El presidente de Bolivia promulgó la ley para cesar al fiscal general

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó una reforma de la Ley del Ministerio Público que establece nuevas causales para la suspensión definitiva del fiscal general del Estado y habilita a la Asamblea Legislativa a designar una autoridad interina.

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“Hoy día, el Parlamento decidió; decidió sobre una verdad y una verdad que Bolivia vio y que necesitaba de la decisión de sus instituciones”, afirmó Paz durante el acto de promulgación. La Ley 1773 modifica el artículo 25 de la Ley 260 del Ministerio Público y establece un mecanismo para interrumpir de inmediato el ejercicio de la autoridad máxima de la Fiscalía cuando se configuren las condiciones previstas en la nueva disposición.

Entre ellas figura la imputación formal o la imposición de una medida cautelar personal por delitos graves.

La reforma establece que la suspensión definitiva implica la interrupción inmediata y el cese de funciones del fiscal general, mientras que la Asamblea Legislativa podrá designar un interino para garantizar la continuidad del Ministerio Público durante el proceso de selección y designación del nuevo titular.

La promulgación se produce en medio de la investigación penal contra el fiscal general, Roger Mariaca, quien permanece detenido y enfrenta una imputación por presunto tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

La Fiscalía también imputó al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; al fiscal superior Martín Irusta, y al alcalde de la Policía Rubén Aparicio. La Fiscalía solicitó seis meses de detención preventiva para Mariaca, Zeballos, Irusta y Aparicio, con cumplimiento en centros penitenciarios de La Paz.

Ayuda del FMI

En tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el viernes un acuerdo de financiamiento por 1.900 millones de dólares para Bolivia y autorizó un primer desembolso inmediato de 214 millones, en una decisión que abre una nueva etapa para el programa de estabilización económica impulsado por el Gobierno, informó este viernes el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia.

El acuerdo, bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF), tendrá una duración de 36 meses y contempla desembolsos graduales sujetos al cumplimiento de los compromisos establecidos en el programa.

El Gobierno boliviano prevé destinar los recursos principalmente al fortalecimiento de las reservas internacionales y al respaldo de la balanza de pagos.

La decisión del Directorio Ejecutivo del FMI convierte en financiamiento efectivo el acuerdo alcanzado previamente a nivel técnico y proporciona al Gobierno un nuevo margen para afrontar las restricciones externas y avanzar en su programa de reformas económicas. NA

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El Eco de Tandil

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