La oposición chilena oficializó el juicio político contra Piñera

Los legisladores presentaron y firmaron ayer el texto acusatorio en la Cámara de Diputados y mostraron su confianza en que la iniciativa pueda ser tratada y votada en la primera semana de noviembre.

Para ser aprobada en Diputados, la acusación debe tener 78 votos a favor sobre 155, es decir, la mitad más uno del cuerpo, lo que augura un éxito seguro en esa instancia.

Sin embargo, una vez cumplida esa meta pasará al Senado, donde sólo podrá ser convalidada si reúne al menos dos tercios de los votos (29 de 43 legisladores), cifra que no se alcanzará sólo con los votos de la oposición.

Si bien el oficialismo aparece fragmentado e inmerso en la campaña con vistas a las elecciones presidenciales del 21 de noviembre próximo, sus principales figuras han cerrado filas en defensa del mandatario, con lo cual es improbable que la acusación llegue a buen puerto.

De hecho, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, afirmó que la acusación constitucional es “un golpe de Estado blanco que daña la institucionalidad” y les adjudicó a los legisladores opositores intencionalidad electoral tras la denuncia.

El abogado constitucionalista Javier Couso evaluó en diálogo con Télam que esta circunstancia no es desconocida para la oposición, lo cual indica que la finalidad de la presentación es propinarle al mandatario un impacto político, en medio de la situación por demás frágil por la que atraviesa.

Piñera decretó el martes un Estado de Excepción Constitucional por Emergencia durante 15 días, con la participación de las Fuerzas Armadas, ante la “grave alteración del orden público”, como definió a las protestas de comuneros mapuches en las provincias de Biobío y Arauco, de la Región del Biobío; y en las provincias de Malleco y Cautín, en la región de La Araucanía, medida que ocasionó un fuerte rechazo de las autoridades de las zonas mencionadas y de líderes opositores.

Todo ello, a pocas horas de una marcha de pueblos originarios celebrada el domingo último en Santiago en la que una activista de derechos humanos murió a causa del impacto de un proyectil, sin que se sepa aún con certeza si fue víctima de las fuerzas de seguridad o si -como afirma la policía- fue alcanzada por fuegos artificiales lanzados por manifestantes.

En paralelo, el viernes pasado la justicia aceptó la apertura de un proceso de investigación penal contra Piñera sobre negocios en paraísos fiscales.

El texto acusatorio propone iniciar un juicio político contra el mandatario “por los actos de su administración que comprometieron gravemente el honor a la nación y por haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes”. (Télam)