El veto, que ahora se analizará en el Congreso, fue firmado al final de la ceremonia en defensa de la democracia realizada en el Palacio de Planalto, en conmemoración del asalto a la sede de los Tres Poderes, ocurrido el 8 de enero de 2023, hace exactamente tres años.

Luego de la firma, el presidente Lula da Silva, acompañado por la primera dama, Rosangela “Janja” da Silva, y altas autoridades brasileñas, descendieron la rampa de acceso al palacio presidencial para reunirse con manifestantes que se aglomeraron en la Explanada de los Ministerios.

La norma vetada proponía la adopción del concurso formal, es decir, considerar únicamente la pena del delito más grave y añadir una fracción, que puede variar de la sexta parte hasta la mitad del tiempo de la pena.

Los delitos cometidos sin violencia contra la persona, ni grave amenaza, y que no fueran considerados horribles, serían sometidos a la regla general de cumplimiento del 16 por ciento de la pena, o 20 por ciento en caso de reincidencia, para progresar del régimen cerrado al semiabierto.

Más de 800 personas fueron condenadas entre ejecutores, incitadores y organizadores, tanto de la tentativa de golpe de Estado a multas de 2022, como del ataque a los Tres Poderes en enero de 2023.

Entre los condenados figuraban el expresidente Jair Bolsonaro, los militares Almir Garnier, excomandante de la Marina; Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa; Walter Braga Netto, exministro de la Casa Civil; y Augusto Heleno, exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI). NA

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