El gobierno de EEUU pide inmunidad para Delcy Rodríguez en una demanda por torturas

La administración de Donald Trump solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que garantice la inmunidad judicial de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco de una demanda civil abierta en su contra en el estado de Florida. La petición fue formalizada por el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, a través de una carta enviada el 11 de julio al fiscal general adjunto, Brett Shumate.

En el documento, el Departamento de Estado recuerda que, desde el 5 de marzo, el gobierno estadounidense reconoce oficialmente a Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela, tras asumir el poder de forma interina luego de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

“La presidenta Rodríguez, como jefa de Estado en funciones de un Estado extranjero, goza de inmunidad mientras permanezca en el cargo frente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en este caso”, sostiene la administración de Trump.

La demanda civil, presentada ante un tribunal del Distrito Sur de Florida, en Miami, vincula a la funcionaria con presuntos secuestros, torturas y actos terroristas. El 15 de julio, el juez Darrin Gayles dictó una indemnización de 314 millones de dólares en este expediente, aunque excluyó a Delcy Rodríguez del fallo, el cual sí afecta a Maduro y a otros dirigentes chavistas como Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Alex Saab y Tarek William Saab.

El gobierno estadounidense argumentó ante la fiscalía la especial importancia de desestimar el caso contra Rodríguez debido a las significativas implicaciones de política exterior que conllevaría una resolución contraria. La carta revela, además, que la Embajada de Venezuela en Estados Unidos solicitó formalmente la certificación de dicha inmunidad.

Los demandantes, entre los que se encuentran Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, acusan a los líderes chavistas de violar la Ley Federal Antiterrorismo, la Ley Antiterrorismo de Florida y la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado. El fallo judicial señaló que Maduro ha utilizado históricamente el secuestro y la detención arbitraria de ciudadanos estadounidenses con fines de intercambio de prisioneros.

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