“Estados Unidos está listo para trabajar en estrecha colaboración con Honduras para realizar las reformas necesarias para mantener las luces encendidas y promover la seguridad energética para el pueblo de Honduras”, dijo el subsecretario de Estado para Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, José W. Fernández, en su cuenta de Twitter.“Tomarse el tiempo para resolver este complicado sector generará enormes dividendos económicos a corto plazo”, afirmó.Poco después de las declaraciones del funcionario estadounidense, el canciller Honduras, Enrique Reina, le respondió en la misma red social.“El Gobierno de la Presidenta @XiomaraCastroZ seguirá trabajando con los EEUU y encontraremos los puntos de coincidencia para restaurar el Estado Derecho y la seguridad jurídica perdida en los últimos años”, aseguró.El ministro de Relacione Exteriores criticó el martes las declaraciones de la embajadora estadounidense en Honduras, Laura Dogu, sobre el proyecto de reforma energética.Dogu, que asumió el 12 de abril al reanudarse plenamente las relaciones diplomáticas entre Washington y Tegucigalpa, a nivel de encargado de negocios desde 2007, señaló preocupación por el “efecto” de la propuesta de reforma “sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora de energía”.“Sra. Embajadora Ud. ha sido recibida con los brazos abiertos. La reforma energética es urgente como Estado, combate una situación heredada de corrupción y pobreza. Nos preocupa su desacertada opinión sobre política interna, la que no contribuye a las buenas relaciones con EE. UU.”, reaccionó poco después Reina.El proyecto para una reforma estructural del sector de la energía eléctrica, enviado hace dos días por el gobierno de Castro al Congreso, busca garantizar el servicio como un “bien público de seguridad nacional” y un “derecho humano de naturaleza económica y social”.La iniciativa supone revisar los contratos con las generadoras de energía para rebajar el precio del kilovatio/hora. Y en caso de desacuerdo, autoriza a "plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado" pagando el "justiprecio" de las plantas. (Télam)