La vicepresidenta de Perú dijo que hay un plan desestabilizador
Algunos sectores con presencia en el Congreso de Perú pretenden inhabilitar o destituir al presidente Pedro Castillo y a la vice Dina Boluarte, denunció la propia número dos del país, que rechazó además haber cometido irregularidades.
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“Algunos sectores políticos pretenden primero inhabilitar a la vicepresidenta para luego intentar nuevamente la vacancia o quizá inhabilitación y suspensión del presidente”, aseguró Boluarte ante una comisión del legislativo.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailBoluarte se presentó ante la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que debe decidir esta semana si procede acusarla de presuntas irregularidades administrativas, con riesgo de una inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos.
Una eventual sanción contra ella pondría al jefe del Congreso, el opositor José Williams (Avanza País), en la línea de sucesión de Castillo, quien logró sortear dos mociones de destitución en el Parlamento en sus 15 meses en el poder.
Pero, a la vez, se espera que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presente pronto una denuncia constitucional contra Castillo, que podría derivar en su suspensión.
El Congreso de Perú es dominado por la derecha opositora y está enfrentado al gobierno de Castillo desde que inició funciones, en julio de 2021.
Boluarte fue denunciada ante el Congreso por la Contraloría por ejercer un cargo en una entidad privada al mismo tiempo que era funcionaria, algo que la ley peruana prohíbe.
La Contraloría asegura que Boluarte firmó documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac –integrado por apurimeños que residen en Lima- cuando ya formaba parte del gobierno.
La vice admite que firmó los documentos, pero alega una serie de razones burocráticas para ello.
El diario La República publicó que es inminente que la fiscal Benavides acuse a Castillo, aunque la protección que establece la Constitución para el presidente complica las expectativas de quienes pretenden sacarlo del Palacio de Pizarro.
El artículo 117 dice que el jefe del Estado solo puede ser acusado, durante su mandato, por traición a la patria; impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; disolver el Congreso sin estar facultado; y por impedir su funcionamiento o los de los organismos del sistema electoral. (Télam)