Los guatemaltecos buscan salir de la corrupción y la violencia

Más de ocho millones de guatemaltecos votarán el domingo en las elecciones generales con la esperanza de salir del marasmo de la corrupción, la violencia y la galopante pobreza que impulsan la masiva emigración hacia Estados Unidos.

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El combate contra la pobreza y la violencia criminal dominan la oferta de los 19 candidatos que buscan suceder al presidente Jimmy Morales, un excomediante de televisión que ganó en 2015 tras la renuncia del expresidente Otto Pérez cuatro meses antes de culminar su mandato por cargos de corrupción y en medio de masivas protestas.

Morales concluye su mandato de cuatro años con la popularidad por los suelos y con el pedido de la fiscalía de investigarlo por corrupción.

Ninguno de los candidatos aparece en las encuestas con posibilidades de ganar en la primera vuelta, por lo que se augura un balotaje en agosto.

La favorita es la socialdemócrata Sandra Torres, exesposa del expresidente Álvaro Colom (2008-2012), de quien se divorció en 2011 para poder postularse a la primera magistratura.

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Le sigue el derechista Alejandro Giammattei, quien se postula por cuarta vez, aunque algunas proyecciones ubican a Roberto Arzú, hijo del fallecido expresidente Álvaro Arzú (1996-2000), como un posible segundo lugar en su primera incursión para alcanzar la presidencia.

En Guatemala está prohibida la reelección presidencial.

El proceso electoral estuvo marcado por la exclusión de la exfiscal general Thelma Aldana, una de las favoritas y abanderada de la lucha contra la corrupción, que fue marginada del proceso por decisiones judiciales ante denuncias de irregularidades en su contra cuando era jefa del Ministerio Público (2014-2018).

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La justicia dejó asimismo fuera de la contienda a Zury Ríos, hija del fallecido exdictador Efraín Ríos Montt, por una disposición constitucional que impide la postulación de familiares directos de personas que hayan participado en golpes de estado.

 

Corrupción

 

Enfrentada a amenazas de muerte, Thelma Aldana se asiló primero en El Salvador y luego en Estados Unidos, donde permanece.

Morales es investigado por la fiscalía por financiamiento ilegal en la campaña electoral de 2015 que lo llevó al poder, y un hijo y hermano suyo también enfrentan investigaciones.

En 2015 los guatemaltecos vieron una esperanza de atacar la corrupción tras el arresto del presidente Otto Pérez por casos impulsados por la exfiscal Aldana y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU.

Pero esas esperanzas se ven menguadas pues la Cicig terminará sus funciones en setiembre debido a que Morales incumplió la promesa de ampliar su misión hasta 2021 luego de que el ente internacional y la fiscalía solicitaran investigarlo por el financiamiento ilegal de su campaña.

Y en ese marco de corrupción endémica, un 59  por ciento de los 17,7 millones de guatemaltecos vive en la pobreza, pese a que Guatemala cerró 2018 con un crecimiento de 3,1 por ciento y espera crecer 3,4 este año, según el Ministerio de Finanzas, que ubica en más 75 mil millones de dólares el PIB del país. AFP-NA