Diálogo suspendido, a un año del estallido social en Nicaragua

A un año del estallido social que dejó cientos de muertos, heridos y detenidos en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega sigue bajo la presión de los organismos internacionales que lo denuncian por la violencia de la represión y las dificultades para lograr una salida a la crisis en las intermitentes rondas de diálogo político.

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La oposición convocó a movilizaciones en distintos puntos del país con motivo de la efemérides y mantuvo su llamado a pesar de las advertencias de la Policía Nacional en el sentido de que estas marchas no fueron autorizadas.

Desde aquel 18 de abril en el que estalló la crisis, y en las jornadas siguientes, 325 personas murieron según un recuento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Otras organizaciones locales elevan la cifra de víctimas mortales hasta 568 y el Gobierno reconoce 199.

La oposición asegura que en las cárceles hay unos 800 detenidos a los que considera “presos políticos”, mientras las autoridades difunden cifras menores de apresados a los que califica de golpistas o delincuentes.

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La liberación de esas personas es una de las reclamaciones centrales de la oposición en la mesa de diálogo que abrió el gobierno y que se desarrolla con intermitencias, suspensiones y levantamiento de sesiones, en medio de acusaciones mutuas sobre la falta de cumplimiento de los compromisos sellados o falta de seriedad de las partes.

En la víspera del primer año del comienzo de la crisis, el llamado diálogo político estaba interrumpido.

“Durante el último año, el Gobierno del presidente Ortega ha reprimido brutal y reiteradamente a todas las personas que se han atrevido a plantar cara a su administración, esto tiene que cesar”, dijo esta semana la directora de Amnistía Internacional (AI) para las Américas, Erika Guevara Rosas.

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Desde la ONU, la OEA y otras organizaciones internacionales de peso persisten las exigencias a Ortega para que libere a todos los “presos políticos”, reclamaciones a las que el gobierno conformó hasta ahora en una mínima parte.

También Estados Unidos aplicó sanciones de distinto tipo al gobierno de Nicaragua.

 

Emplazamiento

 

A principios de mes, el mayor grupo de familiares de detenidos políticos en Nicaragua emplazó a Ortega a liberar a todas las personas apresadas por protestar contra el gobierno antes del próximo viernes, bajo amenaza de organizar manifestaciones contra las autoridades por tiempo indefinido.

La crisis estalló cuando Ortega impuso una reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que incluyó un aumento de los aportes por parte de los empleadores y de los trabajadores.

Una manifestación de rechazo a la reforma organizada por el Frente Amplio de la Democracia chocó el 18 de abril contra de la Juventud Sandinista en la ciudad de León, donde se reportaron disturbios que durante días se repitieron en otras ciudades o barrios de Managua, con represión policial y epicentro en las universidades.

El número de muertos comenzó a subir día a día, las manifestaciones se extendieron a todo el país y crecieron las exigencias para que Ortega presente su renuncia.

La reforma fue rápidamente revocada por el presidente de Nicaragua pero la violencia no cesó y la represión no fue detenida.

En septiembre, después de meses de violencia, Ortega expulsó del país una misión de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), la cual denunció el “alto grado de represión” de las protestas contra el Gobierno, y en diciembre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (Télam)