dos días antes de las elecciones regionales que se celebraron el 7 de octubre de 2018, en las que ganó en la primera vuelta al obtener el 43 por ciento de los votos a pesar de haber permanecido casi toda la campaña electoral en la clandestinidad. (Télam)